Los cristales empañados saludan con pereza matutina a un nuevo y frío día de noviembre en Rivas. Tras la ventana, a escasos metros de distancia, encontramos familias que encienden la luz y ponen en marcha la cafetera, mientras otras hacen acopio de mantas y revisan si ese día les toca tener suministro eléctrico. Los días no empiezan igual si vives en la Cañada Real.
“Yo tengo una niña de 4 meses, me despierto por la noche y toco a mi bebé, me preocupa muchísimo que pase frío”, nos cuenta Houda Akrikrez, de la Asociación Tabadol de mujeres de Cañada, una de las más importantes del sector 6. Cuenta a Zarabanda que hace dos inviernos, cuando las nevadas de Filomena, falleció de hipotermia un bebé de 6 meses de Cañada: “es una situación desgarradora que clama al cielo, que sigue ocurriendo por tercer invierno sin luz, a 16 kilómetros del centro de la capital de España, en la región más rica del país”, denuncia.
La Cañada Real Galiana es uno de los asentamientos informales más grandes de Europa y ha recibido una cobertura mediática fundamentalmente negativa, presentándola como “mercado de la droga” o agitando diversos estigmas relacionados con el clasismo y el racismo (especialmente, el antigitanismo).
No es casual, por tanto, que la migración española que llegó en las décadas de 1950 y 1960 a esta antigua vía pecuaria sea mayoritaria en los sectores más establecidos y en proceso de regularización (Sector 1 y 2). En cambio, según varios estudios, en torno a la mitad de la población del sector 6 es de etnia gitana (con muchas familias ligadas a la economía informal en torno a la chatarra). Por su parte, en torno al 55% de la población del sector 5 es de origen extranjero, de la cuál la mitad es de origen marroquí, aunque existen otras comunidades importantes como la rumana.
La portavoz de la Asociación Tabadol destaca la “riqueza cultural” de las “17 nacionalidades y etnias diferentes”. Su trabajo en el barrio se basa en el liderazgo de las mujeres y en el feminismo “desde nuestra posición como mujeres árabes y musulmanas feministas”. Cristina Pozas, portavoz de Alshorok, señala que “te sacan en la tele una imagen de un niño descalzo con mocos y un drogadicto al lado”, denunciando la imagen parcial que los medios presentan de la Cañada Real.
El apagón: sobrevivir sin luz
El 2 de octubre de 2020, Naturgy y la Comunidad de Madrid cortaron el suministro eléctrico y la oscuridad llegó a la Cañada Real. “Es como si hubieran instalado un embudo que casi no deja pasar potencia”, explica Jorge Martínez, coautor del informe “Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de la Cañada Real Galiana”.
La población se ha visto obligada a sustituir de forma acelerada sus -hasta entonces mayoritarias- estufas eléctricas por pirolíticas (de pellets, leña y otros medios de combustión). “Y una caldera de gas no enciende sin electricidad, tuvieron que volver al butano y la parafina”, explica Martínez.
“Ves un montón de casas con paneles fotovoltaicos, buscan alternativas”, señala Jorge Martínez. La organización vecinal en el sector 5 y el proyecto Light Humanity permitieron instalar placas solares que palían mínimamente la situación. “Tienes que tener baterías para consumir por la noche y suficiente superficie para paneles solares, no es la panacea”, advierte Martínez. “Entre las pilas para la luz, los créditos para las placas solares y demás…es más caro que poner un contador y pagar nuestra factura como cualquier vecino, que es lo que queremos”, reclaman las vecinas de Cañada del sector 5.
El sector 6 es el más afectado, aunque al principio del sector 6, “donde está la venta de droga, hay luz”, denuncia Cristina Pozas, la portavoz de la Asociación Alshorok, quien considera que “es muy cantoso todo, donde viven las familias marroquíes no hay luz porque nos quieren echar”.
Según el estudio, han detectado viviendas del sector 6 que han llegado a tener 5 grados de temperatura en invierno. “La temperatura baja de forma abrupta por el mal aislamiento de la vivienda e incluso con estufas es difícil de subir, no pocos hogares no superan los 17 grados en todo el invierno”, explica Jorge Martínez.
“Es una cuestión de humanidad reponer la luz para que puedan vivir en situaciones dignas. Es injustificable”, añade. En la experiencia como vecina de Cañada de Cristina Pozas: “hay veces que entre el frío y la oscuridad, me siento inmovilizada en mi propia casa. No me levanto del sillón porque tengo frío y no veo”. Pide empatía a las familias de Rivas y señala que “esa sensación de “qué bien llegar a casa, qué agustito”, muchos días es imposible tenerla”.
Vivienda, infravivienda y pobreza energética
El pasado 15 de noviembre se presentó el informe anteriormente mencionado, elaborado por un grupo de técnicos y expertos de la Universidad Carlos III de Madrid, a petición del Comisionado de Cañada. Lo que iba a ser un estudio puramente estadístico cobró otro cariz, como cuenta Jorge Martínez. “De repente, llega el apagón. El estudio inicial deja de tener sentido y analizamos la emergencia energética que se produce. ¿Qué hago para ducharme, la iluminación, para cocinar? La población de Cañada tuvo que buscar alternativas”, narra este ingeniero industrial.
Pese a la imagen mediática que liga a Cañada con el fenómeno del chabolismo, los hogares unifamiliares “normales” suponen más de la mitad de los hogares de la Cañada Real (56%). “Yo estuve con el Defensor del Pueblo paseando y viendo algunas viviendas”, cuenta Cristina Pozas, y el Defensor del Pueblo exclamaba: “madre mía, de lo que oigo a lo que veo”, según esta vecina del sector 5 de la Cañada Real.
Atendiendo a los datos, el estudio distingue nítidamente entre las condiciones de los Sectores 1 y 2 (con entre el 20,6% y el 27,2% de viviendas en malas o muy malas condiciones) y Sectores como el 5 (76,5% en malas o muy malas condiciones) o el 6 (sin datos en este informe). “Hay problemas de humedades considerables, cuando llueve, que no siempre están a simple vista aunque la apariencia de la casa sea buena”, advierte Martínez, recordando que esa “humedad que casi podía masticar en alguna casa” es un potente foco de enfermedades respiratorias e infecciones.
En este Sector 5, el más integrado en la vida ripense, apenas un 3,6% de las viviendas son chabolas y solo un 5,3% son infraviviendas. En cambio, en el Sector 6 casi el 30% encaja en una de estas dos categorías. El ingeniero Jorge Martínez matiza que “en el sector 5, se concentra la infravivienda en la parcela 26, el resto está bastante normalizado”.
En Coslada, el Sector 1 está en proceso de legalización de todo el tramo y los contratos de la luz son perfectamente legales en su inmensa mayoría. Un pequeño grupo de viviendas al comienzo del sector 2 se encuentra en parecidas condiciones. Sin embargo, según datos de 2016, la mayoría del resto de hogares de la Cañada Real dependían de conexiones “inseguras e irregulares” para acceder al suministro de electricidad, agua y alcantarillado.
Frente al extendido mito de que estas poblaciones viven de “ayudas”, cabe destacar que ni siquiera la mitad de las familias (46%) perciben la renta mínima de inserción o el ingreso mínimo vital. Un porcentaje escaso, teniendo en cuenta que la mayoría de familias entran en los niveles de renta susceptibles de recibir esas ayudas (el 85% están en riesgo de pobreza o exclusión social). “La pobreza económica es brutal”, analiza el co-autor del informe, que es escéptico respecto a los estereotipos sobre Cañada: “sí, hay mucha economía informal, pero también encuentras médicos, bomberos, abogados o arquitectos”.
Por otro lado, el 22% de los hogares declaró no recibir ninguna ayuda, el 14% prestaciones de desempleo o de fomento del empleo y formación profesional, el 16% otras prestaciones o ayudas menores (como bonos de comedor, coherente con el aproximadamente un tercio de población infantil) y solo un 3% recibían pensión de jubilación u otras ayudas de la vejez, en consonancia con el bajo porcentaje de personas mayores.
Uno de los datos más interesantes es que el 84% de los hogares declaran tener algún documento de propiedad de su vivienda (incluidos los asentamientos informales). El 15% de ellos sigue pagando hipoteca o cargas equivalentes.
Sin olvidar al 16% restante que vive de alquiler, la mitad de los cuáles de forma temporal en viviendas cedidas por parientes y la otra mitad abonando un alquiler a sus caseros. Una situación que alarma al Comisionado de Cañada de Rivas, Pedro del Cura, que considera que “puede haber situaciones dramáticas en la que un casero de Cañada sea el que tenga el derecho formal a realojo en vez de sus precarios inquilinos”.
Nuevo amanecer: ¿y las soluciones?
El nombre de la asociación de Cristina Pozas, Alshorok, significa “Amanecer”. Esta vecina lleva mucho tiempo luchando por los derechos humanos de la población de Cañada y señala que, al menos, ya no se enfrentan al número de derribos de viviendas al que se enfrentaban antes. La presión vecinal consiguió que la Asamblea de Madrid paralizara los derribos sin alternativa habitacional y solo se completara uno de los treinta previstos.
Hace un año, sin embargo, se derribó una vivienda por error y el asunto está judicializado. “Es muy típico de Julio César Santos, derribar todo lo que puede, lo que tiene permiso y lo que no”, denuncia la portavoz de Alshorok, responsabilizando al funcionario del Ayuntamiento de Madrid, responsable de la disciplina urbanística e imputado por este caso.
Según las asociaciones vecinales, se contaba con el permiso policial para derribar una vivienda pero aprovecharon para derribar también otra adyacente. “Si se puede demostrar que se está delinquiendo, es una vivienda para delinquir, no para vivir. Pero sin orden judicial no se puede derribar una vivienda donde vive una familia trabajadora”, señala Pozas.
Los niños eligieron en asamblea pintar el lema “con la luz no se juega” en el parque infantil
A la mejora de los caminos, el asfaltado y el servicio de Correos se unió en 2017 la construcción de un centro sociocomunitario (con apoyo del Ayuntamiento de Madrid y Arquitectura sin Fronteras) y, más recientemente, un parque infantil. El desarrollo corrió a cargo del colectivo “Todo por la praxis” con la financiación de una carrera solidaria organizada por el colegio Hipatia y las AFAs, que recaudaron 13.000 euros, en total. “Tenemos la primera instalación de juego infantil, que es de trepar”, explica Houda Akrikrez. Esta vecina de la Asociación Tabadol destaca que esa instalación sea con forma de torre de alta tensión por su significado reivindicativo: “y arriba tiene pintado el lema que eligieron los niños en asamblea”. El lema elegido fue “con la luz no se juega”.
Hace un mes, reunidos con el Comisionado, Cristina Pozas recuerda que les dijeron que las familias recientemente realojadas están “encantadas”. Y el presidente de una de las asociaciones de vecinos, según Pozas, intervino diciendo que “por supuesto, que a ver quién es capaz de vivir sin luz un año y otro y otro, por lo que si tienes hijos, personas mayores o enfermos, si pasas frío y penuria, te agarras a cualquier solución”.
El ingeniero Jorge Martínez es de la misma opinión: “hay gente que está viendo que no le queda más remedio que optar por un realojo, aunque no quiera”. Explica, por ejemplo, la trampa de la pobreza que se produce cuando una vivienda sin cédula de habitabilidad no puede acceder a ayudas a la rehabilitación de vivienda, mientras que sin esas ayudas, no pueden pagar las reformas que les darían la cédula. “Si no tienes contrato legal de luz, tampoco tienes acceso al bono social eléctrico”, cuenta Martínez.
La portavoz de Alshorok denuncia que “hay una Comisión de Seguimiento del Pacto Regional al que los vecinos no tenemos acceso” y que ha rechazado sus demandas de regularización de aquellas viviendas cuyas fichas técnicas las declaran habitables y seguras. “Quieren desalojarnos de la manera más rápida, con menos ruido y menos derechos”, denuncia Cristina Pozas (Alshorok) al considerar que las condiciones de realojo no están suficientemente claras y pueden abocar a familias desesperadas a alquileres insostenibles que les dejen en la calle.
Respecto a la respuesta institucional, esta vecina denuncia que a otro vecino se le está cayendo una valla y que el Comisionado de la Comunidad de Madrid ha ignorado su petición de permiso para las obras de reparación. “Nos ha dicho que si queremos algo que escribamos un correo a su secretaria, que a él directamente, nada”, se indigna Pozas.
Una opinión distinta es la del ex-alcalde Pedro del Cura, actual Comisionado de Cañada del Ayuntamiento de Rivas, que argumenta que ”hay que entender que la gente se quiera quedar, pero tenemos que pensar no solo en las mejores soluciones para ellos, sino en las soluciones viables de conjunto”. Pese a los choques pasados con la Comunidad de Madrid, reivindica la importante financiación que se ha logrado para el Pacto Regional de Cañada: ”nuestra prioridad como Ayuntamiento debe ser que esos niños tengan una vivienda, luz y los derechos de la infancia protegidos. El realojo busca garantizar eso”, defiende.
“El Ayuntamiento de Rivas nunca nos ha mentido, aunque no nos guste lo que nos diga. Cuando hablamos con Pedro, vemos que se preocupa y es accesible, pero…de fondo, el poder lo tiene la Comunidad”, valora Pozas.
Si las asociaciones vecinales suelen denunciar supuestos intereses inmobiliarios en el desmantelamiento de la Cañada, lo que en realidad viene manifestando el Ayuntamiento de Rivas es la posibilidad de que esos terrenos permitan completar el corredor verde de la ciudad. “Queremos un cinturón de aire limpio, paseo y transporte sostenible que mejore las vidas de los vecinos de Rivas, que es lo mismo que decir la vida de los muchos vecinos de Cañada que esperamos que puedan ser realojados y tener un futuro digno aquí”, sostiene Pedro del Cura.
El pronóstico del ingeniero Jorge Martínez es que “se llegará a una solución mixta, ya que una minoría de viviendas, las que tengan documentos de propiedad y mejores condiciones de habitabilidad, pueden llegar a lograr su regularización”.
Desde Alshorok, Cristina Pozas concluye que “hay dos caminos: acogernos y convivir o rechazarnos y alegrarse de todo lo que nos pasa”. Lo que les pasa, condenado por Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo, es que estos vecinos de Rivas que viven en Cañada afrontan su tercer invierno sin luz. La esperanza de recuperarla, como el amanecer, se enfría cada vez más.
