En estos días de confinamiento forzado y prolongado durante semanas, es más fácil entender el drama que sufren algunas comunidades campesinas en países como Colombia donde el respeto a los Derechos Humanos está más que cuestionado. Comunidades que viven confinadas en sus territorios históricos de cultivo, rodeados por actores armados en conflicto que cuestionan el derecho a la propiedad comunal de sus tierras, su movilidad y hasta su propia existencia física, este es el caso de la Comunidad de Paz de San José en el corregimiento de Apartadó en Antioquia al norte de Colombia.

Desde hace más de 15 años el municipio de Rivas a través de la asociación XXI Solidario y en colaboración con su Ayuntamiento viene dando testimonio de su compromiso con esta Comunidad que a lo largo de los 23 años de existencia ha desarrollado un proceso de resistencia civil no violenta en defensa de su territorio y su forma de vida comunitaria. Así se ha plasmado en una acción continuada, incluidas varios comunicados aprobados en el Pleno Municipal.  

Rechazando el uso de la violencia y manteniéndose neutral en el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años, se han convertido en referente su modelo de búsqueda de la paz galardonado por diversos organismos, entre ellos el Parlamento Europeo. Este proceso los ha llevado a ser objeto de amenazas, agresiones y más de 300 muertos, entre ellos la masacre ocurrida en 2005.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, la situación de violencia en la región y en general el respeto a los Derechos Humanos en el país no ha mejorado. Así dan testimonio la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH), en su Informe anual de 2019 Situación de los derechos humanos en Colombia[1] registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada desde 2014; así como 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

En este contexto, es de especial importancia para la Comunidad de Paz la vigilancia activa que se hace de su situación por parte de organizaciones internacionales, representantes políticos y autoridades, manteniendo vivo el interés por la defensa de los DDHH en la zona.

Sobre la situación de confinamiento histórico antes indicada, se ha venido a sumar la amenaza producida por el COVID 19 que impide completamente sus desplazamientos, les mantiene confinados en sus territorios y dificulta enormemente el acompañamiento que desde otros países se viene realizando.

La Red Europea de Apoyo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia) que coordina el apoyo internacional a su causa, ha elaborado una Declaración enviada al gobierno de Colombia en la que llama a las autoridades nacionales e internacionales a prestar especial atención a la Comunidad de Paz, monitorizando la situación en la región a fin de evitar hechos de violencia y amenazas que se puedan presentar por parte de actores armados quienes se pueden aprovechar de esta situación excepcional de confinamiento.

Once municipios europeos, de Bélgica, España e Italia han firmado esta Declaración, entre los que se encuentra Rivas.  Con orgullo comprobamos que nuestro Ayuntamiento ha demostrado, una vez más, su compromiso con los Derechos Humanos de forma contundente adhiriéndose a la Declaración. La firma de las instituciones y los representantes políticos es importante para la Comunidad de Paz ya que tanto el gobierno de Colombia, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a quien va dirigida, tendrán presentes que no solo organizaciones civiles están vigilantes, sino que también ayuntamientos europeos están comprometidos en la defensa de sus derechos. 

Las instituciones son elegidas democráticamente por los ciudadanos que las componen y desde XXI Solidario creemos que debemos sentirnos orgull@s del compromiso que este ayuntamiento y sus vecin@s demuestran.

XX1 SOLIDARIO


[1] https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2019-ES-2.pdf

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