“Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Esta es la definición que hace el Diccionario de la Lengua Española.

Por ampliar algo más el concepto y la práctica, toda organización mafiosa se dota de una estructura organizativa con distintos niveles o escalas, en los que la inferior se somete a la inmediatamente superior hasta llegar a la cabeza, que es el máximo responsable de la organización. La organización se nutre de las cuotas que imponen a ‘los administrados’ (por llamarlos de alguna manera), por unos supuestos servicios de uso, de protección o por adjudicaciones de trabajos por los cuales devuelven (previa o posterior) unas cantidades a modo de ‘mordidas’, ‘comisiones’, ‘aportaciones voluntarias’, etc.

Previamente, la organización mafiosa se ha infiltrado y colonizado los distintos estamentos del poder del Estado: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En ocasiones, agentes en estado de ‘letargo’ a la espera del control político único, y a veces activos según conveniencia.

En España existen varios tipos de mafia, autóctonas o importadas de otros países. Pero existe una organización, que muchos llamarían ‘mafiosa’, que impregna todas las estructuras sociales y políticas. La práctica habitual de esta organización desde hace treinta años al menos, ha sido, desde los estamentos más altos del poder político, negociar con los servicios públicos, la obra civil acometida desde los gobiernos (locales, autonómicos, nacionales…) y otros elementos susceptibles de comercialización. Muchos particulares y sobre todo empresas, han venido haciendo aportaciones a la organización en el poder, para que ésta les tuviera en cuenta a la hora de adjudicaciones administrativas. Aunque el procedimiento de la ‘mordida’ más frecuentemente se desarrolla al revés, determinados gestores de lo público adjudican trabajos a ciertas empresas, previo acuerdo de las cantidades que los adjudicatarios tendrán que aportar, a una caja B, de uso discrecional por determinada organización. Algunos ejemplos: las ITV en Cataluña, los hospitales de gestión privada en Madrid, las autopistas de pago, servicios públicos en concesión para explotación privada, etc.

Estos dineros recaudados, además de engrosar los bolsillos particulares de determinados ‘jefes’ de la organización, también son usados para ‘jugar con ventaja’ en las contiendas electorales, en creación o blanqueamiento de la imagen de marca, en la compra de determinados medios de comunicación o periodistas concretos, pagar servicios de dudosa legalidad, etc.

Pero toda organización mafiosa que se precie, tiene que disponer de una fuerza que asegure la consecución eficaz de los objetivos. En muchos casos son ‘matones’ los que se encargan de este trabajo discreto y en la sobra. En otros, es en las cúpulas más altas del poder político, desde donde se organizan estructuras paralelas cuyo cometido es, investigar, elaborar pruebas falsas incriminatorias, amedrentar y hasta llegar a soluciones de eliminación definitiva del sujeto considerado peligroso, si el interés o las causas lo requieren.

En el momento social actual, se dan circunstancias como: la absolución de todo delito de Cristina Cifuentes a pesar de haber sido demostrada la falsedad de los documentos; el bloqueo por un partido político de la renovación constitucional de la cúpula judicial; el anclaje y no dimisión de estos jueces después de más de dos años de mandato caducado; la judialización de hasta en 17 ocasiones de la actividad de Podemos, siendo sobreseídas todas; la sustitución de los dos únicos jueces progresistas en el caso de la Gurtel; el sobreseimiento de la destrucción de los discos duros y otras pruebas en la sede de un partido investigado; el acoso y derribo de Pablo Iglesias por ser un elemento incordioso; el amparo de los jueces de Madrid al cartel xenófobo de Vox contra los menas…, por poner algunos ejemplos ilustrativos.

Juzguen ustedes mismos sobre las coincidencias de una organización de características mafiosas.

 

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