El Ayuntamiento, tras suspender las licencias de construcción en el Sector Cristo de Rivas el pasado mes de julio, ha promovido una consulta del 18 al 24 de octubre proponiendo a los ciudadanos abrir un espacio participativo para pensar el modelo de crecimiento de la ciudad.
En el artículo Rivas, párate a pensar de la revista Rivas al Día, se informa que se celebrará consulta ciudadana para responder a la siguiente cuestión: ¿Debe Rivas parar su crecimiento urbanístico y poblacional para definir un modelo de desarrollo urbano para las próximas décadas?, y en la portada de la revista sugiere a los vecinos la respuesta que el Ayuntamiento quiere conseguir cuando dice textualmente que Rivas debe frenar su crecimiento urbanístico para cuidar la calidad de vida del municipio. Esto no es serio, es una consulta totalmente manipulada y sugestiva que además no cumple con los requisitos legales establecidos para una consulta popular.
Con esta consulta se está trasladando a los ciudadanos una responsabilidad que el sistema constitucional hace recaer en sus representantes, haciendo uso de su mandato temporal y por lo que tendrán que responder ante los electores, sometiéndose al juicio periódico de las urnas. Así son las reglas de la democracia representativa, y entraña asumir responsabilidades que no se pueden exigir a los ciudadanos. De hecho, de la adopción de determinados acuerdos por parte de los concejales en los Plenos, pueden derivarse responsabilidades civiles o incluso penales para los miembros de la Corporación que actúen en la toma de decisiones con dolo o negligencia grave.
El eslogan Rivas, párate a pensar utilizado por el Ayuntamiento, debe ir más allá de la propaganda y dejar que los vecinos piensen por sí mismos. No se debe sugerir a los ciudadanos lo que le gustaría al Ayuntamiento que respondieran. Si se va a realizar una consulta, debe ser con todas las garantías y la primera de ellas es que con carácter previo a su realización tiene que ser aprobada por mayoría absoluta del Pleno, lo que no ha ocurrido en este caso en que no se ha sometido a consideración de este órgano colegiado.
Desde el Partido Popular consideramos que el Ayuntamiento ha realizado una consulta ciudadana sin cumplir los requisitos legales. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que se podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, lo que en este caso no ha ocurrido.
Tras la suspensión de las licencias de construcción en el Sector B Cristo de Rivas, incluidas aquellas que estaban solicitadas desde 2019 y cuyo plazo de tramitación era de 3 meses, se han interpuesto recursos contencioso administrativos contra la decisión del Ayuntamiento.
Como consecuencia, el Gobierno municipal ha puesto en marcha la consulta popular, para blanquear una decisión “caciquil” y disfrazarla de participación ciudadana, a sabiendas de que se está ocasionando un perjuicio considerable a las empresas que trabajan en la zona y a las personas que tenían como proyecto establecer su residencia en nuestra ciudad.
Las consultas populares deben gozar de todas las garantías democráticas para los ciudadanos y constituir un instrumento verdaderamente útil para los intereses de la localidad y no un mero ejercicio de propaganda del alcalde.
Además de esta consulta sugestiva, que no soluciona los problemas relacionados con las infraestructuras eléctricas, retranqueos de gaseoductos, colectores, tanque de tormentas, enlace con la M50, situación de la Cañada Real, etc., el Ayuntamiento como administración actuante, no ha tomado ningún tipo de medidas ni ha llevado a cabo gestiones efectivas para solucionar esta situación que lleva encallada desde el mes de julio.
Los ripenses queremos un municipio próspero y moderno, pero a este Gobierno municipal se le ha quedado grande nuestra ciudad, demostrando cada día su incapacidad para gestionarla. Este ejecutivo ha perdido la capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos, haciendo de todo un casus belli, instalado en un campo de batalla y en un conflicto permanente con otras administraciones, empresarios, agentes de policía local, entre otros, y del que salen perjudicados los vecinos de Rivas Vaciamadrid
Janette Novo portavoz del Grupo Mixto del Ayuntamiento
