Artículo de opinión de Víctor Reloba, director de Zarabanda.
A los Estados les gusta pensar en sí mismos como el Leviatán, la figura metafórica que popularizó Hobbes. Estados omnipresentes, eficaces y poderosos, capaces de proteger. Pero luego está el Estado realmente existente cuando se trata de la dependencia y la discapacidad: un “Leviapatán”, grande en normas pero torpe —y a veces cruel— en su ejecución.
Estas semanas atrás hemos visto un caso que lo ejemplifica bien, lo contaba la joven Sheila Jiménez a varias televisiones andaluzas. Ella explica que su madre solicitó en 2018 una ayuda para la dependencia para su abuela, pero la mujer falleció dos años después (2020) sin haber recibido la ayuda y sin haber recibido siquiera una respuesta. Seis años después, este 2026, ella y su madre recibieron una carta de la Junta de Andalucía en la que les informaban de que iban a proceder a “suspender” esa prestación…que nunca llegó, en primer lugar. La burocracia a veces no solo llega tarde: llega cuando ya no tiene sentido, causando más dolor.
No es una anécdota, sino un síntoma de un problema mucho más extendido. En España, cada 16 minutos muere una persona en lista de espera de dependencia, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Solo en 2025 fueron 32.704 personas.
Actualmente, según el informe, hay más de 258.000 personas esperando en el sistema de dependencia: unas esperan a que se reconozca su derecho (el plazo medio de resolución roza los 341 días), mientras que otras esperan a recibir atención efectiva, pese a haberse reconocido su derecho.
Cuando la ayuda por fin llega, suele traducirse en prestaciones de apenas 264 euros mensuales. Un modelo que, en la práctica, descarga el peso del cuidado en las familias (en las mujeres de las familias, frecuentemente), mientras el Estado se limita a certificar la necesidad.
Ese “Leviapatán” no solo es lento: está, además, profundamente desconectado de la realidad. Hace un tiempo, a mi suegro pretendieron desde el Ayuntamiento hacerle renovar su certificado de discapacidad. Él, con ironía, respondió que si se le curaba la pierna no se preocupasen, que el milagro saldría en las noticias. No pedía nada extraordinario: solo aquello a lo que tenía derecho, sin tener que enfangarse en papeleo cada dos por tres. Pero el sistema parece diseñado para sospechar del ciudadano antes que para protegerlo.Y mientras tanto, hay quienes ni siquiera han sido reconocidos, como mi suegro y quienes han padecido su misma situación. La Plataforma Niños de la Polio lleva años reclamando una indemnización a un Estado que nunca resarció a las víctimas de una negligencia médica masiva durante el franquismo: más de 50.000 niños afectados, unos 35.000 supervivientes hoy. Décadas después, siguen esperando.
Como dice mi suegro Nino Olmeda, fueron esas familias las afectadas porque las escasas vacunas de la polio “las repartía Falange, y en mi casa no sé cantaba el Cara al Sol”. Otra lista de ciudadanos y ciudadanas, otro silencio por respuesta. Otro ejemplo de cómo la reparación también puede convertirse en una promesa vacía.
En ese contexto de abandono estructural es donde empiezan a aflorar situaciones límite. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, lo ha señalado con claridad al pedir una reforma del Código Penal tras un caso en el que una cuidadora fue absuelta pese a desatender gravemente a un hombre dependiente, que murió mientras la cuidadora le vaciaba las cuentas bancarias. La sentencia es correcta, en estricta aplicación de la legislación: absuelta. El problema es la propia ley, afirma el mismísimo juez, ya que no atribuye la misma protección a esa persona con discapacidad física que la que hubiera tenido una persona con discapacidad intelectual, donde la sentencia hubiera sido distinta.
Es decir, el delito de abandono existe en nuestra legislación, pero se nos olvidó aplicarlo a las personas con discapacidad física en situaciones de extrema vulnerabilidad. Un fallo estructural: si no encaja en que los menores o personas con discapacidad intelectual sean los afectados, impunidad.
El diagnóstico es doblemente inquietante. Por un lado, un sistema de dependencia que llega tarde o no llega —y que, en el camino, deja morir a miles de personas esperando una ayuda reconocida—. Por otro, un marco legal incapaz de responder cuando ese abandono adopta formas más graves. El Estado falla en el cuidado y falla en la protección.
Y en medio, las personas. Mayores, dependientes, vulnerables. Convertidas en expedientes que caducan, en cartas que llegan a destiempo, en estadísticas que se repiten año tras año. Quizá el problema no sea solo reformar el Código Penal (nunca el castigo resolvió un problema social). Quizá el problema sea asumir que el modelo actual genera abandono por omisión. Que el Leviatán administrativo no es fuerte, sino lento. Y que, mientras tanto, las familias siguen haciendo lo que pueden —y a veces lo imposible— en un sistema que promete derechos, pero no garantiza los cuidados mínimos que permitirían a tantos de nuestros familiares y vecinos tener -simplemente- vidas dignas.
