Artículo de opinión de Bob Berstein, director de The Rivas Tribune
Hay momentos en la vida pública local que merecen ser enmarcados. No para colgarlos en la pared con admiración, sino para estudiarlos con la paciencia con que un entomólogo estudia un insecto raro: ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha comido? ¿Reproduce?
El artículo de Janette Novo, portavoz del Partido Popular en Rivas-Vaciamadrid, titulado Cuando el autoritarismo atropella los derechos fundamentales, es uno de esos momentos.
Conviene empezar por los hechos, que los hay, y que son reales. El Ayuntamiento sancionó a J.C.D.V.N., delegado sindical de CSIF. Un tribunal estimó su recurso por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. El Ayuntamiento, en lugar de asumir el varapalo, apeló la sentencia. Son datos verificables y merecen debate serio. Cuando una administración pública pierde en un tribunal por conculcar un derecho fundamental, la pregunta sobre la oportunidad de seguir litigando es legítima.
Hasta ahí, el territorio firme.
Lo que viene después es otra cosa.
Novo construye sobre esos hechos un edificio retórico de proporciones inverosímiles: «degradación democrática», «soberbia institucional», «mensaje de miedo», «ataque directo a las libertades públicas». El repertorio completo. Una sanción laboral anulada judicialmente —con apelación incluida, mecánica perfectamente ordinaria del Estado de Derecho— se convierte, en manos de la portavoz popular, en la antesala del absolutismo ilustrado.
Caben dos lecturas. La primera es que Novo cree genuinamente que Rivas-Vaciamadrid es una república bananera administrada por déspotas de chaleco de punto. La segunda es que sabe exactamente lo que está haciendo y simplemente lo hace bien. Ninguna de las dos lecturas resulta especialmente reconfortante.
El problema de fondo no es la denuncia en sí. Es la fuente.
Porque en esta redacción hemos tenido ocasión de analizar con cierto detenimiento a la derecha ripense, sus maneras, sus proyectos y su relación con el municipio que aspira a gobernar. Y lo que hemos encontrado no es una formación especialmente conocida por su devoción hacia los sindicatos, la acción colectiva de los trabajadores o la autonomía de los representantes de personal frente a las decisiones del empleador. El PP de Rivas —como el PP en general— ha construido su trayectoria sobre otros pilares. La autoridad. El orden. La gestión eficiente. La flexibilidad laboral como virtud cardinal.
Que esa misma formación descubra ahora la libertad sindical como si fuera un fósil precioso recién extraído del subsuelo de Covibar tiene una belleza casi geológica.
No se trata, nótese bien, de que la denuncia de la Sra. Novo sea mentira. Se trata de que el denunciante tiene un expediente propio en la materia que conviene no olvidar. El PP en otros municipios y comunidades autónomas donde ha gobernado —Madrid entre ellas, con cuya Comunidad el PP de Rivas mantiene una relación de afectuoso silencio cuando las cosas se ponen feas— no ha destacado precisamente por su delicadeza en el trato a los sindicatos incómodos. El argumento de que «llevan la contraria» habría sonado peculiar en más de una negociación colectiva.
La ironía tiene nombre técnico. Se llama indignación selectiva.
Hay además un detalle jurídico que merece atención antes de seguir inflamando el escenario. Novo presenta la apelación del Ayuntamiento como prueba irrefutable de autoritarismo. Pero apelar una sentencia no es esquivar la justicia. Es precisamente lo contrario: utilizarla. Las administraciones públicas, de todos los colores, defienden sus actos ante los tribunales. Lo hacen con dinero público, sí. También con dinero público se recurren sentencias en el PSOE de Rivas, en el PP de Madrid, en el Gobierno de España y en la práctica totalidad de las instituciones del país. Si la apelación fuera señal de tiranía, viviríamos en el régimen más tiránico y políticamente transversal del mundo occidental.
Lo que sí merece crítica es la actitud política, no la mecánica jurídica. Un ayuntamiento que pierde en primera instancia por vulneración de derechos fundamentales tiene buenas razones para revisar, además de apelar, si así lo deciden sus servicios jurídicos. Esa revisión es la que brilla por su ausencia en el relato oficial. Ahí la pregunta de Novo tiene sentido. El problema es que la formula enterrada bajo tanta hipérbole que el lector no sabe dónde están los hechos y dónde empieza la novela.
Y luego está CSIF, que en este episodio ocupa el papel de víctima silenciosa del relato. Conviene recordar que CSIF no es precisamente un sindicato de tradición combativa de izquierdas. Es el sindicato que más votos recoge entre los empleados públicos de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP. La misma Comunidad que el PP de Rivas se abstiene de mencionar cuando se habla de sanidad, de listas de espera, de climatización de colegios o de cualquier otro asunto que requiera señalar hacia Sol. El mismo CSIF que en múltiples ocasiones ha mantenido relaciones cordiales con administraciones del PP. Que ahora el PP de Rivas lo eleve a mártir de la democracia en manos de la izquierda ripense tiene esa clase de elegancia que solo produce el oportunismo bien ejecutado.
Nada de esto, insistimos, invalida el hecho concreto: si hubo vulneración de libertad sindical, es un asunto serio. Pero la seriedad del hecho no se transmite por contagio a quien lo instrumentaliza.
Escribimos hace poco sobre la derecha bonsái de Rivas: pequeña, ornamental, más cómoda en la queja que en la propuesta, más hábil denunciando que gobernando. Este artículo de Novo es una ilustración en movimiento de aquel diagnóstico. No porque denuncie, que es su función y su derecho. Sino porque denuncia exactamente de la manera en que una oposición que lleva dos décadas sin proyecto aprende a denunciar: con maximalismo retórico, indignación calculada y total indiferencia por las contradicciones propias.
El autoritarismo existe. Ocurre en sitios reales, a personas reales, con consecuencias reales que no caben en un artículo de opinión para consumo electoral. Usarlo como título para describir una apelación judicial de un ayuntamiento de izquierdas no es denunciar el autoritarismo. Es devaluarlo.
Y eso, en tiempos en que el autoritarismo de verdad ha vuelto a poner los pies encima de la mesa en medio mundo, es un lujo que el lenguaje público no puede permitirse.
Aunque suponemos que eso también le importa menos de lo que parece.
