Después de que el Gobierno Central mandara a la Comunidad de Madrid una lista de más de 1.800 rastreadores (profesionales de la sanidad y expertos), que estos últimos han desestimado íntegramente, ellos mismos (la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid) lanza una solicitud a la facultad de Medicina e incluso reclama entre los funcionarios de la Administración, para que voluntariamente se presten a trabajar gratis como rastreadores. Cuando esto, la propia normativa de la Comunidad lo impide.
Finalmente, la Presidenta Ayuso y todo su equipo, desisten de la búsqueda de rastreadores y terminan encargándoselo a una empresa privada ‘Grupo Quirón’ por casi 200.000 euros. Este Grupo se encargaría de proporcionar 22 rastreadores durante dos meses. Si los encuentra, porque también los está buscando a través de uno de los portales de empleo.
Lo alarmante de la situación, además de que la Comunidad lleva varios meses sin hacer nada por dotarse de rastreadores (a pesar de sus protestas contra el Gobierno Central), ha hecho dejación de su responsabilidad primero, ha contratado directamente y sin publicidad a una empresa privada y aún así, entre los rastreadores que actualmente dispone la Comunidad y los veintidós que proporcionará el Grupo Quirón, serán escasamente la mitad de los que se necesitan en la región, en proporción al número de habitantes, que estarían entorno a los 1.200 rastreadores.
Así es la única posibilidad de detectar a los ‘infectados asintomáticos’ de Covid-19, para aislarlos y que no sigan contagiando en sus relaciones cotidianas. Solo de esta manera se podrá evitar una nueva pandemia y un nuevo confinamiento, que supondría la ruina total de este país y muchísimo sufrimiento ante los nuevos enfermos, fallecimientos y carencias de subsistencia generalizadas.
