Denuncian que se ha mantenido “un privilegio de raíz franquista” que permitió a la Iglesia inscribir bienes sin acreditar su propiedad.
A cincuenta años de la muerte de Francisco Franco, la coordinadora estatal Recuperando ha denunciado que España sigue arrastrando “una herencia jurídica del nacional-catolicismo” en materia de patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, según un comunicado difundido el pasado martes.
La organización recuerda que, hasta 2015, los obispos pudieron inscribir fincas, viviendas, plazas, ermitas o casas rectorales con una simple certificación episcopal, sin necesidad de título de propiedad. “La firma episcopal actuaba como llave maestra del Registro”, señala el documento, que subraya que este mecanismo se mantuvo intacto incluso después de la Constitución de 1978, que proclamó la aconfesionalidad del Estado.
Según la coordinadora, este atajo registral ha permitido a la Iglesia inscribir más de 100.000 bienes desde 1946, buena parte de ellos en periodo democrático y, en muchos casos, vinculados a usos comunales o al patrimonio público local. Además, recuerdan que la reforma de 1998 aprobada por el Gobierno de José María Aznar amplió el alcance del sistema para incluir lugares de culto como catedrales, basílicas y monumentos históricos. “Algo que ni siquiera el franquismo había hecho”, afirman, citando ejemplos como la Mezquita de Córdoba o el prerrománico asturiano, hoy registrados a nombre de la Iglesia.
Aunque la reforma hipotecaria de 2015 eliminó la certificación eclesiástica para el futuro, la coordinadora critica que se blindaran todos los efectos pasados. “No hay nulidad de oficio. No hay revisión general. No hay asunción de responsabilidades”, denuncia el comunicado, que acusa a todos los gobiernos de haber “mirado hacia otro lado” durante décadas.
Recuperando reclama dos medidas para afrontar el problema: transparencia total y revisión jurídica. “Es necesario que se conozcan con detalle todas las inmatriculaciones realizadas desde 1946”, señala la organización, que también exige “declarar nulas de pleno derecho todas las inmatriculaciones realizadas desde 1978 basadas en estas declaraciones” episcopales.
El presidente de la coordinadora, José María Rosell Tous, afirma que no se cuestiona el uso religioso de los bienes, sino su apropiación sin acreditar dominio: “Lo que se cuestiona es la apropiación privada, mediante un privilegio excepcional, de bienes que han sido financiados, mantenidos y vividos como patrimonio común”.
