Es una consigna repetida a la hora de plantear la etapa de reconstrucción socio-económica para superar los efectos de la pandemia. Pero para pasar de la buena voluntad o las consignas mediáticas a los hechos, hay que poner en marcha unos mecanismos, distintos a los actualmente vigentes, que lo hagan viable.
En ocasiones anteriores se ha logrado a costa del nivel de vida de las grandes mayorías, por los recortes de sus derechos sociales y laborales. Mientras que la minoría privilegiada ha seguido aumentando sus ingresos y asegurándose su nivel de vida. La desigualdad existente entre el patrimonio medio de los hogares ricos y pobres se ha doblado en los últimos 12 años. El 27,9% de la población, vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque algunas medidas ya ha tomado el gobierno de coalición para superar este desfase, es preciso analizar los mecanismos consolidados que fabrican desigualdad para avanzar en un sentido distinto.
Veamos algunos: se nos dice que el control del gasto público hace imprescindible los recortes en prestaciones. Pero por otro lado, los inspectores de Hacienda denuncian: “Desde el estallido de la crisis-2008, la riqueza de los multimillonarios en España crece un 10%, y el número de ricos ha crecido un 60%. Y entre el 30% y el 40% de este dinero está en paraísos fiscales”. Y si hablamos de prácticas admitidas como legales, según la Agencia Tributaria “Las ocho mayores fortunas españolas atesoran más de 5.000 millones en sus sicavs, que les permiten tributar al 1% , frente al 25% que rige para el resto de las empresas”. “Las grandes empresas pagan el 7,3 % de impuestos de sociedades”.
Se nos advierte también que, para lograr la estabilidad presupuestaria, hay que respetar “la regla del techo de gasto”. Pero, en realidad, esta regla sólo sirve para las inversiones en gasto social: sanidad, educación, vivienda, pensiones y dependencia. No sirve, por ejemplo, para Defensa, donde el presupuesto destinado para compra de armamentos es ajeno a las necesidades defensivas de nuestro territorio. Pero, claro, en estas empresas de armamento tienen sus capitales los accionistas de los grandes bancos españoles y extranjeros.
Otro mecanismo: el subempleo eventual y poco remunerado. Medida también, se nos dice, para recuperar competitividad frente a otros países. Y así, mientras la economía crece, los salarios han reducido su poder adquisitivo en un 10%. Las camareras de piso y los vigilantes jurados ingresan casi la mitad que antes de la crisis de 2008. Incluso se generaliza el robo del trabajo no remunerado: una media semanal de 3,5 millones de horas extra no remuneradas supone un ahorro para las empresas con el que se podrían crear 156.000 empleos .
En consecuencia, el capital empresarial se ha multiplicó por cinco entre 1994 y 2015. A ello han contribuido las reformas laborales que han incrementado el desempleo, la precariedad y la amenaza del despido. Han desregularizado el anterior mercado de trabajo y producido en masa trabajadores pobres, el ejército de reserva del precariado y las nuevas formas de exclusión.
Estas políticas no son inevitables. Hay medidas alternativas como las que proponen los inspectores de Hacienda en materia fiscal: “Las últimas reformas impositivas – dicen -han supuesto una traslación desde la imposición directa a la indirecta, y dentro de la directa, desde las rentas del capital a las rentas del trabajo. Para combatir la desigualdad hay que introducir cambios en la estructura fiscal: subir los impuestos a los beneficiarios de las mayores rentas, dando más peso a los impuestos directos, y aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF”.
A escala municipal, las políticas económicas que aplicó Ahora Madrid en el Ayuntamiento consiguieron, al mismo tiempo, sanear las cuentas, terminando su legislatura con superávit y poner en marcha un plan de mejora de la ciudad, potenciando las políticas públicas y los servicios sociales. Se bajó el I.B.I. a los vecinos de los 22 barrios con menores ingresos, un 25% de las viviendas de la ciudad. Mientras que se encontraron nuevos nichos de recaudación en sectores que antes “inexplicablemente” apenas tributaban, lo que ha supuso un aumento del 4,67% de recaudación.
La misma directora gerente del F.M.I. aseguraba antes de la pandemia :“La economía española pasó dificultades durante los años de la crisis de la eurozona y uno de los impactos fue el aumento de la desigualdad. Entre las políticas del nuevo Gobierno español, está trabajar hacia un crecimiento más inclusivo para asegurarse de que se comparten mejor los beneficios. La cuestión de los salarios debe formar parte de la agenda del Gobierno” (1)
NOTAS
(1) Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, el país,1-2-2020