La batalla legal que iniciamos desde Rivas en defensa de los derechos de la gente frente a los abusos bancarios continúa. Una vez más, la justicia española ha protagonizado un nuevo rescate a la banca. Esta vez, por parte del Tribunal Constitucional, que ha mirado para otro lado para no perjudicar a la banca al rechazar los recursos que presentó el Ayuntamiento ripense contra la polémica decisión del Tribunal Supremo de revertir tres sentencias propias y acordar que son los clientes, y no las entidades financieras que conceden el préstamo, quienes deben abonar por registrar notarialmente una hipoteca. Así que iremos a Estrasburgo para solicitar un amparo que la justicia española nos niega.
Hace justo dos años, en octubre de 2018, el Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica que provocó un terremoto en todo el país. Como sabéis, la Sala Tercera del Alto Tribunal daba la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas (EMV): eran los bancos quienes debían pagar el llamado impuesto de las hipotecas. Fue una decisión histórica porque abría la puerta para que millones de familias pudiesen reclamar un dinero que nunca debieron pagar, ponía fin a las prácticas abusivas del sistema financiero y abrió el camino para cambiar la Ley.
Sin embargo, como recordareis, duró poco la victoria de David contra Goliat. Ese momento se vio empañado por la entrada en escena de Carlos Lesmes, presidente del Supremo, y Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala que había fallado a nuestro favor, en una operación grotesca e insólita: el Supremo enmendó su propia decisión para blindar a los bancos. Tras dos días de liberación se consumó el sainete: un Tribunal Supremo dividido salvaba a la banca, poniendo a los pies de los caballos la credibilidad de la justicia.
Tras la intervención de Lesmes y Díez-Picazo, solicitamos amparo al Constitucional, al considerar que el Supremo estaba fijando que lo que valía para la EMV (que los bancos pagasen el impuesto) no podía aplicarse a millones de familias españolas. Algo inaudito.
Rivas no se rinde. Lo dijimos en su momento: la única batalla que se pierde es la que no se da. Este periplo judicial se remonta a hace más de una década por una disputa tributaria entre la EMV y la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre. Mientras fomentábamos viviendas públicas, el Gobierno regional alimentaba el boom inmobiliario. En ese momento, entendíamos que la EMV estaba exenta del pago del impuesto en litigio debido a la protección de las viviendas públicas promovidas, a pesar de que varias instancias no nos dieran la razón.
En Rivas pensamos que la ley es igual para todo el mundo. Pese al lavado de manos del Constitucional respecto al pago del impuesto de las hipotecas, en esta ciudad no nos rendimos e iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a seguir peleando hasta el final por una justicia para la gente y no al servicio de unos pocos. ¡Seguimos!
Pedro del Cura, Alcalde de Rivas Vaciamadrid
