Comunidado de COESPE.
El Gobierno está transmitiendo informalmente a través de los medios de comunicación, que la subida de las pensiones se situará alrededor del 4% en 2024. Es una buena noticia que un gobierno en funciones aborde con claridad el compromiso de revalorizar las pensiones. Pero hay que destacar que al igual que el año pasado, esta información se ha puesto en circulación poco antes de que se produzca en Madrid el 28 de octubre una concentración estatal en defensa de los derechos de las y los pensionistas.
Queremos dirigirnos a la opinión pública para clarificar:
1) Aunque la subida es sin duda positiva, esta no cubre la totalidad del poder adquisitivo perdido los últimos años por la congelación de las pensiones que impuso el gobierno Rajoy, el IPC real está muy por encima de ese 4%. Además, se han anulado mecanismos compensatorios como la paguilla, que exigimos se restituya y mantenga.
2) Ante la Carestía de la vida, sigue teniendo total vigencia la exigencia que la recuperación del coste de la vida sea de pensiones públicas y salarios, no solo por una noción básica de justicia, sino porque si se degradan los salarios, aumenta el riesgo de dificultades para la Seguridad Social
3) Que sigue siendo necesario exigir el reconocimiento de que la pensión mínima sea como establece la Carta Social Europea al nivel del 60% del salario medio, al igual que el Salario Mínimo Interprofesional. Las pensiones no deben fijarse en relación a indicadores de pobreza, sino a indicadores salariales, como salario indirecto que son.
4) Las pensiones públicas no deben privatizarse. Imponer a través de convenios colectivos, el desvío de cotizaciones a fondos privados de pensiones, amenaza el sistema de la Seguridad Social al restarle ingresos y por otra parte sitúa en riesgo evidente el futuro a l@s implicad@s en estos fondos, dada la evidencia de su falta de rentabilidad y su altísimo riesgo de colapso, como se ha demostrado repetida y continuamente en todo el mundo.
5) Que el Gobierno debe cumplir la ley, y realizar un auditoria publica de las cuentas de la Seguridad social y dejar de privatizar sus propiedades (terrenos, edificios, etc.). El relato que el sistema es insostenible es puramente una campaña publicitaria para tratar de justificar su privatización y depredar el ahorro popular creado con las cotizaciones de la clase trabajadora durante decenios.
6) Que a pesar de que se use una retórica de igualdad de género en la prensa, siguen sin establecerse mecanismos efectivos para cerrar la enorme brecha de género que sufren las mujeres trabajadoras y pensionistas.
Por todo ello, ahora más que nunca es importante la movilización y organización. Han fracasado los intentos de dividir el movimiento pensionista o de neutralizarlo. Ni tan siquiera la COVID nos ha detenido, ni disuelto, pero ahora es necesario que el 28 de octubre participemos en la marcha estatal convocada en Madrid y el acto de la puerta del Sol. Hay que tener clara conciencia, de que el futuro de las pensiones públicas, depende de la movilización social de los sectores implicados.
También llamamos a las personas trabajadoras a defender los salarios ante el aumento del coste de la vida. Decenas de organizaciones de trabajadores del Estado español y Europa están expresando su solidaridad con nuestra movilización. Es necesario que la lucha por la distribución justa de la riqueza se extienda a toda la sociedad e imponga una nueva lógica que ponga por delante la defensa de los derechos sociales.
Mientras aumentan los beneficios de la banca y el IBEX, no podemos permitir que los derechos laborales y sociales se sigan degradando. Pero esto es lo que exigen el poder financiero y la Comisión Europea al nuevo Gobierno: Menos gasto social, más intereses para la banca (y más desahucios), más gasto militar, etc. Solo la movilización social puede alterar ese camino y ello exige compromiso colectivo, confluencia entre movimientos sociales y acción efectiva en la calle, los centros de trabajo y estudio y los barrios.
