Por una fiscalidad constitucional

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.  (Constitución Española, Art.31).     Evidentemente, este pacto constitucional se ve cada vez más vaciado de su contenido para favorecer a los grupos oligárquicos que ostentan el poder real en nuestra sociedad.

España soporta una de los sistemas fiscales más regresivos e injustos de la U.E. Según Eurostat-, los ingresos fiscales en nuestro país representan el 38,6% del PIB, muy por debajo del 46,8% que, como media, se registra en los 19 países que forman parte del euro.  Sin embargo soportamos una de las más altas en rentas de trabajo (IRPF): el 42 % del total de recaudación; y en IVA,  el 30 %. Mientras que las rentas del capital, que alcanzan el 53% del PIB, aportan menos de un 20%.   Un asalariado español paga 26 % menos que un sueco y el 1% de población más rica paga el 80% menos que en Suecia.

Algunos mecanismos legales que lo facilitan: El impuesto de sociedades es nominalmente del 30 % para las grandes empresas, pero en realidad se permite, por deducciones y compensaciones, reducírselo hasta al 8 % .El Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) asegura que el Impuesto de Sociedades acumula una pérdida de recaudación del 58,2 % desde el inicio de la crisis. Y  atribuye este desplome sobre todo a las posibilidades que tienen las mayores empresas de reducir su factura fiscal.

Otro mecanismo: las Sociedades de Inversión de Capital Variable (S.I.CA.V.)  Tributan menos del 0,5%, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). O la supresión de impuestos que beneficia a los más ricos, como el de patrimonio: Madrid deja de recaudar más de 10.700 millones en beneficio de los grandes patrimonios.

A estas medidas legales añadamos el escaso control que los organismos públicos competentes (más bien incompetentes) ejercen sobre el delito fiscal: – Fraude fiscal: La economía sumergida ( no la de subsistencia) alcanza en nuestro país 25 % ( la media europea es del 10 %). El 72 % de esta economía sumergida corresponde a las grandes fortunas: unos 60.000 millones / año.

Evasión fiscal: Según GESTHA “El Plan de Control Tributario  deja impune el 81,6% de la evasión fiscal, ya que la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) centra su investigación en los contribuyentes con menores ingresos: PYMES, autónomos y trabajadores, en vez de perseguir el fraude sofisticado de multinacionales y corporaciones empresariales”. Casi todas las empresas del IBEX-35 operan en paraísos fiscales. Operaciones que son facilitadas por las entidades financieras y consentidas por la autoridad fiscal.

“Hacienda en 2012 inspeccionó sólo al 11 % de los amnistiados fiscalmente.  Según el Tribunal Constitucional, la regularización fiscal legitima el fraude y supone la “abdicación del Estado” de sus obligaciones. Cinco años después  comprobamos que no hay caso de corrupción que no se haya acogido a la amnistía fiscal.  En contraste, el Gobierno, que “abdica de sus obligaciones” al no reducir las bolsas de fraude y corrupción, elevó ese año el IVA para  cargarlo sobre las mayorías sociales.

La opinión pública, cada vez  más condicionada por estas mismas corporaciones empresariales y entidades financieras  (accionistas de los grandes medios de comunicación), parece aceptar progresivamente el deterioro de nuestros derechos sociales constitucionales, que ello implica. Parece considerar el bienestar, la sanidad, la educación, los derechos laborales, etc. etc. como una concesión compasiva y benefactora que los poderes fácticos nos otorgan.

Así, hemos conocido que Inditex-Zara esquivó 585 millones en impuestos gracias a la ingeniería fiscal, según un informe presentado en el Europarlamento. Y mientras tanto los medios de comunicación publicitaban ampliamente que su Fundación  había donado 320 millones de euros para  hospitales públicos de toda España.

A pesar de todo, hay iniciativas como la Plataforma por la Justicia Fiscal, que abogan por una distribución equitativa  de los tributos necesarios para financiar los servicios que presta el Estado. Se hace necesario que esta movilización siga creciendo para conseguir que los reglamentos y las prácticas institucionales se correspondan con la ley marco del Pacto Constitucional.