La práctica habitual de la derecha es que, si algo no se aprueba de acuerdo a sus intereses, inmediatamente lo lleva a los tribunales. Y lo peor es que la mayoría de las veces, los jueces terminan dándoles la razón o al menos minimizando las causas, relentizando los procedimientos a conveniencia, sobreseyendo delitos por prescripción u otras razones, etc.
“Hay un problema en España con la separación de poderes. Pero no es el Gobierno quien está invadiendo competencias que no le corresponden. Es el Poder Judicial el que pretende ejercer funciones que no son suyas, quien está haciendo política, quien está excediéndose en su papel”, comentaba I.Escolar.
Y es que los jueces se han visto ‘tan aupados’, con todo el poder de decisión en sus manos, que así se lo han creído. Hay quien opina que, directamente ‘la derecha política actúa coordinada con la derecha judicial”.
¿Por qué no quieren que se renueve la cúpula judicial? En todas las ocasiones en que el alto tribunal ha tenido dificultades para su renovación, ha sido coincidentemente cuando el PP es oposición. El Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano constitucional que nombra a todos y cada uno de los jueces del Tribunal Supremo. «Lo importante es controlar la Sala Segunda desde atrás», decía un dirigente del PP. A su vez es el T.S., quien nombra a los jueces del resto de las salas.
Cada vez que el PP pierde las elecciones, bloquea la renovación del Poder Judicial. Se sirve de estos para nombrar a más jueces afines en los puestos clave: en todas las salas del Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, en las presidencias de la Audiencias Provinciales, en las presidencias de sala de la Audiencia Nacional… Hasta ahora que se les ha prohibido. ¿Por qué los jueces no dimiten si su mandato ha caducado desde hace más de dos años y ya no tienen competencias?
El nuevo problema de esta política judicializada, es el de los indultos a los presos del ‘Procés’: los mismos que dictaron sus condenas, ahora opinan sobre los indultos, cosa que no deberían hacer porque esa es una prerrogativa del Gobierno. Y lo plantea como ‘medida propiciatoria de la resolución del conflicto catalán’, o sea como medida política. Que además cuenta con numerosos precedentes de índole variado (Barrionuevo, Vera, Tejero, Armada, etc.), casos en los que se defendió la medida de gracia por «conveniencia pública». La ley del indulto es de 1870. Ya entonces, siglo XIX, el legislador tenía clara una de sus principales funciones: solucionar problemas políticos.
Pero las derechas de este país han encontrado un nuevo motivo para batallar contra el Gobierno. No importa la solución del problema catalán, ni la estabilidad de España, tampoco que los presos han cumplido casi cuatro años de condena…, no importa la justicia, simplemente han encontrado otro argumento de desgaste. Por eso aclaman a ‘Santiago y cierra España’ contra los que quieres romper la patria, contra los indultos…, contra la inmigración, contra Pedro Sánchez y contra Pablo Iglesias, que sigue siendo el culpable de casi todo…
Ya lo hicieron contra el Estatut catalán. Aquella guerra, y el recurso que el PP presentó contra la reforma estatutaria en el Tribunal Constitucional, son parte fundamental en el auge independentista. Esperemos que España no vuelva a lamentar las consecuencias de la nueva campaña incendiaria de estos supuestos patriotas, cuya única alternativa es la confrontación y la fuerza. Quizás se les olvida que los indultos no son solo para los doce del Procés, lo son también para esa amplísima mayoría de los catalanes que están a favor de esta medida y muchos más del resto del país, que se manifestaron y que piensan que las condenas fueron desproporcionadas, muchos de ellos votantes otros partidos y contrarios a la independencia.
