Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a recibir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollarse como adultos. La educación les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. Todo esto está en el papel, pero no todos la reciben. ¿De qué depende que este derecho sea una realidad?
En primer lugar, no se debe olvidar que la inversión necesaria a cargo del Gobierno regional de turno siempre es motivo de batalla con los alumnos, sus padres y madres, los sindicatos y partidos que reclaman más dinero y mejor repartido para una decente educación pública. Además, el número máximo de alumnos por clase es también un guarismo que define qué respeto reciben estudiantes y enseñantes por parte de la Administración competente. Siempre se dan datos educativos que resaltan el esfuerzo de los gobiernos, según ellos. En este caso, la derecha comandada por Isabel Díaz Ayuso, destacan determinadas cuestiones como la enseñanza bilingüe, pero silencian su casi nula actividad en profesores de apoyo a estudiantes que por cualquier causa necesitan un empujón para no quedar en el furgón de cola.
No olvidar que la educación es, además de un derecho básico, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, y lograr la igualdad de género.
Dicho esto, me gustaría destacar la necesidad de potenciar la educación cívica, que es un tipo de educación dirigida a las relaciones sociales que busca fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas. Es imprescindible destacar el valor de la educación ciudadana como arma necesaria para aprender a convivir juntos en una sociedad cada vez más abierta, y su importancia para la tolerancia y la solidaridad como vías alcanzar una verdadera convivencia social.
Esto no sólo se aprende en los colegios, que deben estar dotados de todo lo necesario para la formación e instrucción de estos estudiantes, también escuchando a los líderes de los partidos que gobiernan para, según ellos, mejorar nuestra calidad de vida y la actual democracia. Escuchando cómo se tratan entre ellos para, a veces, defender propuestas que no son creíbles ni por los que las plantean, da la sensación de que la educación no es para ellos un derecho a garantizar. Si los que deben garantizar el derecho a la formación de todos, sin exclusiones por razones económicas o de otra índole, están más preocupados en garantizar su derecho a seguir en el poder, lo más lógico es cambiar de gobernantes.
