El pasado mes de enero, solicitamos al Pleno de la Corporación y a la alcaldesa Aída Castillejo, como también presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, que cumpliendo sus funciones de salvaguardar y defender los intereses y el patrimonio de los vecinos del municipio, cesara al gerente de la EMV, a quien se han traído de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo para enchufarle en Rivas y continuar haciendo de la EMV, y de nuestro municipio, su cortijo.
Desde que se constituyó la EMV de Rivas en 2003, no siempre ha contado con la figura del gerente y quizás este momento no sea el más oportuno para que el Gobierno siga enchufando a sus afines. La situación económica de la empresa es incompatible con el nombramiento de un gerente que supone un coste de casi 100.000 euros. Su perfil político travestido de técnico, tampoco es el idóneo para reflotar la EMV, por lo que su contratación supone un gasto desproporcionado, inútil e inoportuno para la empresa.
La EMV se encuentra en una crítica situación económica, acumulando deudas con varios acreedores y con el propio Ayuntamiento, lo que ha provocado la ampliación de capital por aportación dineraria y compensación de créditos por parte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, socio único de la empresa, por importe de casi 18 millones de euros. Además, se ha aprobado la realización de una transferencia con periodicidad anual de 400.000 euros para cubrir el desequilibrio por la explotación de los inmuebles de la EMV.
La EMV arrastra una deuda tributaria con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que supera los 2,4 millones de euros, correspondientes al impago del IBI, la Tasa de Residuos, el IAE, Plusvalías y Vados y cuyo aplazamiento va a suponer a los ripenses el pago de 200.000 euros en concepto de intereses.
El gerente es perfectamente consciente de la difícil situación que atraviesa la EMV. A pesar de ello, encargó a un abogado la asesoría jurídica relativa a la resolución del contrato con Tableros y Puentes, S.A. (TAPUSA), para la construcción de un edificio de 83 viviendas con protección pública en arrendamiento. Este abogado es, casualmente, socio solidario del despacho de abogados al que el gerente adjudicó posteriormente un contrato negociado sin publicidad, léase a dedo, a cuya licitación no se invitó a participar a ninguna otra empresa, para la asistencia jurídica en la demanda de reclamación de cantidad a TAPUSA. Dicho contrato de asistencia jurídica fue adjudicado por importe de 72.600 euros a un despacho de abogados de Toledo, a quien se le encargó la redacción de la demanda por 24.200 euros, la asistencia letrada en la celebración de la audiencia previa por 24.200 euros y la asistencia letrada en la celebración del juicio por otros 24.200 euros.
La última ocurrencia para inyectar dinero a la EMV es un convenio para regular el uso de los espacios por parte del Ayuntamiento en el edificio Atrio, como son los despachos utilizados por la concejalía de Urbanismo o el gimnasio.
El Ayuntamiento le va a pagar 200.400 euros todos los años por la cesión de los espacios de la EMV, pero es que el suelo en el que está el edificio Atrio es un suelo municipal que se le cedió a la EMV. ¿Cuántas veces los vecinos de Rivas van a pagar por lo mismo? Primero el Ayuntamiento le cede el suelo para construir el edificio y ahora el Ayuntamiento le va a pagar por el uso de los espacios, mientras le fracciona y aplaza las deudas tributarias que no paga, le amplía el capital y le hace transferencias periódicas.
El Partido Popular no engaña a nadie. Si en 2027 los vecinos confían en nosotros, cambiaremos los enchufes de la alcaldesa, tanto en el ayuntamiento como en las empresas municipales, por la motosierra tan temida por la izquierda, con la que vamos a recortar todos los convenios que no redunden en beneficio de los ripenses, los contratos a dedo, los gastos innecesarios y el batallón de amiguetes colocados a sueldo del erario público.
