El colectivo DigniMad denuncia el «limbo laboral» de cientos de jóvenes investigadores.
La Comunidad de Madrid ha decidido suspender la convocatoria de ayudas predoctorales para el año 2025, una medida que supone un recorte de 29 millones de euros en la financiación de la ciencia pública regional. Esta decisión paraliza de facto el inicio de 250 tesis doctorales, dejando a cientos de jóvenes investigadores en una situación de incertidumbre laboral y académica.
Un «limbo laboral» para el talento joven
La suspensión de estas ayudas, vitales para el inicio de la carrera científica, ha encendido las alarmas en el sector. La asociación Dignidad Investigadora Madrid (DigniMad) ha denunciado que esta maniobra empuja a los aspirantes a doctorado a un callejón sin salida: se ven obligados a trabajar gratis, encadenar empleos precarios ajenos a su formación o, en el peor de los casos, abandonar la investigación.
«Forzar dos años sin salario es forzar la salida del sistema», alertan desde las plataformas de afectados. La normativa actual establece un límite de siete años para completar la tesis a tiempo parcial, una carrera de obstáculos que se vuelve inviable sin el respaldo económico de un contrato predoctoral.
Madrid pisa el freno frente a la inversión estatal
El recorte regional contrasta drásticamente con la tendencia nacional. Mientras la Puerta del Sol congela sus fondos, el Gobierno central ha reforzado su apuesta por el talento científico. En 2026, el Estado destinará 124 millones de euros a los contratos de Formación de Profesorado Universitario (FPU) —un 74% más que en 2018— y ya invirtió más de 154 millones en el programa de Formación de Personal Investigador (FPI) durante el ejercicio anterior.
Consecuencias para el futuro científico
Para el tejido universitario madrileño, esta decisión no es solo un ajuste presupuestario, sino un mensaje político que cuestiona la prioridad de la ciencia en la agenda de la Comunidad. La paralización de estos 250 contratos no solo afecta a los individuos, sino que debilita los grupos de investigación de las universidades públicas, que pierden mano de obra cualificada y capacidad de innovación a medio plazo.
Los afectados exigen a la Consejería una rectificación inmediata y un calendario claro que garantice que no se pierda una generación completa de científicos en la región.
