La medida expira el 31 de diciembre, recordó el lunes antes de reunirse con el Observatori Desca.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, abogó este lunes por mantener una moratoria para los desahucios, que expira el 31 de diciembre, convencido de que “no puede ser de otra manera”.
Así lo aseveró Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación previas a su reunión con miembros del Observatori Desca, que, entre otras medidas, está “en conversaciones” con otras organizaciones sociales que trabajan en este ámbito con el fin de “hacer algo más colectivo” para evitar los desahucios.
En este contexto, Bustinduy quiso “agradecer” al Observatori Desca, una entidad a la que reconoció su “larga trayectoria de trabajo en defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, la elaboración del informe ‘Cláusulas y prácticas abusivas de los contratos de alquiler y compraventa de vivienda’, que, a su juicio, “arroja luz, con toda fiabilidad», sobre las prácticas «abusivas» que «siguen rigiendo gran parte de los comportamientos de grandes operadores económicos en el mercado de la vivienda, tanto en el del alquiler como en la compraventa”.
“Es un informe que será público y accesible para la ciudadanía y que sirve para arrojar luz sobre algunas de las prácticas que se han establecido de manera estructural en España y que son fraudulentas y abusivas, muchas de ellas en oposición directa con la Ley de Vivienda”, abundó.
Preguntado por la medida para prorrogar la moratoria de desahucios, se mostró a favor, dijo, “por supuesto”, como, a su entender, “no puede ser de otra manera”.
HERRAMIENTAS INSUFICIENTES
En este sentido, el titular de Derechos Sociales y Consumo admitió que “las herramientas de protección que hay en España para garantizar los derechos de inquilinos e inquilinas son insuficientes”. “Hay que hacer más, pero, desde luego, lo que existe debe ser prorrogado, no se entendería ninguna otra cosa”, apostilló.
Por su parte, la directora del Observatori Desca, Irene Escorihuela, explicó que el objetivo de este informe es que las administraciones públicas “puedan actuar, que se sancione, que se inspeccione qué es lo que está pasando con estas cláusulas” para “terminar con estas prácticas” y también que los inquilinos “se puedan organizar, que detecten en sus contratos si hay cláusulas, que vayan a los sindicatos y asociaciones para poder batallar y denunciar estas cláusulas ilegales”.
En este punto, juzgó “urgente” aumentar el parque público de vivienda, pero también “regular” el mercado inmobiliario, incluyendo tanto el «control” de rentas del alquiler, como la sanción de prácticas “abusivas”.
En cuanto a la moratoria de desahucios, que expira el 31 de diciembre, se mostró “a la expectativa de ver qué es lo que pasará”, porque, subrayó, “hay muchas personas pendientes de desahucios hasta ahora protegidas por la moratoria”.
62.000 DESAHUCIOS
“El año pasado publicamos un informe que cifraba en 62.000 desahucios los que se habían paralizado, 62.000 familias que están todavía en sus casas gracias a la moratoria”, apostilló, al tiempo que indicó que la medida “está afectando a uno de cada cuatro desahucios, al menos el año pasado”.
En esta línea, exigió “una medida más estructural”, consciente de que los desahucios “siguen siendo a día de hoy una realidad y la moratoria es algo coyuntural”.
“Estamos en conversaciones con otras organizaciones sociales que trabajan en tema de desahucios y viviendas para hacer algo más colectivo”, resolvió.
