Artículo de Manu Pineda, ex-eurodiputado y responsable de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida.
La permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte se ha convertido en un dogma político que apenas admite discusión pública. Durante décadas se ha presentado como un elemento estructural de nuestra seguridad y como una pieza natural de nuestra inserción internacional. Sin embargo, la realidad histórica y la evolución geopolítica contemporánea obligan a reabrir, con profundidad y valentía, un debate que en realidad nunca se debió cerrar. Hoy, pertenecer a la OTAN, implica asumir riesgos estratégicos crecientes, participar en una arquitectura militar orientada a la confrontación y sostener un modelo de seguridad que desvía recursos imprescindibles para la cohesión social y la transición ecológica. España debe salir de la OTAN porque su permanencia compromete nuestra soberanía, nos vincula a dinámicas de guerra y nos expone a peligros que no responden a decisiones democráticas propias.
La primera cuestión es histórica. La OTAN se funda en 1949. El Pacto de Varsovia se crea en 1955. La cronología demuestra que la alianza atlántica precede en seis años a la estructura militar del bloque socialista. La tesis según la cual la OTAN habría surgido como reacción defensiva frente al Pacto de Varsovia carece de base. Su creación responde a la voluntad de consolidar la hegemonía estadounidense en Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial y de integrar las estructuras militares europeas bajo mando norteamericano. Desde su origen, la OTAN organizó un bloque geopolítico con dirección estratégica estadounidense, articulando una relación de dependencia que ha condicionado durante décadas la política exterior y de defensa de los países miembros.
El final de la Unión Soviética abrió una oportunidad histórica para desmantelar los bloques militares y construir una arquitectura de seguridad compartida bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas. En lugar de avanzar hacia ese horizonte, la OTAN se expandió hacia el este, amplió sus misiones y redefinió su doctrina para intervenir más allá de su ámbito territorial original. Las operaciones en Yugoslavia, Afganistán y Libia evidenciaron una práctica de proyección militar que dejó Estados desestructurados, millones de desplazados y regiones enteras sumidas en la inestabilidad prolongada. Esa trayectoria consolidó una lógica de intervención que trasciende la defensa territorial y configura un instrumento de poder global.
En el presente, la situación se agrava. Como era de prever, la invasión rusa de Ucrania en 2022, ha sido el argumento utilizado para convertir el incremento del gasto militar en prioridad estratégica en el seno de la OTAN y de la Unión Europea. El compromiso del 2 % del PIB ha dado paso a objetivos del 3,5 % e incluso del 5 % para 2035, acordados en la cumbre de La Haya. Estas cifras implican una transformación estructural de las economías europeas. Alcanzar esos niveles de gasto supone destinar centenares de miles de millones de euros a armamento, financiar esa expansión mediante deuda pública o recortes presupuestarios y consolidar una economía orientada al complejo militar-industrial. El debate ya no gira en torno a ajustes marginales, sino a la reconfiguración del modelo productivo y social.
El argumento según el cual el rearme impulsa el crecimiento y el empleo carece de respaldo sólido. La literatura crítica en economía política ha demostrado que la inversión en sectores civiles como sanidad, educación o transición energética genera mayor número de puestos de trabajo y mayor valor social por unidad invertida que la industria militar. El armamento no circula en el mercado como bien de consumo, su demanda depende casi exclusivamente de decisiones estatales y su producción absorbe recursos que podrían fortalecer la economía productiva y los servicios públicos. Convertir el gasto militar en motor económico consolida una asignación ineficiente de recursos y desplaza prioridades sociales fundamentales.
La pertenencia a la OTAN también redefine la posición estratégica de España. La integración plena en la estructura atlántica implica aceptar objetivos de capacidades decididos en marcos opacos, asumir compromisos operativos bajo mando multinacional y albergar infraestructuras clave para la proyección militar estadounidense. Las bases de Rota y Morón constituyen nodos estratégicos de operaciones globales. En un contexto de creciente escalada bélica, esas instalaciones sitúan nuestro territorio en el mapa de cualquier escalada. La seguridad del país queda vinculada a decisiones estratégicas adoptadas fuera del control democrático español.
Esta vulnerabilidad se acentúa bajo el liderazgo actual de Estados Unidos. La OTAN funciona con una clara asimetría de poder en favor de Washington. Bajo la presidencia de Donald Trump, la política exterior estadounidense ha intensificado el uso de la presión económica, la amenaza militar y el recurso a bombardeos en distintos escenarios internacionales. Las tensiones diplomáticas con aliados formales como Dinamarca en relación con Groenlandia o con Canadá evidencian que la alianza no funciona como espacio de simetría política, sino como estructura jerárquica. Cuando la dirección estratégica depende de un liderazgo imprevisible y unilateral, la pertenencia a la alianza incorpora un componente adicional de riesgo.
La dimensión democrática resulta igualmente central. La permanencia de España en la OTAN se apoya en el referéndum de 1986, celebrado bajo fuertes presiones internacionales y condicionado por compromisos políticos que posteriormente han sido incumplidos. Cuatro décadas después, una generación entera no ha podido pronunciarse sobre esta cuestión. En este periodo el mundo ha cambiado profundamente: el fin de la Guerra Fría, la expansión de la alianza, las intervenciones exteriores, las crisis económicas, la emergencia climática y la actual transición geopolítica configuran un escenario radicalmente distinto al de 1986. Mantener indefinidamente una decisión adoptada en aquel contexto erosiona la legitimidad democrática.
La pertenencia a la OTAN compromete además la orientación de la política exterior española. Las decisiones estratégicas fundamentales se alinean con prioridades atlantistas que nada tienen que ver con el interés general de nuestra sociedad. El aumento del gasto militar exigido por la alianza presiona sobre el presupuesto público en un momento en el que lo que se necesita y demanda la ciudadanía es inversión en sanidad, educación, vivienda, cuidados y transición ecológica. La arquitectura militar atlantista consolida una concepción de la seguridad basada en el matonismo, la imposición por la fuerza y el desprecio al derecho internacional y a la Carta de la Naciones Unidas, mientras las amenazas que afectan directamente a la población (crisis climática, desigualdad, precariedad energética…) requieren cooperación internacional, diplomacia activa y fortalecimiento del multilateralismo.
España dispone de la capacidad política y jurídica para redefinir su posición. La salida de la OTAN permitiría recuperar soberanía plena en defensa, cerrar las bases militares extranjeras y reorientar recursos hacia prioridades sociales. Abrir un proceso democrático que culmine en un referéndum vinculante otorgaría legitimidad a la decisión y fortalecería la cultura política participativa. La construcción de una seguridad compartida en Europa pasa por iniciativas de distensión, acuerdos de control de armamentos y diplomacia sostenida bajo el marco de Naciones Unidas, no por la consolidación de una economía de guerra permanente.
La OTAN surgió como instrumento de bloque en un contexto histórico determinado. Su evolución posterior la ha convertido en una estructura expansiva que opera más allá de la defensa territorial y que impulsa un rearme de dimensiones inéditas en Europa. Bajo la dirección de Estados Unidos y en el actual escenario de expansionismo imperialista neofascista, la alianza incrementa la exposición estratégica de sus miembros y condiciona su política exterior. España necesita abrir un debate profundo y asumir una decisión soberana. La seguridad real de nuestra sociedad se construye con democracia, cooperación internacional y justicia social. Permanecer en la OTAN nos inserta en una dinámica de confrontación que compromete ese horizonte.
