El nuevo reglamento Verifactu entra en vigor con el reto de digitalizar a millones de autónomos y pymes aún anclados al papel.
Hoy martes entra en vigor la obligación para todos los desarrolladores de software de facturación -unas 30.000 empresas en España, según el Instituto Nacional de Estadítica (INE)- de adaptar sus programas al reglamento técnico aprobado por la Agencia Tributaria, conocido como Verifactu.
Una norma para todos, pero una preparación desigual
Se trata de una norma clave para la digitalización fiscal del tejido empresarial español que afectará a todas las facturas y facturas simplificadas emitidas por más seis millones de autónomos y pymes, según el experto en digitalización TeamSystem.
Este cambio normativo, enmarcado en la Ley Antifraude, se aplicará en dos fases: desde enero de 2026 para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades y desde julio de 2026 para los autónomos.
Falta de digitalización y costes ocultos: el precio de no adaptarse a tiempo
Sin embargo, la realidad del empresariado español está aún lejos de cumplir con estos requisitos. Según un informe elaborado por TeamSystem, junto a la consultora Materia Prima, más del 60% de los autónomos de España sigue facturando a mano, con papel, boli o Excel. Además, el 46,4% de los negocios esperará a ver cómo se adaptan otros antes de actuar, y un 38% lo dejará para el último momento.
La brecha digital continúa siendo un freno: el 50% de los negocios no muestra interés en contratar un software de facturación, y entre quienes ya lo utilizan, el 28% ni siquiera conoce la marca del programa que usa. Esta falta de digitalización genera un coste oculto estimado en más de 3.600 millones de euros al año por errores, duplicidades y tiempo improductivo.
Para apoyar esta transición, el programa Kit Digital, financiado con fondos europeos, ofrece ayudas a la implantación de herramientas digitales de gestión y facturación, especialmente dirigidas a autónomos y micropymes.
Desde TeamSystem recuerdan que el uso de software adaptado será obligatorio y que el nuevo reglamento prohíbe expresamente los programas de doble uso, es decir, aquellos que permiten manipular facturas o llevar contabilidades paralelas. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 50.000 euros.
