Transformar el I.C.O. en una banca pública

– Comunicado de la Plataforma por una Banca Pública –

          “España se enfrenta a un reto: aplicar la enorme cantidad de recursos provenientes de la Unión Europea al amparo del Plan de Reconstrucción Transformación y Resiliencia. Hay que normalizar la vida económica y hacer frente a desafíos previos: reindustrialización,  investigación y desarrollo, cambio climático, vivienda pública asequible en alquiler,  infraestructura socialmente necesaria, la España vaciada,  pequeñas empresas, etc.

Para poder utilizar con éxito todos esos recursos, nuestro país carece de un sector financiero que anteponga las necesidades colectivas a la rentabilidad privada a la hora de financiar a la economía.  Nuestro sector bancario constituye un mercado oligopolístico,  muy concentrado, que quizá puede hacer frente a la financiación de grandes proyectos pero que cada día tiene más dificultades para atender a los territorios periféricos, a las pequeñas y medianas empresas, a jóvenes emprendedores, a proyectos para promover la innovación  que, por definición, son arriesgados.

A diferencia de lo que ocurre con otros países, España no dispone de una banca pública; sólo dispone de un Instituto de Crédito Oficial (ICO) que no es un instrumento financiero suficiente para canalizar ese tipo de financiación, ya que es una institución limitada en sus funciones y de escaso tamaño. En 2019 su activo era de 32 mil millones frente a los 503 mil millones del KfW alemán, los 181 mil millones de la Caisse de Dépôts o los 386 mil millones de la Cassa Depositi e Prestiti.

Aunque entre sus objetivos se afirma que es un «instrumento de política económica para promover el crecimiento económico», es muy difícil que pueda llevarlo a cabo con su reducida capacidad crediticia: 20.626 millones de euros en 2019, lo que tan solo representa el 1% de los créditos totales concedidos por las entidades de depósito españolas, según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de 2020. El  ICO es una entidad sin oficinas, sin personal suficiente y supeditado a la banca privada, limitándose a ofrecer aval público (entre un 70-80%) a créditos que, en algunos casos, el banco privado tenía ya considerados como de riesgo y trasladando ese riesgo a las arcas públicas.

Para poder utilizar con éxito los recursos europeos, además de la banca privada,  es imprescindible que exista un organismo para que la financiación y la inversión fluyan también hacia todas las esquinas de la economía que dan retornos a medio y largo plazo; que atienda la financiación contracíclica para respaldar la recuperación en tiempos de dificultades y que financie con capacidad, rigor y prudencia a las administraciones públicas de menor nivel. Para actuar de forma proactiva, como un agente dinamizador de las mismas en colaboración con organismos locales o regionales,

Hay que garantizar que el ICO tenga un tamaño suficiente, aumentando sus sucursales y oficinas (al menos una por provincia) para acercarse a la España vaciada; contando con la colaboración de otros medios públicos, como Correos, que ya ofrece servicios financieros básicos; contratando personal capacitado e implicado con la misión de servicio público; cooperando con los organismos y agencias de inversión existentes en las Comunidades;  implantando una gobernanza eficiente que garantice una supervisión interna y externa cualificada y plural.

Con la instrumentación derivada de la llegada de fondos europeos, no hay excusa para no aumentar drásticamente sus consignaciones en los Presupuestos Generales del Estado, que incluso se ha reducido, pasando de 4 millones en 2018 a 1,1 millones en 2021.”

Eubilio Rodríguez Aguado