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Consumo investiga a una gran inmobiliaria por cláusulas abusivas

Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, de Sumar.

El Ministerio de Consumo detecta posibles irregularidades en contratos de alquiler con multas millonarias

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran inmobiliaria que gestiona miles de viviendas en varias ciudades españolas por presuntas cláusulas abusivas en contratos de alquiler. La investigación, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, detectó cuatro posibles infracciones que podrían derivar en sanciones de hasta un millón de euros por cada una.

Según ha informado el Ministerio de Consumo, las prácticas detectadas afectarían directamente a los derechos de los inquilinos y estarían relacionadas con condiciones impuestas en contratos de adhesión, habituales en el mercado del alquiler gestionado por grandes empresas inmobiliarias.

Las cláusulas bajo investigación

Entre las posibles irregularidades identificadas figura la obligación de contratar un seguro de impago como condición para acceder a la vivienda. Consumo también cuestiona una cláusula en la que el arrendatario reconoce haber negociado individualmente el contrato, pese a tratarse de documentos estándar elaborados previamente por la inmobiliaria.

La investigación además pone el foco en penalizaciones económicas consideradas desproporcionadas por retrasos en la entrega de la vivienda y en cargos vinculados a suministros y cambios de titularidad que podrían resultar injustificados para los inquilinos.

El ministerio recuerda que estas prácticas podrían encajar dentro de la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos de alquiler, una cuestión que en los últimos años ha generado numerosas reclamaciones de asociaciones de consumidores.

Multas de hasta ocho veces el beneficio obtenido

Cada una de las infracciones detectadas podría acarrear multas de hasta 1.000.000 de euros. La legislación también contempla sanciones equivalentes a entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa investigada.

Desde la Dirección General de Consumo subrayan que la apertura del expediente no implica todavía una resolución definitiva ni prejuzga el resultado final de la investigación administrativa.

El precedente de Alquiler Seguro

El anuncio llega pocas semanas después de que Consumo confirmara una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas consideradas abusivas contra inquilinos, tras una denuncia presentada por FACUA.

En aquel caso, el ministerio concluyó que la inmobiliaria había cometido varias infracciones graves y muy graves relacionadas con el cobro de gastos indebidos y otras condiciones contractuales que vulneraban los derechos de los consumidores en el mercado del alquiler.

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