Vivimos unos últimos tiempos en los que, por unas u otras razones, nos hemos acostumbrado a ver tomadas las avenidas y calles de nuestras ciudades, especialmente las más grandes y populosas, por un numeroso contingente de ciudadanos que expresa su agria disconformidad con la política desplegada por sus gobernantes nacionales y autonómicos. Si recordamos, retrotrayéndonos en el tiempo, las primeras y optimistas marchas ciudadanas en la práctica totalidad de ciudades españolas a favor de la democracia, la libertad, y la reivindicación autonómica para nuestros futuros territorios; aquellos inolvidables y ejemplares años de la “Transición”. La vida política no se puede comprender, por lo que se ve, sin la presencia de cierto gentío en las calles. Y es que, nos guste o no, la parte más sustancial de la España constitucional, se construye desde el ejercicio de la democracia representativa, pero todavía pervive la herencia arraigada a favor de una acción directa e inmediata: la calle.

El termómetro que le dice al político que algo no funciona bien, es la calle. El concepto más importante que debe asumir la política es la calle. Es en la voz libre de los ciudadanos, con sus emociones, exigencias y harturas expresadas en colectivo, quienes muestran a la política su decisión libre y sin jerarquías. Es el resumen de lo que siente un país y, eso, tiene que leerse y traducirse. Se reflexiona con la razón y con la emoción se clama. Y esa es la tarea de las instituciones: traducir una emoción colectiva en soluciones. Que la política aprenda de la calle. Me viene a la memoria una película antigua de una escena cumbre en la que Winston Churchill baja al metro por primera vez en su vida, para preguntar a los viajeros si estaban dispuestos a combatir o querían un acuerdo de paz con Hitler. Después manifestó: “Ningún político puede conocer de verdad la realidad de la calle, si no usa el transporte público”.

Si los máximos dirigentes de los distintos partidos fueran usuarios del transporte público, igual ahora no lucirían ese gesto de estupor, perplejidad y susto ante el ruido de la calle, por ejemplo de los pensionistas, o de las carencias de la atención primaria. Y es que el Gobierno,–incluso los autonómicos– temiendo que el descontento pase a mayores, improvisa medidas y ocurrencias, sin poder explicarse a qué viene la protesta o si la recuperación se puede palpar en las estadísticas oficiales.  Ahí está el error. Un error de concepto. Un error de análisis, el fallo de confundir los gráficos macroeconómicos con la vida microeconómica de los españoles. La profunda y sostenida equivocación de considerar que la precariedad, la pobreza, la desigualdad y los sueldos miserables son mentiras del populismo. Los jóvenes (los que tengan trabajo) que cobran una miseria, los mayores de 45 años que no encuentran trabajo, las colas del hambre, o los del vagón de cola de la crisis no son invenciones de las malvadas ONGs. Son realidades que viajan en transporte público. Bajar al metro o ir en autobús, es conveniente para entender que el padecimiento social sigue ahí. Y quizá, también ayudaría a unos cuantos cerebros de esos que mandan –todos ellos listísimos—a no confundir la empatía con un fondo de inversión.

“La calle es mía” es una de esas frases rotundas atribuidas a Manuel Fraga en su época de ministro de la Gobernación de Arias Navarro en el primer gobierno de la monarquía tras la muerte de Franco. Pero la calle no es de nadie, ni da ni tiene derechos políticos. Tampoco la llamada “plaza roja” de Vallecas es un dominio reservado de Podemos, como pretendía Pablo Iglesias, ni las calles de Barcelona son de los CDR “apretados” por Torra, ni las calles de Rentería son de la jauría humana que quiso impedir un mitin de Maite Pagazaurtundúa; y tampoco los jueces son del PP, como parece empezar a reconocer Casado. La política debe procurar la solución de los problemas y de los conflictos sociales, no crearlos. Y algo no funciona cuando los datos muestran que estamos en el mayor nivel de polarización ideológica de los partidos políticos desde la transición. Llevar esto a las calles no debería ser la función de los representantes públicos.

Esto debería servir para recordar que la calle es para la ciudadanía y que las instituciones son para los políticos. De otra forma, los representantes públicos, acaban copando también los espacios e instrumentos con los que cuenta el ciudadano para controlar la actividad de aquellos. La reivindicación de mayor permeabilidad democrática supone más canales de participación del ciudadano en la política, y no a la inversa.   Todo político debería retirarse de su puesto, si un día se da cuenta que desconoce el precio del metro, del autobús, de un kilo de arroz, o de la moneda mínima que hay que introducir para poder estacionar en la calzada. Es el síntoma del distanciamiento entre el elegido y el elector. Es, en suma, la distancia cada vez más insalvable entre el político y el ciudadano.

Miguel F. Canser

www.cansermiguel.blogspot.com

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