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Las cooperativas en derecho de uso se reivindican como una alternativa al problema de la vivienda

una alternativa al problema de la vivienda

Trece proyectos componen esta coordinadora de viviendas cooperativas.

Hace poco más de un año surgió la Coordinadora de viviendas cooperativas en derecho de uso de Madrid para aglutinar a los 13 proyectos presentes en la Comunidad de Madrid y así poder aunar fuerzas en la tarea de dar a conocer este incipiente modelo en nuestro país, pero que representa aproximadamente la tercera parte del parque de vivienda en ciudades como Copenhague o a más de 35.000 familias en Uruguay gracias a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua (FUCVAM).

Después de presentarse en sociedad el pasado septiembre para reivindicarse como una alternativa al problema de la vivienda frente a las Administraciones públicas en un acto en Rivas que despertó mucha expectación, tanta que hubo gente que se quedó sin poder entrar, y donde se reunieron representantes públicos de todo el Estado, ya fuese de Administraciones locales (como la propia Alcaldesa de Rivas o representantes del Ayuntamiento de Barcelona) como Autonómicas (la Comunidad de Madrid o la Generalitat Valenciana), el pasado sábado 2 de marzo se presentaba el modelo a otros movimientos sociales de vivienda. En un éxito de convocatoria citando a alrededor de 100 personas en el Ateneo La Maliciosa, se debatieron puntos en común y unidad de acción con integrantes de colectivos de vivienda como la PAH de Vallecas, la Asamblea de vivienda de Usera-Villaverde y el Sindicato de Inquilinas/os, junto a cooperativas de vivienda en derecho de uso como Entrepatios o Sostre Cívic y analistas como Pablo Carmona, autor de La democracia de propietarios: Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda.

Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda

La ley 12/2023 ha supuesto un hito legislativo ya que ha desarrollado un derecho constitucional, el expuesto en el artículo 47 de la Constitución de 1978, que ha costado nada menos que 45 años en conseguirse, si bien no ha colmado las expectativas que muchos de los movimientos de vivienda tenían en la tan esperada ley. Por parte de colectivos como la PAH, se critica que la ley no sea tajante en acabar con los desahucios de personas vulnerables sino que en su articulado se hable más de moratorias, suspensiones temporales, aplazamientos o prórrogas.

Otras críticas tienen que ver con a quién van dirigidas las principales medidas implementadas con la ley que, no olvidemos, fue una de las medidas acordadas por el Gobierno español con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos Next Generation EU y que tuvieron su traducción en nuestro país en el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En palabras de Pablo Carmona “esto representa inyectar más de 6 mil millones de € para fomentar un sistema de financiación publico-privado dirigido principalmente a las clases medias, gracias entre otras medidas a una línea de créditos del ICO para financiar 50.000 avales públicos para que se puedan hipotecar jóvenes y familias con menores a cargo que cuenten con ingresos individuales máximos de hasta 37.800 € brutos al año o del doble si la adquisición es por parte de dos personas (cifras muy alejadas del umbral de la pobreza). Esto hace que en torno al 20-30% más pobre de la sociedad española siga en una situación similar a la previa a la promulgación de la ley, pero que se afiance la sociedad de propietarios estructurada en torno a las hipotecas y, por lo tanto, a la propiedad de la vivienda”.

Derecho de uso y alternativas de vivienda

El derecho de uso es un modelo intermedio entre la compra y el alquiler, donde la propiedad es de la cooperativa pero el uso de la vivienda se cede a la persona socia que la habita. “Mientras que otras de las características del modelo como la sostenibilidad medioambiental o la proliferación de espacios comunes en los edificios han sido integradas en mayor o menor medida por el modelo económico capitalista para asegurar su pervivencia”, en palabras de Berta Iglesias, integrante de la cooperativa Entrepatios, “el derecho de uso es lo único de este modelo cooperativo no aceptable por el sistema capitalista porque le resulta inasumible pagar por algo que no es propio”.

Frente al modelo de “sociedad de propietarios” tan implantado durante generaciones, el derecho de uso se abre paso poco a poco como alternativa frente a la especulación inmobiliaria tan presente en la cultura política de nuestro país, y que tuvo su máxima expresión en el “boom del ladrillo” que comenzó a finales de los 90 y duró hasta el pinchazo de 2008 y la posterior crisis económica que dio lugar al rescate de numerosas cajas de ahorro. Fruto de esta nacionalización, surgió en 2012 la SAREB, acrónimo de Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A, mediante el acuerdo entre las autoridades españolas y europeas para crear una sociedad que se encargara de vender y gestionar los préstamos e inmuebles de las entidades financieras rescatadas. Es en este contexto donde surge la Obra Social de la PAH, consistente en una campaña que persigue la reapropiación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. Esto quiere decir que las okupaciones del movimiento de vivienda ponen su objetivo en edificios propiedad de la SAREB o grandes propietarios, lo que supone poco a poco una legitimación de la okupación y desata una batalla cultural, que dura hasta hoy día, en torno a lo que engloba o no el término. Para Berta Iglesias, el futuro del movimiento de vivienda “se enfrenta a la gran disyuntiva que supone la decisión definitiva sobre el futuro de la SAREB que se debe tomar en 2027 (la ley dispone que se tomará esa decisión a los 15 años de su creación), y que abre una ventana de oportunidad para afrontar el problema de la vivienda”.

Proyectos senior

Este es el caso de las personas mayores, aunque también de un supuesto aún poco explorado en este tipo de cooperativas como son las personas con discapacidad. La necesidad de no suponer una carga para sus familiares (debido a los altos precios de las residencias privadas y a las dificultades de entrar en las públicas), unido al deseo empoderador de vivir activa y solidariamente la vejez, hacen que las soluciones centradas en las viviendas colaborativas senior estén ganando gran popularidad. En palabras de Paco Osorio de la cooperativa La Corrala de Rivas, “la cesión de uso también es una solución, quizá la mejor, para las personas mayores (senior) que no tienen cabida ni quieren ser institucionalizadas ni tuteladas en residencias o centros “de mayores”, ni desean vivir solas, en una soledad no deseada, y que encuentran en las cooperativas en cesión de uso una alternativa al modelo actual de residencias de mayores”.

“Es interesante producir sinergias y generar espacios comunes de trabajo y lucha, que de hecho ya están germinando en Cataluña en torno al cooperativismo y las soluciones habitacionales en cesión de uso de poblaciones vulnerables” continúa Osorio. Ya en 2013, la PAH y el observatorio DESC alertaban de que aproximadamente un tercio de los desahucios tenían como afectadas a personas mayores de 65 que normalmente habían avalado la hipoteca de sus descendientes y quedaban en la vulnerabilidad más absoluta, tanto económica como emocionalmente, algo poco tratado en los informes de vivienda hasta esa fecha y que resulta muy novedoso al visibilizar los graves problemas de salud mental de las personas desahuciadas.

Entre la autogestión y las demandas a la Administraciones

Frente a la lógica imperante entre las Administraciones del impulso de políticas públicas enfocadas a la “construcción de más vivienda como forma de que aumente la oferta y así abaratar el precio de la vivienda, cosa que no ocurre” como afirma Pablo Carmona, unido a beneficios fiscales o de fomento (subvenciones) con que las que cuentan las hipotecas, las cooperativas de vivienda en derecho de uso se enfrentan aún al ninguneo por parte de unas Administraciones que demuestran una vez más que las demandas y luchas sociales siempre van por delante de lo institucional y que las pocas ayudas anunciadas quedan, por ahora, en algo prácticamente propagandístico.

José Téllez, de Sostre Cívic apunta una diferencia sustancial entre los diferentes ritmos a los que se se mueve el modelo en Cataluña, y en concreto en Barcelona, frente a Madrid y que no tiene sólo que ver con el color político en esos territorios durante los últimos años, sino que reviste especial relevancia la “tradición cooperativista catalana, que nace de las luchas obreras del siglo pasado y, más recientemente, de las que se dan frente al Régimen Franquista”. En este punto es importante resaltar el caso de La Borda, en Barcelona: Can Batlló es una antigua zona industrial de mediados del siglo XIX, situada en el distrito de Sants-Montjuïc, con larga tradición cooperativista. Las dependencias de esta antigua fábrica fueron declaradas por el Plan General Metropolitano de 1976 como dotacionales, pero aún en el año 2011, la transformación del recinto estaba bloqueada, tanto por la inmobiliaria Gaudir como por las Administraciones implicadas, con lo que un grupo de vecinas y vecinos decide protestar okupando el recinto para poner en marcha lo que el Consistorio no ha tenido voluntad de hacer hasta ese momento. Como medida para aliviar la presión social frente al Alcalde entrante, Xavier Trías, el espacio se cede al barrio y se aborda un proceso participativo que culmina con la construcción de un edificio perteneciente a la cooperativa La Borda, entre otros proyectos, reflejado jurídicamente como una cesión de superficie del Ayuntamiento por 75 años, siendo la primera cooperativa de vivienda en derecho de uso en el Estado que se beneficia de una cesión de superficie. Esto les permite reducir costes e introducir además una cuota de vivienda protegida verdaderamente integrada en el vecindario.

Nexos de unión y esperanza en el futuro

La necesidad de ampliar la base social del cooperativismo en derecho de uso y de buscar alianzas con otros movimientos de vivienda deberá basarse en que “el nexo de unión entre ambos es la no propiedad”, en palabras de José Téllez, y que puede significar el primero de los pasos para una colaboración en Madrid similar a la que se ha dado en Cataluña entre Sostre Cívic y el Sindicat de Llogateres, representando la primera a 1400 y la segunda a 3000 personas socias. Esta colaboración presumiblemente sólo puede triunfar si se da desde la confluencia de las luchas cotidianas por la vivienda. En palabras de Pablo Pérez del Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, “no queremos ser inquilinos toda la vida pero tampoco aspiramos a ser propietarios, cooperativizar bloques de viviendas donde tenemos conflictos sería un paso más y reforzaría las sinergias entre el cooperativismo y el sindicalismo de vivienda”. Aunque como contrapunto reconoce que queda mucho trabajo que hacer para cambiar la “mentalidad propietaria” que hace que les lleguen algunas personas que “tienen en el imaginario que cuando dejen de ser inquilinos y pasen a ser propietarios se acabarán sus problemas”.

Laura Pérez reivindica que al okupar una vivienda, “tenemos la cesión de uso en la práctica porque hemos usurpado la propiedad”, aunque reconoce que “vivir en comunidad a veces no resulta fácil con los problemas tan grandes que tienen algunas personas desahuciadas y que se ven avocadas a okupar viviendas”. Sonia, de la PAH de Vallecas, afirma que “es ilusionante poder plantearnos el derecho de uso como horizonte frente el alquiler social, que al final es una solución para pobres y que nos estigmatiza. Negociar con la SAREB la posibilidad de constituirnos como cooperativas con una gestión comunitaria de viviendas podría ser una buena reivindicación”.

Los 141 proyectos de cooperativas en derecho de uso (con distintos grados de madurez) presentes en distintas partes del Estado, según información de la Secretaría Técnica del Grupo de Vivienda de REAS, dan muestras del potencial aún embrionario del movimiento, si bien parece que el futuro de este dependerá en gran medida de la generación de modelos solventes económica y organizativamente y de las alianzas (de vivienda, pero también dentro del ecologismo, el feminismo, los centros sociales, las asociaciones barriales, etc) que logre tejer para conseguir ser un modelo esperanzador.

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