Os recomiendo la última película del estupendo cineasta Ken Loach: “Sorry we missed you”. Mejor dicho, or recomiendo todas las de este magnífico director de cine.
Loach, que ya tiene 83 años, nos muestra a lo que ha llegado la sociedad británica (que puede ser la española) que consiguió derechos laborales y que vuelven a ser arrebatados.
Empresas que ya no tienen trabajadores, sino “socios colaboradores”, a los que no hay que pagar cuando están enfermos, que se encargan de invertir su dinero en material para el trabajo, que no cobran horas extras, que funcionan por objetivos, que sus jornadas son de sol a sol. Es decir, todo mentira, nada de trabajadores autónomos, siguen siendo curritos y curridas de toda la vida, pero sin derechos. Este capitalismo de moda quiene que volvamos a la esclavitud.
Pero esto no ha sido siempre así. Los que ya tenemos años, nos acordamos de los años 70 y 80, cuando los contratos temporales y la subcontratación no existían. El PP y el PSOE, con sus reformas laborales al Estatuto del Trabajador (ha sufrido más de 50) han ido suprimiendo derechos e instalando la esclavitud en las personas trabajadoras.
Veamos las diferentes modalidades de precariedad laboral publicadas por el mismo Ministerio de Trabajo:
La subcontratación en cadena
Las empresas subcontratan la totalidad o partes de su negocio con otras empresas, de menor tamaño y plantilla, por un precio inferior. Las subcontratistas, a su vez, pueden repetir la jugada y sub-subcontratar de nuevo. Y así sucesivamente, hasta las microempresas, con microplantillas, de nula solvencia, que acaban ejecutando materialmente el trabajo por una cantidad muy inferior a la que el promotor pagó por ese trabajo.
Por el camino se pierde calidad en los materiales, calidad en el trabajo, calidad en la seguridad y calidad en el empleo.
Falsos autónomos
La cadena de subcontratación a la que se ha aludido antes puede acabar, en vez de en una microempresa, en unos o varios trabajadores autónomos. Los falsos autónomos dependen de los encargos de su antigua empresa para subsistir. No tienen márgenes para negociar, para esperar, para elegir la mejor oferta. Aceptan las condiciones que se les ofrecen sin atreverse a discutirlas, y están en una situación incluso peor que los trabajadores por cuenta ajena, a los que el paraguas de la negociación colectiva protege de muchos abusos que en la negociación individual se le podrían imponer.
Economía sumergida
Es probablemente el caso de mayor precariedad, el que más parecidos tiene con la ley de la selva. El nivel de protección jurídica de estos contratos es inferior incluso al de los falsos autónomos, que pertenecen, cuanto menos, a la esfera de la legalidad. Las condiciones de trabajo en la economía sumergida, a domicilio o en fábricas clandestinas, no están sometidas a ningún control. Ni el salario, ni la jornada, ni las condiciones de exposición a riesgo, ni los ritmos, ni la duración de la «relación» tienen más reglas que las que la ley de la oferta y la demanda fijen. En situaciones de elevado desempleo e insuficiente protección social, la capacidad de negociación de una de las partes se reduce tanto que los empresarios pueden determinar de forma prácticamente unilateral los términos del intercambio.
La vigilancia de la salud, la formación y la información, la igualdad de género, así como la prevención de riesgos respecto al uso de materiales, sustancias y máquinas, son derechos que estos trabajadores no pueden ni tan siquiera reclamar, y cuanto menos exigir, dada su condición laboral.
Inmigración y «sin papeles»
Las personas inmigrantes sufren elementos de precariedad añadidos a los que afectan a la ciudadanía española. Las restricciones a su libre circulación, su falta de arraigo cultural y social, el desconocimiento del idioma, el racismo y la xenofobia hacen de los inmigrantes, en muchas ocasiones, no sólo trabajadores en precario, sino incluso ciudadanos en precario. Precariedad que se refleja, muy señaladamente, en las dificultades para acceder a una vivienda digna y a los servicios sociosanitarios esenciales.
La realidad de los y las inmigrantes ilegales es aún peor. Temen la expulsión, no tienen derecho a la reagrupación familiar, cualquier acto o negocio de la vida social (ir al médico, alquilar una casa, abrir una cuenta bancaria) les resulta de imposible o muy complicada ejecución. Obligadas a moverse en la economía sumergida, son carne de cañón de mafias, especuladores y desaprensivos.
Licitaciones de los ayuntamientos
Los Ayuntamientos pueden combatir estas lacras incorporando condiciones en las licitaciones de sus servicios o suministros. El índice de temporalidad, subcontratación, desigualdad laboral, etc. pueden ser condicionantes, incluso por encima del precio final, para la adjudicación de la licitación. Nuestro Rivas tendria que ser pionero en ello.
Les dejo con las propuestas electorales de Podemos que ojala cumplan si tenemos la suerte de que por fin tengamos gobierno progresista.:
“Derogación de las reformas laborales del 2010 y 2012. Poner fin a los contratos temporales. Sólo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas, no podrá ser inferior a un mes, se prohibirán la concatenación de contratos, después de seis meses tendrán que transformarse en indefinidos. Se reforzarán las inspecciones de trabajo y se castigará a las empresas que abusen de los contratos temporales. Se regularán las circustancias en las que se produce el despido para garantizar que éste sea justificado. Se limitará la subcontratación y se protegerá a los trabajadortes de estas empresas para que tengan las mismas condiciones que las de la empresa matriz. Legislación contra el fraude de las horas extras, exigiendo a las empresas un registro de horas y que éstas san remuneradas. Los y las becarias tendrán que cobrar como minimo el Salario Mínimo, que se propone sea de 1.200 euros. Jornada laboral de 34 horas semanales para acabar con la brecha salariasl y falsos autónomos, así como un nuevo sistema de cuotad para que estos y estas últimas coticen según sus ingresos.”