Tras la publicación el 12 de marzo en el BOE del Real Decreto 8/2019 de la obligatoriedad del registro de jornada en las empresas, estas deben organizar su estructura para cumplir todos los protocolos ante las sanciones.
Están obligadas todas las empresas que dispongan al menos de 1 trabajador, estas sanciones oscilan desde 626 € y 6.250 €.
El objetivo de esta formación tan necesaria es: Aprender a actuar ante una inspección de trabajo en la empresa,
Es primordial comprender la normativa relativa al registro de jornada en las empresas, relacionar la normativa de registro de jornada con el resto de legislación laboral y especialmente con la realización de horas extraordinarias, implementar un acuerdo laboral de empresa para el establecimiento de registro de jornada, entender las cláusulas que se pueden introducir y la finalidad de las mismas, conocer los sistemas de registro de jornada válidos en las empresas e implementar un sistema de registro de jornada con alguna de las tres modalidades existentes; en papel, a través de una herramienta informática o con un sistema físico de control.
“Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 13 de febrero las enmiendas a la totalidad presentadas sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Este real decreto-ley tiene por objeto, en primer lugar, la aprobación de medidas de protección social, respecto de las cuales concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican su adopción para permitir su inmediata entrada en vigor.
Esta norma introduce algunas medidas de fomento del empleo que deben implementarse con urgencia para garantizar el mantenimiento del empleo en colectivos especialmente sensibles a la inestabilidad laboral y al desempleo: parados de larga duración, trabajadores del campo, trabajadores fijos discontinuos en actividades turísticas, etc.
Junto a ello, este real decreto-ley incluye también determinadas disposiciones dirigidas a establecer el registro de la jornada de trabajo, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se trata de disposiciones en las que también concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad para su aprobación a través de un real decreto-ley”.
