OPINIÓN

¿Qué determina que unos ciudadanos no sean iguales que otros?

De impuestos, transferencias autonómicas, la España abandonada y las cosas que siguen sin hacerse…

Ante las catástrofes geológicas y climáticas (filomena, volcanes, danas, olas de calor, etc.), las autonomías son incapaces de reaccionar. En la gestión de las pandemias, como el covid 19, el resultado fue un total desastre. Para atender los efectos de la Dana en Valencia, el reclamo es la intervención de los recursos del Estado. Para detener la ola de incendios, se reclama la intervención del Estado, incluso desplegando al ejército (cuando anteriormente, el Partido Popular había rechazo la creación de esta Unidad de Emergencia y también la utilización del ejército en estas tareas).

¿Están bien delimitadas las competencias de las autonomías?, ¿Dónde va a parar el dinero transferido por el Estado a las autonomías para acometer estas tareas?, ¿Por qué los/as presidentes autonómicos no declaran la emergencia ‘3’ para que sea el estado quien se haga cargo de la resolución de los desastres?

Durante la pandemia del Covid 19, Isabel Díaz Ayuso culpabilizaba a Pablo Iglesias de la caótica gestión en las residencias por ser el Ministro de Derechos Sociales ¿?. Carlos Mazón no se decidió a declarar el ‘estado 3 de emergencia’, porque eso suponía reconocer su ineptitud y ceder la gestión al gobierno central. Los presidentes de Galicia, Castilla-León o la presidenta de Extremadura, reclaman más medios al Estado, cuando son ellos quienes han recortado recursos y abandonado los bosques, tareas de su competencia.

Los gobiernos del Partido Popular en las autonomías, lo primero que hacen es bajar impuestos y eliminar recursos. Todavía muchos ciudadanos y ciudadanas no entienden que los impuestos garantizan la economía redistributiva, el sostenimiento de los servicios (sanidad, educación, bomberos, brigadas forestales, carreteras, etc.). Si los gobiernos no tienen entradas de dinero mediante los impuestos, necesariamente tienen que recortar servicios. Pero lo que hacen los presidentes del Partido Popular es que, ante situaciones de catástrofe o necesidades de cierta envergadura, es echar la culpa al Estado.

Todas las Autonomías tienen una serie de competencias transferidas por el gobierno central para que se hagan cargo de ellas, por lo que reciben partidas económicas para tal fin. La gestión del territorio de cada Comunidad, como la sanidad, la educación, el sistema viario interior, la justicia, el transporte interno, etc., todas son competencias de responsabilidad exclusiva de las y los presidentes autonómicos y para que, en algún caso pueda intervenir el Estado, son ellos quienes tienen que solicitarlo.

En estos días estamos viviendo uno de los desastres ecológicos más grandes vividos en nuestro país desde que hay registros ‘España se quema’, y aunque las altas temperaturas de este verano son causa aparente, de hecho no es así: el monte arde por negligencias de personas, por actos de pirómanos, por intereses especuladores, y en gran medida, por su total abandono por parte de las administraciones autonómicas.

El Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del gobierno de Castilla-León, Juan Carlos Suárez-Quiñones indicaba en 2018 que “las labores de conservación y limpieza de montes no tienen sentido en invierno, cuando el riesgo de incendio es prácticamente nulo, siendo un absurdo y un despilfarro”. Justo lo contrario de lo que habría que haber hecho: tarea de desbroce y limpieza de los montes, para que en las temporadas de riesgo de incendios no haya en el suelo combustible para que arda.

No parece que hagan falta normativas más punitivas contra los pirómanos, probablemente ya son suficientes, lo que sería necesario es que, como a los maltratadores, estos individuos estén mucho más controlados. Aunque no siempre el incendio provocado se corresponde con la acción de un loco, en ocasiones se trata de generar varios negocios: el de la tarea de apagar el incendio, casi siempre en manos de empresas privadas; la de limpieza del monte una vez apagado, recogiendo la madera útil ya que lo que se quema suele ser la corteza de los árboles; la venta de la madera; la replantación posterior de la zona calcinada… Negocios redondos todos.

Pero una situación de desastre como la que estamos viviendo, ya van 342.501 hectáreas quemadas en lo que va de año, supone la desaparición de una gran parte de flora, de fauna, recursos de vida para muchas familias, patrimonio de la humanidad como el caso de Las Médulas…, y la probable desaparición de muchos pueblos medio deshabitados, ya que sus pocos habitantes no tienen ni ganas ni recursos para reconstruirlos. Fernández Mañueco, Presidente de Castilla-León, afirmaba que ‘se prepararían recursos económicos para recuperar los edificios públicos y privados dañados por el incendio’; lo que no dijo es que ‘los afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra de 2022 siguen esperando para cobrar las ayudas prometidas’.

Otro tema importante es ‘la recuperación del terreno’. Los bosques generan vida, atraen la humedad y la lluvia, alimentan los acuíferos, etc. Una vez que se han quemado, las aguas de la lluvia y de los torrentes bajarán contaminadas y a su vez, contaminarán los ríos, arrastrarán las tierras y las cenizas porque ya no hay nada que las detenga…, el desastre se va amplificando más allá del propio incendio.

El cambio climático es evidente (a pesar de lo que digan los negacionistas), y el culpable es el sistema capitalista, pero muchos de nosotros contribuimos a la aceleración de ese cambio climático, con nuestra pasividad, la inacción, el lamento absurdo…, y porque seguimos votando a los que contribuyen con esta destrucción de nuestro planeta, y en este caso, de nuestro país.

Infografía en la que se explican las funciones de las comunidades autónomas y el Gobierno central, destacando cómo las transferencias autonómicas configuran la gestión de los incendios forestales en España abandonada, además de un recordatorio sobre la prevención y el uso responsable de los servicios.
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