El siete de octubre Hamas cometía crímenes execrables contra población civil israelí y un enfrentamiento armado contra fuerzas militares desplegadas cerca de Gaza. Las terribles imágenes de los asesinatos a personas indefensas fueron calificadas de inmediato por los medios de comunicación occidentales como un acto terrorista, obviando el contexto de esa acción criminal que se desarrolló en lo que eufemísticamente se califica como “conflicto israelí-palestino”, un conflicto armado y social, en realidad, una guerra que se libra en tierras palestinas desde que , bajo mandato británico de Palestina, se decidiese en 1948 su partición en dos : una parte judía y otra árabe. La decisión de la partición, no aceptada por los palestinos, desencadenó una guerra civil judío-palestina que precipitó la expulsión, lo que los y las palestinas denominan la Nakba (la catástrofe): dos tercios de la población palestina se quedaron sin sus hogares.
Esa partición fue auspiciada por la Organización Sionista Mundial que, desde su fundación en 1897, perseguía convertir a Palestina en la patria de los judíos. En 1948, el estado judío se quedaba con el 55% del territorio de lo que era Palestina bajo mandato británico, con una población de 500.000 judíos y 400.000 árabes palestinos y el estado árabe palestino se quedaba con un 44% del territorio de lo que era Palestina, con 725.000 árabes y unos 10.000 judíos. Esa partición injusta e impuesta a los habitantes de Palestina desencadenó una guerra entre árabes y judíos que se saldó con la victoria judía, su ocupación del 77% del territorio, incluido Jerusalén este y la prohibición de aceptar el retorno de los más de 700.000 refugiados palestinos que han vivido desde entonces en campamentos de refugiados en el Líbano, Siria, Jordania, la Franja de Gaza y Cisjordania.
Según la UNRAW hoy, son más de 5,9 millones las que esperan dejar de serlo para convertirse en ciudadanos de pleno derecho.
Desde entonces, el estado de Israel es responsable de vulneraciones constantes del derecho internacional y de someter por la fuerza armada al pueblo palestino. Tras los fracasos de los acuerdos de Oslo y Camp David, en 2002 Israel ha levantado toda una serie de muros, bloqueos, puestos fronterizos, de cruce y zonas restringidas para separar las zonas y el conjunto de Cisjordania de Israel. La política ilegal de asentamientos judíos en territorio palestino es una constante que genera violencia contra sus legítimos propietarios y lleva adelante una política de destrucción y demolición de edificios palestinos cuando consideran. Las ejecuciones extrajudiciales son una constante por parte del ejército israelí y los detenidos palestinos pueden ser encarcelados años sin someterlos a juicio.
Gaza, según Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, es “la prisión más grande de la tierra, “el infierno en la tierra”. El 38% de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles debido a las medidas militares israelíes. Está bloqueada desde 2007 por orden de Israel.
En esta guerra que libra el estado israelí contra el pueblo palestino, su impunidad es la que le permite seguir cometiendo de forma sistemática crímenes de guerra y lesa humanidad. Según Amnistía Internacional, Israel solo ha cumplido totalmente el 0’5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado. El Consejo de Seguridad y otros órganos de Naciones Unidas han emitido toda una serie de resoluciones y decisiones respecto a los asentamientos, la anexión de Jerusalén Este, de los Altos del Golán sirio o la anexión de facto de Cisjordania mediante la confiscación de tierras y sus crecientes actividades de asentamiento, así como respecto a la ocupación y a los constantes incumplimientos por parte de Israel de todas estas resoluciones.
En 2021, Naciones Unidas anunció una comisión internacional de investigación sobre las presuntas violaciones tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos en la región desde abril del mismo año. Las conclusiones de dicha investigación son claras: Israel debe poner fin a la ocupación y discriminación contra la población palestina. La Corte Penal Internacional abrió una histórica investigación de presuntos crímenes de guerra en Gaza durante el conflicto de 2014.
Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, presentó en marzo de 2022 un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que concluye que la situación en los Territorios Palestinos Ocupados constituye APARTHEID y por tanto un crimen definido así en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002.
En esa guerra, Hamas ha cometido crímenes de guerra e Israel en su respuesta criminal contra el pueblo de Gaza, bombardeando edificios, escuelas, hospitales, iglesias o edificios de NNUU y sometiendo al hambre y sed a los y las gazatíes actúa desde la profunda y nauseabunda maldad de la barbarie. Como muy bien declaró el eurodiputado Manu Pineda, presidentede laDelegación para las Relaciones con Palestina del Parlamento Europeo: “En Gaza se está imponiendo un asedio similar al que los nazis llevaron a cabo en el gueto de Varsovia”.
La vergüenza puede resumir el silencio cómplice o directamente el apoyo que la Unión Europea y EEUU han dado frente a los crímenes de guerra que está cometiendo una vez más Israel contra el pueblo palestino. Y, una vez más, la Unión Europea actúa desde el cinismo equidistante a sabiendas que por encima de los derechos humanos están los negocios, las mercancías, y por eso lo importante es que siga siendo el mayor proveedor de Israel, con 31.372 millones de dólares (2021), por encima de EEUU (8.630 millones de dólares).
Esta guerra y sus crímenes atroces se podría parar de forma rápida y sencilla: acabando con la impunidad de Israel y permitiendo la creación del Estado Palestino.
