Según los datos de Cáritas Española, el número de personas sin hogar en España creció en 2024 en un 7,2%, hasta alcanzar las 42.336. Dos de cada diez personas son mujeres y cinco de cada diez son de nacionalidad española. Más allá de la atención que se les presta, conviene analizar qué puede llevar a estas personas a terminar viviendo en la calle. Algunas decisiones políticas pueden ser causantes de ello, aunque bien es cierto que no existe una regla de tres que explique de forma certera el sinhogarismo.
En todo caso, y como adelanto en el párrafo anterior, existen políticas que abundan en la precariedad de buena parte de la ciudadanía, a la que pueden terminar empujando a la calle. Por ejemplo, en los últimos días hemos conocido que la Comunidad de Madrid no ha llegado a abonar ni el 30% del dinero presupuestado para la Renta Mínima de Inserción (RMI), una prestación que promueve la inserción social y laboral de la ciudadanía que lo requiere. En 2024, la Comunidad de Madrid presupuestó 15 millones de euros a tal fin y tan solo ha gastado 4,2. La RMI es, en muchas ocasiones, el único dinero que ingresan algunas personas para poder sobrevivir a una situación de vulnerabilidad extrema y de riesgo de exclusión social. Perder esa ayuda puede suponer para ellas perderlo todo.
¿Cuál es la excusa que pone la Comunidad de Madrid para no abonar la RMI a cientos de personas y familias que la necesitan para subsistir? Que ya están cobrando el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez. La solución es sencilla y pasa por hacer compatibles ambas ayudas, en función de unos baremos que deben ser más flexibles, de forma que puedan alcanzar a más gente que realmente lo necesita. Algunas comunidades autónomas ya lo han hecho. Es el caso del País Vasco o Navarra, que duplican a Madrid en el número de ayudas.
1,4 millones de personas están en riesgo de pobreza en Madrid y 400.000 sufren de carencias severas. Entre esas carencias, está la vivienda, con alquileres desorbitados e imposibles de asumir por buena parte de la clase trabajadora. Ante esa realidad, los gobiernos del PP en las comunidades autónomas se niegan a declara zonas tensionadas, tal y como establece la Ley de Vivienda Digna del Gobierno de España, para poder así regular los precios del mercado. También hay que pararse a denunciar el voto contrario del PP (aunque éste ahora parece reversible) y de Vox al último decreto ómnibus del Gobierno, que recogía, entre otras cosas, un escudo social para la suspensión de los desahucios por impago de la renta de hogares vulnerables sin otra alternativa que el piso en el que viven o para evitar el corte de suministros en los mismos.
Estas decisiones causan dolor en la ciudadanía más vulnerable, aquella que está en riesgo de exclusión social y que, en muchas ocasiones, se ve abocada al fracaso y a la situación de calle. Evitarlo es la tarea de cualquier gobierno sensible, como lo es el Gobierno de España. No parece que la Comunidad de Madrid esté por esa labor, algo que no debería asombrarnos tras las declaraciones de Ayuso, hace unos días en Perú: son pobres, pero alegres.
