La presencia del PP en los gobiernos de la Comunidad de Madrid, ininterrumpida desde 1995, ha venido suponiendo una merma paulatina de servicios públicos que son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía. Lo hemos visto en ámbitos como la sanidad o la educación públicas, donde los recortes han dado paso a un estudiado sistema de desmantelamiento que va en detrimento de una gran mayoría social y en beneficio de unos pocos. Ésa es la esencia del neoliberalismo que se respira en la Comunidad de Madrid, donde vamos a tener un gran premio de Fórmula 1, pero no tenemos médicos en los centros de atención primaria.
Sin embargo, recientemente, el gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso se ha atrevido a dar un paso que resulta inédito en la historia democrática reciente de nuestro país: ya no les vale con recortar servicios, ahora también recortan derechos.
Sucedió a finales de diciembre. El gobierno del PP, con el rodillo de su mayoría absoluta y con la muleta eterna de Vox, utilizó un trámite de urgencia para dejar sin contenidos las leyes Trans y LGTBI que había aprobado la cámara autonómica en 2016 y que supusieron un extraordinario avance para los derechos del colectivo en nuestra región. La segunda de estas normas, la LGTBI, fue propuesta incluso por el Gobierno regional de Cristina Cifuentes.
Con los recortes perpetrados por el gobierno de Ayuso, que se ha propuesto adelantar a Vox por la (extrema) derecha, se pretende eliminar las referencias a la identidad de género y se vuelven a poner sobre la mesa los exámenes médicos, psicológicos o psiquiátricos para acceder a los tratamientos médicos, se vuelve a patologizar a las personas trans y se suprime la educación en diversidad, además de eliminar lo relativo a los protocolos de acoso escolar por transfobia o LGTBIfobia. Se han suprimido las acciones de fomento de la cultura del respeto y de la no discriminación, se ha eliminado la colaboración con entidades y asociaciones LGTBI y se ha suprimido el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid como espacio de participación ciudadana.
Es muy grave que esto suceda en pleno siglo XXI, cuando la sociedad española ha demostrado ser una sociedad abierta, tolerante y orgullosa de cuantos avances legislativos se han ido consiguiendo en beneficio de las personas LGTBI. Avances que, dicho sea de paso, han venido siempre de la mano de los gobiernos del PSOE. El matrimonio igualitario en 2005 o la ley que desde 2007 reconoce la identidad de género y el cambio de sexo registral, son un buen ejemplo de ello.
Hasta ahora, la derecha se aprovechaba de los derechos conseguidos por la ciudadanía, pese a mostrar siempre su rechazo frontal. Ahora ya no les basta con eso, ahora también los recortan y los destruyen.
