El pasado jueves 2 de junio, el gobierno del PP presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado la modificación de la ley de transportes de la Comunidad de Madrid con el objetivo de favorecer claramente a las empresas de vehículos VTC, tales como Uber, Cabify o Bolt, un hecho por el que el sector del taxi ha manifestado su más absoluto rechazo.

Tras unos años durísimos, en el que el sector del taxi ha visto caer su facturación hasta un 80%, y en los que a pesar de todo siempre ha mostrado su espíritu solidario, dando servicio a los colectivos más vulnerables, pacientes o sanitarios; el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha decidido darles la espalda. Y lo ha decidido porque esta es una maniobra más del hostigamiento del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid contra el taxi, después de años de acoso en forma de inacción por una parte y chanchullos legislativos por otra.

Con esta ley, Isabel Díaz Ayuso ha cruzado la línea, actuando de manera ilegal y arbitraria contra el taxi, y permitiendo que las VTC realicen una competencia desleal, esquivando una ley estatal y convirtiendo en legal el incumplimiento de la misma.

Una ley estatal, el llamado decreto Ábalos, (Ley 13/2018) por el cual el gobierno prohíbe a los vehículos VTC realizar trayectos urbanos, en primer lugar porque no tienen, ni nunca han tenido, autorización para hacerlo, en segundo lugar, por el perjuicio que han creado en las ciudades, con miles de vehículos circulando sin control, de manera ilegal, perjudicando tanto a la movilidad, como a la sostenibilidad y sobre todo a la salud de las personas; y en último lugar porque existe una sentencia del Tribunal Supremo por la cual se establece que la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis se ajusta totalmente a derecho por cuestiones de interés general. Una proporción que los diferentes gobiernos del PP nunca han cumplido, y han permitido que de 500 vehículos VTC que debería haber en Madrid, a día de hoy haya 9.000.

Una ley que, únicamente da competencias al gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso para ejecutarla y prohibir que las VTC realicen trayectos urbanos, pero que en cualquier caso no permite legislar en paralelo para favorecer a estas empresas, pero que por el contrario, ha dado como resultado que Isabel Díaz Ayuso legisle sin el consenso del sector del taxi para favorecer de nuevo a tres grandes inversores internacionales que tributan en paraísos fiscales para evadir impuestos, condenados por infringir los derechos de los trabajadores y trabajadoras y actualmente investigados por vulnerar también los derechos de los consumidores.

Esa es la razón de la protesta: la lucha de un sector contra un gobierno que no respeta las leyes, ni los derechos de la ciudadanía, ni por supuesto a las 25.000 familias que viven del taxi en la Comunidad de Madrid y a quién el Gobierno del Partido Popular ha condenado a la ruina.

Por eso, es el momento de estar más unidos que nunca: el taxi, la sanidad, la educación…y todos aquellos que defendemos los servicios públicos. Tenemos una responsabilidad y un compromiso: devolver el valor a lo público y lo colectivo.

Hay alternativas que pasan por proteger el interés general frente a aquellos que pretenden únicamente beneficiar a sus amigos.

Hay otra forma de gobernar, y en la Comunidad de Madrid también vamos a conseguirlo.

Carlos Rodríguez Expósito-Responsable Taxi Project en Madrid.

Vanessa Millán Buitrago- Teniente de Alcalde, Concejala de Transición Ecológica y Portavoz de Podemos en Rivas Vaciamadrid