Ha circulado mucha desinformación sobre esta medida destinada a combatir el riesgo de resistencia antimicrobiana, según Maldita.es
Desde enero de 2025, con la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, han circulado desinformaciones sobre su impacto en el uso de antibióticos para mascotas. Entre las dudas recurrentes, se encuentra la de si los veterinarios pueden tratar a animales sin microchip, si el proceso para recetar antibióticos es ahora más costoso o si existen sanciones elevadas por incumplir la norma.
El decreto establece que los veterinarios deben contar con datos mínimos del animal antes de emitir una receta, incluyendo su identificación individual si está disponible. Sin embargo, una nota aclaratoria de los Ministerios de Agricultura y de Derechos Sociales confirma que los veterinarios pueden tratar y recetar medicamentos a animales sin identificar, siempre que se registre la información disponible.
Además, la normativa refuerza el control sobre los antibióticos para reducir la resistencia antimicrobiana. Ahora, para prescribirlos es obligatorio realizar un examen clínico y pruebas de laboratorio. Esto puede encarecer y ralentizar el tratamiento. Según la Organización Colegial Veterinaria, estas medidas limitan las opciones terapéuticas y aumentan la burocracia en las consultas.
El sistema PRESVET, que ya existía para veterinarios de animales de producción, es ahora obligatorio para los que tratan mascotas. Deben notificar las recetas de antibióticos cada 15 días, lo que algunos profesionales consideran una carga administrativa excesiva. Aunque el objetivo del sistema es controlar el uso de estos medicamentos, los veterinarios advierten de que el tiempo necesario para registrar cada receta afecta su trabajo diario.
Otra de las desinformaciones que circulan es que los veterinarios ya no pueden proporcionar directamente los medicamentos a las mascotas. En realidad, la ley permite la cesión de fármacos en la consulta si es necesario para garantizar la continuidad del tratamiento. Sin embargo, la venta de medicamentos veterinarios sigue estando limitada a farmacias, una medida que la patronal del sector critica por dificultar el acceso rápido a ciertos tratamientos.
También se ha difundido que la normativa impone supuestamente un impuesto de 1.400 euros por perro. No hay ninguna iniciativa legal en España que establezca este tributo. La Ley de Bienestar Animal sí exige un seguro de responsabilidad civil para perros, pero esta medida está vigente desde 2023 y no tiene relación con el decreto de medicamentos veterinarios ni con un inexistente impuesto para mascotas.
Sobre las sanciones, el decreto remite a la Ley de garantías y uso racional de medicamentos, a la Ley general de salud pública y a la Ley de sanidad animal, cuyas multas varían en función de la gravedad de la infracción. La sanción de 90.000 euros a un veterinario de Mallorca, citada en algunas publicaciones, no está relacionada con esta normativa, sino con un expediente abierto hace más de un año, según la Dirección General de Farmacia de Baleares.
El pasado 5 de marzo se convocó una manifestación en Madrid contra el decreto. Entre las quejas de los veterinarios se encuentran la carga burocrática de PRESVET, la rigidez en la prescripción de antibióticos y las sanciones consideradas desproporcionadas. También piden una reducción del IVA veterinario y mayor flexibilidad en la venta de medicamentos.
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