El Ayuntamiento de Pozuelo del Rey se ha visto obligado a abonar más de 55.000 euros a Naturgy y a Hacienda como consecuencia de las deudas que tenía contraídas la anterior corporación municipal, y que en el caso de la eléctrica amenazaba con suspender el suministro al pueblo el próximo domingo.
Justo un año después de que Naturgy cortase el suministro de luz al Consistorio por sus impagos, la situación podría haberse vuelto a producir. Y es que, recientemente, la compañía eléctrica remitió una carta al Ayuntamiento en la que anunciaba que el próximo 16 de agosto procedería a la baja del servicio ante las deudas que la Administración local arrastraba desde el mes de abril del año 2014.
Al igual que el pasado año –cuando la empresa si que llegó a cortar el suministro- la alcaldesa ha tenido que emitir un decreto de alcaldía para abonar más de 30.000 euros, correspondientes a los impagos del Ayuntamiento entre septiembre de 2016 y octubre de 2017. Una cifra que se suma a los 30.000 que ya se abonaron tras el corte del año pasado y que correspondía a la cantidad acumuladas entre abril de 2014 y septiembre de 2016.
“Una vez más, los impuestos de los pozueleros no se dedican a arreglar las calles ni a mejorar sus servicios, sino a pagar las deudas del anterior Equipo de Gobierno”, ha explicado la alcaldesa, recordando que la deuda con la compañía eléctrica llegó a alcanzar cerca de 116.000 euros y que ha provocado dos procesos judiciales pendientes aún de resolución.
“En esta ocasión hemos conseguido parar el corte del suministro eléctrico gracias a las negociaciones con la eléctrica, pero aún quedan miles de euros de deuda por afrontar”, ha precisado Alarcón, anunciando que a lo largo de las próximas semanas el Consistorio continuará afrontando facturas pendientes de pago de los años anteriores.
Deuda de 24.300 euros con Hacienda
Pero la deuda con Naturgy no ha sido el único pago al que ha tenido que hacer frente el Ayuntamiento de Pozuelo del Rey en las últimas semanas. El Consistorio ha tenido que abonar 24.306 euros a Hacienda por el impago del IPRF de los trabajadores municipales durante los años 2018 y 2019. Un concepto retenido a los empleados públicos en sus nóminas, pero que el anterior Equipo de Gobierno no había traspasado al erario público, por lo que el Ayuntamiento se encontraba en la difícil tesitura de no poder acceder a la mayoría de las subvenciones al no estar al corriente de pagos con la Administración.
“En apenas unas semanas hemos tenido que destinar más de 55.000 euros de todos los pozueleros a pagar deudas, lo que supone una parte considerable del total que recauda el Ayuntamiento por el IBI”, ha comentado la alcaldesa, para quien “este tipo de ‘lastres del pasado’ son los que nos impiden poder llevar a cabo las actuaciones más necesarias para el municipio y, por consiguiente, son los propios vecinos los más perjudicados”.
Alarcón, ha querido dejar claro que “como vecina también me siento indignada con que, a pesar de la regularización del IBI por Ley, todo lo que recauda el Ayuntamiento acabe destinado a pagar deudas y sentencias judiciales y no a mejorar el pueblo y sus servicios”.
