Miguel Ángel Rodríguez expone que la DGS no fue «el único lugar donde se pasaron por alto los derechos humanos durante la dictadura».
Hace un mes que Nino Olmeda solicitó a la Comunidad de Madrid la colocación de «una placa en la fachada de la Real Casa de Correros, sede del Gobierno regional, para recordar a las personas detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas durante los 40 años de dictadura».
La actual sede de la Comunida de Madrid fue la sede de la Dirección Geral de Seguridad (DGS) durante la dictadura de Francisco Franco.
«Cerca de 200.00 personas contrarias a la dictadura pasamos, durante el franquismo, por esas mazmorras de la Puerta del Sol», denunció Nino Olmeda en su escrito. Olmeda, colaborador de Zarabanda, reclamaba una placa, en la fachada de lo que fue la sede de la policía política de Franco. Esta placa, defiende Olmeda, «serviría para identificar ese lúgubre centro de detención y torturas de la época de Franco y para homenajear a las víctimas de la dictadura».
La petición de Olmeda ha recibido ya respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. El escrito de respuesta ha sido firmado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso y conocido desde hace décadas por sus siglas MÁR.
«No fue el único lugar»
En su respuesta, Rodríguez muestra la negación del gobierno autonómico a la instalación de una placa en la sede autonómica. Entre los argumentos que se ofrecen para negar este reconocimiento a víctimas de torturas por parte del Estado franquista se encuentra que la DGS «no fue, tampoco, el único lugar donde se pasaron por alto los derechos humanos durante la dictadura». La respuesta también intenta mezclar sucesos como «las checas», que define de «actos reprobables».
Las checas tuvieron una existencia de unos 5 meses desde el Golpe de Estado de julio de 1936, frente a los más de 40 años de violencia institucional por parte de la dictadura. Las checas, explica Fernando Jiménez Herrera en El Salto, «surgieron de forma autónoma e improvisada para impedir la expansión del golpe de Estado a sus localidades correspondientes». Aunque hay historiadores que hablan de «checas azules», Jiménez destaca que se trata de «un uso muy criticado desde ciertos sectores de la historiografía porque contribuye a la equiparación de la violencia entre ambas retaguardias y las lógicas de actuación entre los revolucionarios de 1936 y las fuerzas sociales que apoyaron el golpe de Estado».
«El Gobierno de la Comunidad de Madrid impulsa el estudio objetivo y sin condicionamientos ideológicos de nuestra Historia», dice en jefe de gabinete de la presidenta. A continuación, se refiere a la guerra civil como tras el golpe de Estado de Francisco Franco como «lucha fraticida». Rodríguez, en nombre del gobierno autonómico, niega el derecho de reconocimiento a las víctimas mientran defiende que la sede del gobierno sea «un lugar de concordia y libertad».
