Proteger a la gente, defender la paz

Documento ‘Nuevo escudo social y verde’ que busca hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Ucrania. Ante este escenario, consideramos que no deben de ser las familias las que sostengan las consecuencias de esta crisis por lo que es necesario reformar el sistema eléctrico para que sean los beneficios inmerecidos de las eléctricas los que se empleen para contener la subida del precio de la energía. Además, defendemos un nuevo pacto de derechos feministas y sociales, una nueva reforma fiscal y proteger el tejido productivo, especialmente a las PYMES y al sector primario

Introducción

España se enfrenta a una nueva crisis justo cuando las familias comenzaban a superar las peores consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia. Durante la COVID-19 hemos demostrado que se pueden aplicar políticas públicas valientes para proteger a la ciudadanía en tiempos de crisis y, ante la incertidumbre que provoca el actual escenario, pensamos que es necesario aprobar un nuevo escudo social y verde que proporcione certezas a la gente, proteja su bienestar reforzando los servicios públicos y avanzando en nuevos derechos, y acelere las transformaciones profundas que nuestro país lleva años postergando.

En Podemos creemos que el coste de esta crisis no puede recaer sobre la gente: es hora de que las grandes empresas y las grandes fortunas aporten lo que les corresponde. El nuevo escudo social y verde debe servir para aprobar una reforma fiscal progresiva que sostenga nuestro Estado del Bienestar y debe actuar con urgencia sobre los injustificables beneficios de las eléctricas, que en tiempos de guerra multiplican sus ganancias gracias a un mercado eléctrico diseñado a su medida y que impone a la ciudadanía facturas desorbitadas. También es necesario abordar nuestra dependencia energética del exterior, lo que nos obliga a acelerar cambios pendientes para afrontar el futuro con garantías.

El nuevo escudo social y verde representa una oportunidad para responder a la involución democrática que propugna la derecha con nuevos avances que mejoren la vida de la gente. Además de un pacto energético, es necesario un nuevo acuerdo que amplíe los derechos feministas y sociales y apueste decididamente por un sistema estatal de cuidados, aprobar ayudas a las pymes y al sector primario para que afronten con certidumbre las dificultades económicas, avanzar en políticas públicas que reflejen que España es un país de acogida y profundizar en nuestra calidad  democrática.

Frente a la apuesta por el individualismo y el fervor belicista de la derecha, sabemos que la mejor política es aquella que nos cuida y que nos permite seguir avanzando juntos y juntas. La solución a esta crisis no pasa ni por poner parches ni por aplazar una vez más los problemas de las mayorías sociales, sino por afrontarlos de forma decida y desde su raíz.

Asistimos a un shock económico, social y político causado por la guerra y las sanciones económicas contra Rusia, que conllevarán una reducción de las cantidades de gas y petróleo exportadas, un incremento de precios de los combustibles fósiles y una reducción de la oferta de otras materias primas (aluminio, cereales, fertilizantes, aceite de girasol, algunos semiconductores…), así como un avance de los planteamientos políticos más reaccionarios, que siempre se hacen más fuertes en las situaciones de conflicto bélico.

El shock económico va a tener un impacto negativo en todas las economías occidentales, fundamentalmente a través de un incremento de los precios de la energía y otras materias primas. Este incremento de precios reforzará las presiones inflacionistas. El incremento de los precios puede situar la inflación por encima del 6-7% en España durante el 2022 según diversas previsiones, e impactaría a través de dos vías sobre los hogares y empresas.

En primer lugar, el incremento de costes asociado a los mayores precios de la energía y otras materias primas, junto con la mayor incertidumbre, podría reducir el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. Si esta reducción es profunda y duradera, se podría llegar a cortocircuitar la recuperación económica y la creación de empleo. La posibilidad de que los bancos centrales aumenten los tipos de interés con el objetivo de frenar la inflación también puede conducir a alimentar esta espiral.

Las familias que tengan hipotecas pueden ver sensiblemente incrementada la mayor factura que pagan cada mes y las empresas tendrían muchas más dificultades para financiar sus operaciones. Por no hablar de que una subida en los tipos de interés podría tener efectos en el servicio de la deuda pública, dejando menos espacio a la inversión social, afectando a la capacidad de consumo de las mayorías sociales y contribuyendo al mismo círculo vicioso.
Pero, además de este impacto sobre el crecimiento y la creación de empleo, el incremento de precios de los combustibles fósiles tendrá una segunda consecuencia macroeconómica: un encarecimiento de nuestras importaciones con efectos sobre la distribución de la renta, en la medida en que el incremento de precios puede ser asumido de forma desigual por los márgenes empresariales y/o por las rentas del salario.

A los efectos macroeconómicos generales que tienen la capacidad de impactar en todos los sectores sociales y productivos, tenemos que añadir las disrupciones debidas al conflicto bélico que afectan a sectores específicos de la economía. Muy singularmente, Ucrania es uno de los principales productores de cereales, oleaginosas y proteaginosas de Europa, y buena parte de los piensos animales que España importa para mantener funcionando su sector ganadero provienen de este país. Asimismo, Rusia es uno de los mayores productores de las materias primas necesarias para fabricar fertilizantes, los cuales dependen fuertemente del precio del gas.

Todo esto, sumado al impacto del aumento de los precios de la energía que ya se venía produciendo, va a tener un impacto directo en nuestro sector primario, especialmente en las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas.

En este contexto, ¿Cómo debe proceder la política económica española ante el reto que supone la crisis de la guerra en Ucrania? La respuesta a esta pregunta es económica, pero también es social y política. Hay que tomar medidas para proteger la economía, hay que actuar para evitar que las personas más vulnerables paguen el coste de la guerra y hay que desarrollar avances políticos y democráticos que frenen la involución en derechos que toda guerra corre el riesgo de alimentar. Este documento pretende hacer propuestas concretas y valientes en este sentido:

  • En primer lugar, es crucial adoptar las medidas necesarias para mantener y apuntalar la recuperación y la creación de empleo. España no ha utilizado hasta el momento el tramo de créditos disponible vinculado al Next Generation EU, habiendo utilizado únicamente el tramo de transferencias. Sumar a los 69.000 millones de transferencias de la UE un segundo tramo de similar entidad ayudará a reforzar el potencial de crecimiento de nuestra economía. Valga como ejemplo Italia: su paquete de expansión fiscal duplica al de España.
    • Es necesario prorrogar todas las medidas del escudo social que se puso en marcha para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, como por ejemplo la prohibición de cortar los suministros básicos o la suspensión de los desahucios, y también recuperar algunas que han decaído recientemente, como las prórrogas a los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos y evitar subidas abusivas.
    • El Estado tiene que dar de nuevo un paso al frente, como lo hizo durante la pandemia, para construir un nuevo escudo social y verde que proteja a hogares y empresas. Este nuevo escudo debe contar al menos con los siguientes ejes:

1) Plan de Emergencia Energético

  • En primer lugar, es el momento de sacar el gas del mercado marginalista y fijar su precio de otra manera, evidentemente garantizando la viabilidad económica de las centrales de gas que tienen que estar disponibles para satisfacer la demanda. No puede ser que en un momento de crisis internacional de los precios del gas, fruto de una guerra, el conjunto de precios eléctricos del país estén fijados con un mecanismo marginalista que retribuye a los precios del gas a la hidroeléctrica y la nuclear.
  • El año 2021 ha sido un año de beneficios extraordinarios para las empresas energéticas, y la subida de precios previsiblemente elevará esos beneficios en 2022 (especialmente si no se produce la “desconexión” entre los precios del gas y la fijación del precio de la electricidad en el mercado mayorista). En este sentido, es necesario o bien regular nuevamente una medida que drene los “beneficios caídos del cielo” que se están produciendo, o bien fijar un tipo de sociedades extraordinario, con el objetivo de utilizar lo recaudado por cualquiera de esas vías para reducir el precio de la factura eléctrica.
  • El Gobierno debe subsidiar el consumo de las familias con un cheque energético similar al desarrollado por Macron en Francia. Un bono de 300 euros a los 19 millones de familias españolas supondría 5.700 millones de euros, algo que es perfectamente viable y que evitaría la pérdida de capacidad adquisitiva y la reducción del consumo de los hogares.
  • Por último, el Gobierno debe poner en marcha un plan de subvenciones y créditos blandos para sustituir la tecnología de gas natural doméstico por otras tecnologías electrificadas y/o no dependientes del gas, como las calderas eléctricas, las cocinas de inducción o la aerotermia y las bombas de calor. Del mismo modo que una transición ecológica completa no se alcanzará hasta que no hayamos sustituido los combustibles fósiles en el parque móvil mediante vehículos eléctricos, tampoco se conseguirá ese objetivo hasta que no hayamos eliminado el gas de los hogares y de los pequeños negocios. Esta situación de crisis es un buen momento para avanzar en esa dirección al tiempo que se evita el impacto negativo en la economía doméstica.

2) Pacto de derechos feministas y sociales

  • Avanzar hacia un sistema tributario justo es uno de los retos que tenemos como Gobierno en esta legislatura, dado que será lo único que permita desarrollar nuestro Estado del Bienestar y mantener en el tiempo las políticas sociales que este Gobierno está desplegando. Ante el previsible impacto del conflicto bélico en Ucrania sobre la economía europea y española, se hace más urgente que nunca abordar con carácter inmediato una reforma fiscal ambiciosa que nos permita sufragar las medidas de protección social que deberemos implementar. El impacto económico del conflicto bélico no pueden pagarlo de nuevo los trabajadores y trabajadoras de nuestro país:
    las grandes empresas y las grandes fortunas deben corresponsabilizarse y pagar lo que les toca a las arcas públicas.
  • Si queremos un Estado del Bienestar y unos servicios públicos como los que tienen los países de nuestro entorno, debemos tener también un sistema fiscal similar al de estos países, y aún estamos lejos de situarnos en ese punto. El informe del comité de expertos señala claramente que España tiene un problema de infrafinanciación de las políticas públicas, fruto de nuestro débil sistema fiscal. Resolver esta debilidad estructural, y hacerlo mejorando la progresividad, no puede esperar, es una tarea que hemos de afrontar esta legislatura. La reforma estructural no sólo es un compromiso alcanzado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, es un compromiso alcanzado
    con la sociedad española. En concreto, una reforma fiscal ambiciosa y progresiva que pueda cumplir estos objetivos debería contar al menos con las siguientes medidas:

IVA:

  • Reconocer el carácter esencial de los suministros básicos siéndoles de aplicación el tipo reducido del 10% con carácter permanente, frente a la aplicación del tipo general del 21% que rige en la actualidad.
  • Rebaja del IVA al 10% a las peluquerías y servicios veterinarios, siguiendo así la tendencia del resto de actividades a las que en el año 2012 se les subió el IVA del 8% al 21%, y que ya se han beneficiado de su reducción al 10%.

IRPF:

  • En lo que respecta a la tarifa general, se deben aumentar los tipos impositivos de los tramos superiores de las rentas del trabajo. Por ejemplo, se pueden aumentar los tipos impositivos a partir de los 120.000 euros. Los nuevos tramos y sus respectivos tipos podrían ser los siguientes: las rentas entre 120.000 y 150.000 pagarían un 48% frente al 45% actual, las rentas entre 150.000 y
    300.000 pagarían el 50% frente al 45% actual y, por último, las rentas superiores a los 300.000 euros tendrían un tipo de gravamen del 52%, volviendo a una tarifa similar a la que existía antes de la reforma del 2015 del Partido Popular. Con ello, se dota de una mayor progresividad a este impuesto mediante la creación de los nuevos tramos.
  • Para abordar el acercamiento de la imposición de las rentas del capital a las rentas del trabajo, se podrían llevar a cabo los siguientes cambios progresivamente en el tipo aplicable a los rendimientos del ahorro, de tal forma que para las rentas entre 120.000 y 150.000 euros el tipo aplicable sería del 28% frente al 23% actual.
    A partir de los 150.000 euros y hasta los 200.000 se aplicaría un tipo impositivo del 30%. Y, de los 200.000 en adelante, el tipo sería del 33%.

Impuesto de sociedades:

  • Rebajar el tipo impositivo para las pequeñas y medianas empresas del 25% al 23%.
    • Fijar un tipo mínimo efectivo del 15% sobre beneficios y modificar el régimen de exención por doble imposición. En coherencia con los recientes acuerdos de la OCDE y del G20 para fijar un gravamen global mínimo del 15%, proponemos establecer como criterio para la exención de rentas que estas hayan estado sujetas a un impuesto similar al de sociedades español con “un tipo efectivo de, al menos, el 15%”.

Impuesto sobre las grandes fortunas:

  • Sustituir el impuesto sobre el patrimonio por un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas con las siguientes características: 1) este gravamen contaría con un mínimo exento de un millón de euros, además de una exención por vivienda habitual de 400.000 euros; 2) no sería bonificable por parte de las Comunidades Autónomas; y 3) presentaría los siguientes tramos: un 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% a partir de 100 millones.
    • Construir un nuevo escudo social y verde que realmente proteja a la población española –tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz– pasa por profundizar y ensanchar nuestro Estado del Bienestar con el desarrollo de nuevos derechos. Los problemas estructurales de la gente de nuestro país no pueden quedar atrás. Y precisamente los derechos que es más urgente reforzar son los relativos a los cuidados.
    Es necesario seguir avanzando por esta vía para garantizar unas prestaciones públicas que alcancen las necesidades de protección que tiene la ciudadanía española. En este sentido, hay pocos mecanismos más eficaces para reducir la desigualdad, redistribuir la riqueza, garantizar la capacidad de consumo de amplias capas de la población y, en consecuencia, fortalecer la economía –especialmente en tiempos de crisis– que todo lo que tiene que ver con los servicios sociales y la economía de los cuidados. Además de tratarse de derechos básicos, también son un motor fundamental para un crecimiento económico sostenible.

En particular, se deberían tomar las siguientes medidas:

Desarrollo de un PERTE específico para la Economía de los Cuidados que permita fortalecer una verdadera red de cuidados en el conjunto de todas las administraciones y reforzar, al menos, los siguientes elementos:

  • El blindaje de la sanidad y la educación públicas
    • Los relativos al cuidado de los hijos e hijas, como el Programa Corresponsables
    • La educación de cero a tres años
    • El cuidado de mayores y personas dependientes
    y la mejora de residencias y los sistemas de atención a la dependencia
    • Combatir la pobreza infantil
    • Mejorar el sistema de servicios sociales
    • Se debe ampliar significativamente el bono social de luz y gas a colectivos a los que en estos momentos todavía no llega. Por ejemplo, se puede ampliar a familias monomarentales el bono social de luz y gas para equiparlas a las familias numerosas (25% de descuento y, excepcionalmente, el 60%).
    • Ampliación del Plan de Vivienda (2022-2025) para incorporar, en el Programas de ayudas directas a las personas arrendatarias con efectos a corto plazo y especial atención a determinados colectivos vulnerables, unas ayuda mensual a las familias monomarentales que se prevé en el RD 42/2022 de 600 euros al mes (7.200 euros al año) y otra ayuda de hasta 200 euros al mes (2.400 euros al año) para atender los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad, y suministros básicos de la vivienda o solución habitacional, incluidos los gastos de acceso a Internet.
    • Reforzar el apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista, incluida la violencia vicaria, con la aprobación de un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres que padecen esta violencia. Para ello se debe impulsar un plan de reparaciones con tres ejes: el fomento de la autonomía económica de las mujeres para contribuir a su salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo, la reacción emocional y la reparación simbólica. Esto es fundamental para

9Nuevo escudo social y verde impedir que las víctimas de violencia machista se encuentren en una situación de exclusión social, algo que se agrava durante las crisis como la que podemos vivir como consecuencia de la guerra.
• El Ingreso Mínimo Vital es un gran avance para nuestro Estado del Bienestar. Está protegiendo, en distintos grados, a casi 400.000 hogares que atraviesan situaciones muy complejas. No obstante, aún no se ha alcanzado ni a la mitad de las familias que se habían establecido como objetivo originalmente. Es necesario acelerar su despliegue, simplificando, aún más de lo que ya se hizo con las enmiendas a la Ley aprobadas en el Congreso, los requisitos y trabas burocráticas que hacen que haya gente que, viviendo en situaciones de pobreza, no esté pudiendo acceder a esta prestación.
Para todas las personas es complejo el papeleo, y si se vive en situaciones límite lo es aún más. Hay muchas familias en situación de vulnerabilidad económica que desconocen que tienen derecho al IMV o, en caso de saberlo, han desistido de solicitarlo por las dificultades a las que se enfrentan para hacerlo. Es necesario que el Reglamento del IMV, aún pendiente de desarrollarse, contemple excepciones (tal como permite la Ley) a algunos de los requisitos para cubrir situaciones de necesidad que son variadas y complejas de predecir. Es el momento de tener en cuenta esas situaciones que, en principio, podrían ser excepcionales, pero que están dejando fuera a más gente de la que se podía esperar.

A su vez, de manera más general, debemos considerar la necesidad de, al menos, dos importantes modificaciones:
• Por un lado, el incremento de los umbrales de renta que dan acceso al IMV y de la cuantía de la prestación, que a día de hoy, para una persona sola, se encuentra en tan sólo 491 euros al mes, una cantidad absolutamente
insuficiente, más aún en un contexto de inflación creciente como en el que nos encontramos.
• Por otro lado, la revisión de la edad mínima para acceder al IMV, ya que, según la actual regulación, las personas jóvenes tienen que esperar hasta los 23 para poder solicitarlo, una discriminación por edad que no se justifica en un contexto en el que las situaciones de exclusión social, que llegan hasta el sin hogarismo, se encuentran también extendidas entre la juventud.

  • Una parte fundamental del escudo social es el sistema de sanidad pública, que sirve como un mecanismo de redistribución de la renta de arriba hacia abajo al tiempo que protege los derechos fundamentales de la gente trabajadora. En una situación de aumento de los precios y de posible crisis económica, es vital fortalecer el sistema sanitario para proteger a la población, evitar sufrimiento y evitar también que las familias tengan que correr con gastos extra derivados de una insuficiente atención.

En este sentido, se deberían adoptar las siguientes medidas:

  • Derogación real de la ley 15/1997 de José María Aznar de privatización del sistema de sanidad pública. Esta medida permitirá mejorar el servicio al mismo tiempo que se reducen los costes. La superioridad de la gestión pública directa en el ámbito de la sanidad está más que demostrada. El único motivo por el cual se ha procedido a su privatización creciente es garantizar el beneficio económico de un pequeño grupo de multinacionales.
    • Fortalecimiento de la atención primaria como primera línea de choque del sistema de salud. Es vital aumentar los recursos materiales y humanos de la atención primaria, tanto en las ciudades como en los pueblos pequeños y en la España vaciada. Una atención primaria fuerte evita que los problemas médicos se agraven y se cronifiquen, aumenta significativamente la calidad humana
    durante todo el itinerario de atención y es una demanda muy clara por parte de la ciudadanía.
    • Fortalecimiento del sistema público de salud mental con perspectiva de género. En estos momentos, los ratios de psiquiatras, psicólogas y enfermeros especializados en salud mental son mucho más bajos que la media europea. Los modos de vida capitalistas han demostrado aumentar la cantidad y gravedad de problemas de salud mental en la población, pero es que, además, la pandemia de la COVID-19 ha agravado significativamente la situación. Con el conflicto bélico en Ucrania es de esperar que ocurra lo mismo. Por ello, es necesario invertir inmediatamente recursos económicos para poder converger
    lo más rápido posible con la media europea en profesionales de la salud mental por habitante en nuestro país.

3) Proteger el tejido productivo, especialmente a las PYMES y al sector primario

La guerra en Ucrania va a suponer asimismo un enorme reto para el tejido empresarial español, que verá cómo se incrementan sus costes energéticos, cómo aumenta la incertidumbre en los mercados y cómo sus exportaciones se ven lastradas. En particular, las PYMES y los autónomos –cuando parecía que por fin salían del túnel de la pandemia– pueden verse enfrentados a nuevas dificultades si el Gobierno no adopta medidas inmediatas para protegerles. Por ello, es fundamental adoptar medidas urgentes contra la morosidad empresarial.
En general, la morosidad empresarial y los retrasos en el pago de las facturas perjudican mucho más la actividad de las pequeñas que de las grandes empresas en nuestro país. Es más, la morosidad empresarial es un instrumento que grandes empresas utilizan para financiarse con cargo a las PYMES, forzando a estas últimas a asumir tiempos de espera en el cobro de sus facturas que pueden llegar a asfixiar los pequeños negocios. Por ello, es vital que la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que en este momento se encuentra en tramitación en el Congreso, incorpore aquellas medidas contra la morosidad que las organizaciones de PYMES y autónomos vienen reivindicando desde hace tantos años. En particular, se debe garantizar que las grandes corporaciones que mantienen deudas fuera de plazo con PYMES y autónomos queden excluidas del reparto de fondos europeos, así como establecer un verdadero régimen sancionador de la morosidad.

Respecto del sector primario, el Gobierno debería tomar una serie de medidas de corto y medio plazo que, por un lado, protejan a las pequeñas y medianas explotaciones españolas y, por otro lado, garanticen el suministro de alimentos y la soberanía alimentaria de nuestro país:

  • El aumento del precio de la energía, sumado al aumento del precio de los piensos animales y de los fertilizantes, va a tener un impacto en los costes de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas que puede conducir al cierre de miles de ellas. Además de la tragedia social que esto supondría, estaríamos ante una situación en la que los grandes fondos buitre que se están haciendo con el sector primario en todo el mundo podrían expandirse aún más en España. Cada palmo de terreno que cede la agricultura familiar y profesional es conquistado por los grandes capitales multinacionales. Por todo ello, es vital en el muy corto plazo que el Gobierno exija a la Unión Europea que la Política Agraria Común habilite el Fondo Anticrisis y que se establezca un plan ambicioso de ayudas directas para que las pequeñas y medianas explotaciones puedan afrontar el aumento de sus costes.
  • En el corto y medio plazo, es fundamental reducir nuestra dependencia exterior en materia alimentaria que tan expuestos nos deja a los calentamientos de los mercados internacionales o incluso a la aparición de conflictos bélicos. Con el objetivo de aumentar significativamente nuestra soberanía alimentaria y, por tanto, nuestra capacidad de autoabastecernos, el Gobierno (así como la Unión Europea en el marco de la Política Agraria Común) debe establecer ambiciosos programas para fortalecer y aumentar la producción propia autóctona. Cambiar unas dependencias geoestratégicas por otras sería, como revelan los acontecimientos, un profundo error. Hay que definir como estratégicos los proyectos de producción local de piensos sobre variedades forrajeras autóctonas, hay que garantizar que las reservas actuales de pienso se destinan a las pequeñas y medianas explotaciones y se deben adoptar las medidas legislativas adecuadas para fomentar la compra pública alimentaria, de modo que todos los centros, colegios, residencias, hospitales, etc., dependientes de la administración pública consuman productos alimentarios de cercanía y producidos por pequeñas y medianas explotaciones.
    • Al mismo tiempo que protegemos las pequeñas y medianas explotaciones, avanzamos hacia la soberanía alimentaria y reconocemos como estratégico nuestro sector primario, también tenemos que garantizar que un sector de esta importancia lleva a cabo su actividad respetando los derechos de los trabajadores que la hacen posible. Por ello, urge reformar la legislación que afecta a los trabajadores del campo, a los jornaleros y a los temporeros. Hay que mejorar las prestaciones, hay que avanzar hacia la unificación de los diferentes regímenes de protección y hay que eliminar los mecanismos que facilitan el fraude y la bajada de salarios, como el alta a posteriori en la Seguridad Social en el régimen especial agrario o las exigencias excesivas de peonadas en el caso de los jornaleros.
    • Se debe aprobar la ley de desperdicio alimentario cero. No puede ser que en las actuales condiciones de altos precios de los alimentos y de dependencia exterior para garantizar el suministro todavía se pierdan o se desperdicien un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial.
    • Por último, el nuevo escudo social y verde debe asegurar la capacidad adquisitiva de las rentas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, así como la de los y las pensionistas.

4) Apostar por la Paz y construir una Política de asilo y refugio alineada con los Derechos Humanos.

En este documento hemos querido centrarnos en las medidas que consideramos necesarias para evitar los efectos económicos negativos en el tejido productivo español, en las familias y en la gente trabajadora, pero también pensamos que hay que hablar de las propuestas que afectan a las personas directamente implicadas en el conflicto bélico. En ese sentido, pensamos que se deben adoptar al menos las siguientes iniciativas:

  • Como parte de su compromiso con la paz, España debe liderar en Europa los esfuerzos por lograr un alto el fuego y por encontrar una salida pacífica y negociada al conflicto. Esto pasa por utilizar todos los recursos políticos y diplomáticos a nuestro alcance y por cuidar todos los espacios de diálogo entre Rusia y Ucrania, asegurando la mediación internacional de la propia Unión Europea, Naciones Unidas o la OSCE, pero también de otros países o personas que pudieran en un primer momento ayudar a asentar una negociación.
    • España debe ser un referente de acogida y de protección internacional. Esto implica trabajar junto a la UE y a los Estados Miembro para asegurar corredores humanitarios a través de los cuales enviar asistencia humanitaria, así como habilitar vías legales y seguras de entrada para las personas que huyen del conflicto, reforzando los sistemas de asilo y las garantías de derechos en la frontera y en los países de tránsito y acogida. La activación de la directiva de protección internacional de la Unión Europea para facilitar la acogida de personas refugiadas debe ser la norma de actuación ante los conflictos a partir de ahora. No es sostenible mantener la hipocresía que supone dar un tratamiento diferente a las personas refugiadas en función de su país de origen o del color de su piel. No es sostenible y solamente sirve para alimentar el discurso de odio de la ultraderecha.
    Además, hay qué asegurar la detección en frontera de mujeres y niñas ucranianas víctimas de violencia o trata, personas LGTBI, personas racializadas y madres solas con hijos/as, incluidas aquellas personas nacionales de terceros países sin protección internacional en Ucrania.

Debemos asimismo garantizar a las personas que huyen de la guerra de Ucrania, con especial atención a las personas de los citados colectivos, un sistema de acogida en nuestro país que garantice sus derechos sociales y económicos:

  • Derecho a la reagrupación familiar
    • Acceso al IMV
    • Programas de apoyo a la inserción socio-laboral
    • Derecho de acceso a la vivienda
    • Derechos sanitarios
    • Derecho a la educación para los hijos de hijas de las madres que lleguen a nuestro país

Por último, debemos considerar a las personas racializadas y al colectivo LGTBI como “especialmente vulnerables”. Las fronteras no son igualmente transitables en función de tu color de piel, de tu país de procedencia, de tu orientación sexual o de tu identidad de género. Nos llegan noticias que señalan el rechazo a refugiados racializadas o que nos indican que otros refugiados LGTBI pueden estar transitando corredores hacia países que no son lugares seguros para las personas LGTBI. Por ello, se deben establecer corredores humanitarios para que sean trasladados de manera rápida y prioritaria a otros países de la UE donde sus derechos sean plenamente respetados:

  • Se debe llevar a efecto la regularización de todas las personas ucranianas en situación irregular en nuestro país, como ya ha anunciado el presidente del Gobierno, y se ha de extender la medida a todas las personas en la misma situación sea cual sea su nacionalidad. Una vez que se ha admitido que es posible llevar a cabo este proceso para 100.000 vecinos y vecinas ucranianos, no sería sostenible ética ni moralmente no hacer lo mismo con el resto de personas que viven y trabajan con nosotros en situación irregular.
    • Apoyar a las organizaciones, sociedad civil y asociaciones pacifistas y antimilitaristas rusas, publicitando y garantizando la protección internacional a cualquier persona procedente de Rusia que por los motivos anteriormente mencionados se vea obligada a huir del país bajo persecución y amenaza de pena de cárcel o riesgo para su vida e integridad física. El Gobierno de España debe habilitar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que estas personas puedan entrar legalmente en España y obtener permisos de trabajo y residencia de forma inmediata.
  • El Gobierno de España debe confiscar todos los bienes de los oligarcas rusos en nuestro país y utilizar esos recursos económicos para ayudar humanitariamente al pueblo ucraniano, ya sea en su propio país o en las iniciativas de acogida de refugiados en suelo español. Asimismo, se deben revocar inmediatamente todos los visados otorgados a multimillonarios rusos y obtenidos por vía extraordinaria como consecuencia de sus inversiones, inmobiliarias o de otro tipo, en España.

5) Frente a la involución de la guerra, avances democráticos

Finalmente, no podemos olvidar que este conflicto bélico tiene también derivadas políticas. La derecha y la ultraderecha saben perfectamente que, en situación de guerra, sus planteamientos reaccionarios pueden tener una mayor aceptación social. En este sentido, tanto el PP como VOX fueron cristalinos en la sesión parlamentaria del miércoles 2 de marzo. La portavoz del PP habló claramente de un aumento en el presupuesto de armamento y ofreció un esquema político de gran coalición para afrontar la guerra. Santiago Abascal fue mucho más explícito, prácticamente celebrando el conflicto bélico como una oportunidad para dejar de hablar de feminismo, recuperar las centrales nucleares o establecer una distinción entre los diferentes tipos de refugiados en clave racista y xenófoba. No es una exageración afirmar que el bloque reaccionario ve la guerra como una oportunidad para la involución democrática, como ellos mismos hacen explícito en sede parlamentaria. A esto hay que añadir la conexión entre Putin y todas las extremas derechas europeas, incluido VOX. En tales circunstancias, es más que una obligación que el bloque democrático de partidos que sostiene al Gobierno de coalición refuerce su conciencia de bloque y la necesidad de colaboración para poder seguir avanzando en derechos en nuestro país. Cualquier tentación de acompañar a la derecha en el camino que ellos tienen completamente claro supondría un gravísimo peligro para las mujeres, para las minorías, para el desarrollo del Estado social y para los derechos democráticos y civiles en España.

En este sentido, la mejor forma de detener el avance del bloque reaccionario, la mejor forma de luchar contra la involución democrática, es precisamente la profundización democrática, el avance de los derechos y libertades fundamentales, y de la calidad democrática de nuestras instituciones. Por ello, frente a la autocracia y al autoritarismo de Putin y sus aliados de extrema derecha, España tiene que liderar la mejora de los sistemas democráticos europeos adoptando, entre otras, medidas como las siguientes:

  • Se debe proceder a la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial, que ya lleva más de 1.000 días con el mandato caducado y violando la Constitución Española.
  • Se debe proceder a la derogación de la ley mordaza, un instrumento aprobado por el PP en el peor momento de la crisis financiera para reprimir a la población conculcando los derechos fundamentales de reunión y manifestación y haciendo retroceder la calidad de la democracia española.
  • Se debe aprobar la ley de libertad de expresión que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Para poder homologarnos a otras democracias europeas, no podemos seguir manteniendo en nuestro Código Penal delitos medievales como el de injurias a la corona o el de ofensa a los sentimientos religiosos, que convierten a nuestro país en uno de los países del mundo con el mayor número de artistas encausados por hacer obras de teatro, cantar canciones o publicar tuits.

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