La oposición de izquierdas respalda en el pleno la creación de un Reglamento Orgánico de Laicidad que concrete en normas medidas como la ausencia de la autoridad municipal en actos religiosos. Se inspira en el ya aprobado en Rivas.
¿Se ha terminado la polémica que, en Gijón, rodea cada 29 de junio, festividad de San Pedro, o cada 15 de agosto, día de la Virgen de Begoña? Seguramente no. La presencia de representantes políticos municipales, con la alcaldesa a la cabeza, en los actos religiosos organizados con motivo del patrón y la patrona de la ciudad, respectivamente, seguirá teniendo defensores y detractores tras las banderas de las tradiciones locales o de la laicidad en las instituciones públicas. Lo que sí está más cerca desde ayer es la existencia de una norma de rango municipal que impediría la presencia de miembros de la corporación o de cualquier otra representación oficial del ayuntamiento en actos organizados por la Iglesia. Frente al criterio del gobierno local de Foro y de los grupos del PP y Ciudadanos, los votos del PSOE, Xixón Sí Puede e IU sacaban adelante en el último pleno antes de las vacaciones una propuesta de esa última formación para convertir la declaración de ciudad adscrita a la Red de Municipios Laicos suscrita en 2016 por el ayuntamiento en un Reglamento Orgánico de Laicidad; una norma que, según explicaba el portavoz de IU Auelio Martín, se inspira en la aprobada por el ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, la primera de este tipo en vigor en un municipio español. Y que debería, según lo aprobado, estar lista en tres meses.
El Reglamento del municipio madrileño se propone como objeto «regular la aplicación concreta de la aconfesionalidad o laicidad que establece la Constitución Española en el ámbito municipal», y se extiende «a todo el término territorial del municipio, y a todas sus instituciones públicas o dependientes de la Administración local». Se basa en los principios de separación entre «los poderes públicos locales y las religiones u otras convicciones particulares» y de neutralidad, tanto para impedir «a los poderes públicos locales inmiscuirse en los asuntos estrictamente religiosos, permitiendo la máxima libertad en ese sentido» y para garantizar la «igualdad y no discriminación» por razón de ideología o religión». ¿A qué comprometen esos principios, que el Reglamento sustenta en tres sentencias del Tribunal Constitucional? A bastante que la supresión de la presencia ediles en las misas del patrono.
Actos seculares
En primer lugar, a que desde el ayuntamiento y sus organismos no se dará «trato de privilegio ni discriminación a ninguna persona ni entidad por razón de su ideología, creencias o carácter religioso», ni los miembros de la corporación y la administración municipal «mostrarán en el ejercicio de su cargo o de sus funciones ningún gesto de sumisión o veneración hacia personas, culto o imágenes religiosas». Tampoco -y aquí está si no el quid, sí el punto más disputado- «podrán participar en ceremonias, ritos o cualesquiera actos de carácter religioso, en su calidad de servidores públicos», y quedarán abolidos los «patrones religiosos» del ayuntamiento, que «ni realizará votos, ni se encomendará a imágenes religiosas, advocaciones, santos, etc». En consecuencia, «los actos públicos oficiales serán exclusivamente seculares y sin connotaciones religiosas» sin invitaciones a autoridades religiosas «de forma oficial o preferente» ni simbolismos o ritos asociados a credo alguno. Eso incluye las «inauguraciones, tomas de posesión, discursos, saludos, pregones y similares».
Del mismo modo que los representantes eclesiásticos, los actos religiosos pierden cualquier revestimiento de oficialidad desaparecen de las programaciones de festejos y la publicidad municipal y pierden cualquier privilegio en cuanto al uso de espacios públicos respecto a otros posibles usos. Los edificios e instalaciones públicos, y muy especialmente los centros docentes, quedan exentos de cualquier simbología religiosa sustituida «si procede» por símbolos relativos «a la Constitución, los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político o referentes a valores, obras o símbolos universales de la ciencia, la literatura, las artes, etc»; una medida que no afecta a los símbolos que «tengan además un valor histórico o artístico añadido que justifiquen su conservación a esos efectos históricos o añadidos y cuya retirada pudiera ocasionar un daño irreversible».
El ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid dispone además la obligación de organizar ceremonias civiles y habilitar espacios ceremoniales para el acogimiento Civil y los matrimonios civiles, y de fumerales civiles en el cementerio municipal. Finalmente, se dispone la creación de «un Registro Municipal de Testamentos Vitales, con su propio Reglamento, para el registro voluntario de la libre voluntad con respecto a la fase final de la propia vida, y como forma de facilitar y reivindicar el derecho a la eutanasia» y «una Oficina de Defensa de la Libertad de Conciencia para la observación, vigilancia y cumplimiento de este Reglamento». Y, como toda ordenanza municipal, cabe la posibilidad de «un régimen de sanciones, en caso de incumplimiento de esta Ordenanza o Reglamento, por parte de cargos públicos o funcionarios municipales».
«Mirar lo básico no estar con la lupa»
De todos modos, precisa Aurelio Martín, «no se trata de copiar el reglamento literalmente». Confía el portavoz de IU en que, «a pesar de que la postura del PSOE es prudente, se llegará a un acuerdo de mínimos» que limite, al menos, lo que considera «las posturas más ostentosas, que no pueden estar de acuerdo con la Constitución ni con las sentencias del Constitucional». Martín rechaza algunos de los argumentos esgrimidos ayer en el pleno por los grupos que votaron contra su proposición.
«Se intenta desprestigiar planteando casos extremos. Al funeral de Quini en El Molinón fuimos todos, entendimos que teníamos que estar allí porque solo rechazamos aquellos actos que se organizan directamente por la institución eclesiástica, no actos civiles ni convocados por familias o, en este caso, por el Sporting», precisa. Y resta dramatismo a su proposición: «No vamos contra nadie ni contra nada, ni contra la Iglesia como institución. Es simplemente decir que somos estrictamente laicos, neutrales y defendemos el estado aconfesional. Y esto no tiene nada que ver con cuestiones que se desarrollan en el ámbito civil, en el que puedes dar un pésame o manifestar tu solidaridad. Es la vertiente, digamos, humana de ese tipo de actos», añade el portavoz de IU.
«Nosotros queremos llegar a lo básico, no a estar con la lupa a ver qué hace el concejal o la alcaldesa. Pero lo que no tiene sentido es que se participe en ese tipo de actos. La alcaldesa salió rápidamente con que el acto lo organiza la Asociación de Amigos de San Pedro, pero eso es una organización religiosa. La foto de los protagonistas lo dice todo: el obispo y la alcaldesa con el ramito. Eso es lo que no puede ser: es la foto del pasado la de siempre, la que no responde al espíritu de la Constitución Española», argumenta. Y pide, como lo hizo en el pleno, en particular al Partido Popular, que «nos miremos en las democracias modernas y europeas, en las democracias avanzadas. ¿Hay algú país de Europa donde las banderas se pongan a media asta por la muerte de Cristo? ¿Eso de qué época es? Eso es lo que queremos evitar».
Por su parte, en nombre del partido interpelado en estas últimas palabras de Martín, su portavoz municipal, Pablo González, resta importancia a lo aprobado ayer por el pleno; fundamentalmente, porque cree que tendrá escaso recorrido y consecuencias prácticas por las «dificultades jurídicas» que se encontrará. «La separación las libertades garantizadas por la Constitución y la Ley Orgánica. A partir de ahí ¿una ordenanza municipal qué papel puede jugar? Cualquier limitación de algo garantizado por una Ley Orgánica se puede meter en un fregado jurídico y ser declarada nulo», apunta González. Para evitar eso -anticipa- el Reglamento Orgánico de Laicidad «tendrá que ser redactado de manera muy general, muy poco normativa, como una declaración de intenciones y poco más, una especie de código muy general». Además, subraya «la proposición no es ejecutiva y el ayuntamiento puede hacer caso omiso del tema».
Para los populares, la iniciativa de IU es, «en el fondo» de otra naturaleza: «En mi opinión, lo que Aurelio Martín ha hecho, y me parece bien, es suscitar el debate como una especie de eco municipal de otras propuestas, muy invasivas, que Unidos Podemos está haciendo en el Congreso. Si hubiesen querido una ordenanza hubieran presentado un texto con una ordenanza susceptible de enmiendas, y si el pleno lo aprueba, aprobado queda», agrega. Con todo, Pablo González no niega que «si se hace sin dogmatismo es un debate muy interesante, algo de lo que se puede hablar… aunque no siempre se pueda hacer sin dogmatismo». (Publicado por La Voz de Asturias).
