La recuperación de la memoria democrática es un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. Si es imprescindible fomentar la reflexión social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática, lo es aún más hacerlo tanto de los logros en educación, pilar fundamental del edificio republicano, como de las maestras y maestros republicanas que se volcaron para hacerlo posible, colectivo que fue el primero que sufrió de una forma salvaje e inquisitorial el asesinato, la persecución, la expulsión, el exilio y una brutal depuración.

En 1936, cuando se proclama la II República, la economía y la población es eminentemente agraria. Apenas 5 millones, de los 23,5 millones de españoles, vivían en las ciudades y los obreros del campo, sin apenas instrucción, no sabían leer ni escribir, vivían en unas condiciones miserables que obligaban a trabajar a los niños a los 8 años. La distribución de la tierra era muy desigual, 25.000 terratenientes disponían del 50 % de la tierra, y el campo español carecía de escuelas: los únicos niños que en el mundo rural iban a la escuela pertenecían a familias acomodadas. El analfabetismo (Luzuriaga 1929) se cebaba en el campo español: el 85% de los campesinos y el 30% de los que habitaban en la ciudad eran analfabetos. Las mujeres prácticamente doblaban la tasa de analfabetismo de los hombres. Las provincias andaluzas, algunas de la actual Castilla-La Mancha y de Murcia ofrecían datos, verdaderamente espeluznantes (65 a 70%). La situación mejoraba en las capitales y principales ciudades, donde había más escuelas, pero también había un conjunto de “distritos judiciales”, con importantes núcleos de población donde un 80% de sus habitantes eran analfabetos

A esta situación económica y educativa hay que sumar una presencia asfixiante de la Iglesia en el sistema educativo, en las costumbres sociales e impregnando el poder político en todos los niveles.

Decir República es sinónimo de educación, sinónimo de cultura, sinónimo de progreso. Tanto en el advenimiento de la República como en su trayectoria posterior tuvieron un papel importante eminentes intelectuales y profesores universitarios que provenían y tenían una estrecha relación con la Institución Libre de Enseñanza (ILE), convencidos de que la educación es un motor de transformación social, que o cambian la educación y escolarizan a todos los niños dando una educación de calidad o España no irá adelante. Sólo un pueblo sólidamente formado sería garantía del progreso social y de la consolidación política del nuevo régimen dentro de un proyecto más amplio de creación de un Estado del bienestar y al profesorado en general, y al Magisterio muy en particular, correspondía la misión de sentar las sólidas bases sobre las que debería alzarse el edificio republicano.

La ILE surge en 1876 cuando Cánovas suspende la libertad de cátedra en España «si se atentaba contra los dogmas de fe», para afianzar un principio integrista que hacía de la nación un proyecto sostenido en la voluntad divina. Giner de los Ríos abandona la Universidad Central y crea con 201 socios de la burguesía liberal ilustrada la ILE (profesores de universidad, médicos, arquitectos, escritores…), un centro aprendizaje, debate y formación que puso en contacto las élites artísticas y científicas españolas con las vanguardias europeas y que se convirtió en el cauce para la introducción en España de las más avanzadas teorías pedagógicas y científicas extranjeras. En 1907, presidida por el Nobel Santiago Ramón y Cajal, crearon la Junta para Ampliación de Estudios Investigaciones Científicas (JAE) con el objetivo de becar a estudiantes y profesionales para estudiar en el extranjero y para conocer las más innovadoras teorías, técnicas educativas y metodologías activas de la Escuela Nueva: Dewey, Pestalozzi, Ferrière, Claparède, Decroly, Montessori, Freinet. Estos y otros pedagogos, al finalizar la Primera Guerra Mundial (1914), constituyen la Liga Internacional para la Nueva Educación en la que se plantea la necesidad de reconsiderar los planteamientos educativos imperantes hasta ese momento, revisar las instituciones educativas y los principios que sustentan el acto educativo. Defienden que la educación debe ser activa, que prepare para la vida real y que parta de los intereses reales que tenía el niño.

Estos maestros y profesionales también conocen y viven los logros de la modernización política de Francia que desde la década de 1880 estableció con las llamadas Leyes de Jules Ferry un sistema de enseñanza pública laica, obligatoria y gratuita, que supuso una exitosa ruptura pedagógica con el monopolio educativo de la Iglesia (escuela confesional, elitista y basada en la segregación por sexos).

La ILE también crea la Residencia de Estudiantes (1910) y la Residencia de señoritas, el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, el Museo pedagógico, las colonias escolares de vacaciones, la Universidad Internacional de Verano de Santander, las Misiones pedagógicas, y el Instituto Escuela (1918), este último con el objetivo de modernizar los contenidos y los métodos pedagógicos de la Enseñanza Secundaria.

El Instituto Escuela, los institutos Escuela (en Madrid actualmente reciben el nombre de Instituto Isabel la Católica e Instituto Ramiro de Maeztu), porque fueron ampliándose en distintas sedes, tenían como objetivo formar a las élites: decían que si formaban a los dirigentes en su pensamiento, dominarían a la sociedad (un modelo parecido al que tenían los jesuitas). Pusieron en práctica las metodologías más avanzadas, dando especial importancia a las ciencias experimentales y a las lenguas vivas, además para completar la formación física, estética y manual de los alumnos introdujo las materias de Música, Dibujo, Trabajos Manuales y Juegos y Deportes. Sus métodos pedagógicos tendieron a erradicar la clase magistral y el aprendizaje puramente memorístico y procuraron potenciar la educación de los alumnos frente a la mera instrucción, para ello redujeron el número de alumnos por aula, con lo que se aseguraron el diálogo continuo entre el profesor y el alumno y potenciaron la observación directa de las cosas, el razonamiento y la experimentación. En la aplicación de esta metodología, tuvieron un lugar destacado las visitas a los museos y las excursiones, las prácticas de laboratorio y el uso de la biblioteca y como instrumentos para hacer más personal el aprendizaje de los alumnos, jugaron un papel destacado los cuadernos y trabajos de clase que, en los primeros cursos de bachillerato, sustituyeron a los libros de texto. Entre otras novedades educativas, el Instituto-Escuela suprimió los exámenes finales (piensan que todo examen es ya en sí mismo desmoralizador, favoreciendo el engaño, la repentización y el memorismo. José Castillejo recuerda que Alemania, el país de menos exámenes, es uno de los de mayor eficiencia científica), realizando una evaluación continua (que valoraba las actividades cotidianas, el cuaderno escolar, las prácticas de laboratorio y los exámenes parciales). Introdujo la figura del profesor tutor, procuró implicar a las familias en la educación de sus hijos a través de reuniones periódicas y quiso que los alumnos participasen en el funcionamiento del centro con iniciativas como la Biblioteca Circulante o la Sociedad Cooperativa de Excursiones.

Como ya se ha dicho antes, desde 1876, y especialmente desde 1907 con la JAE y desde 1910 con los Instituto Escuelas se forman con un sistema educativo en línea con las pedagogías activas de la Nueva Educación unas cohortes de intelectuales y liberales ilustrados en estrecha relación con las vanguardias europeas que son fundamentales tanto para el advenimiento de la República como en su posterior desarrollo.

Hablamos de la educación en la II República como si fuera un único período en cuanto a desarrollos y avances en materia de educación, pero es importante resaltar que es en el primer bienio (1931-1933) durante el cual la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña llevó a cabo diversas e importantes reformas que pretendían modernizar el país. En el segundo bienio (1933-1935), radical-cedista, durante el cual gobernó la derecha (Alejandro Lerroux, apoyado por la derecha católica) se produjeron de nuevo importantes retrocesos y que el tercer bienio (1936-1939) marcado por el triunfo de la coalición de izquierdas Frente Popular en las elecciones generales solo pudo gobernar en paz durante cinco meses a causa del golpe de Estado del 18 de julio y apenas pudo desarrollar algunas de sus promesas.

Los dirigentes de la II República consideraron la educación como un pilar fundamental; fue una opción escogida en la seguridad de que sólo un pueblo sólidamente formado era garantía del progreso social. Al frente de esta importante misión estuvieron muchos institucionalistas de la ILE y el socialista Lorenzo Luzuriaga, secretario técnico del Ministerio de Instrucción Pública y artífice del programa educativo.

Pública, única, activa, y laica. En la Constitución republicana la educación pública era una obligación del Estado, la enseñanza primaria sería obligatoria y gratuita, democrática (no ideologizada), según un sistema de escuela unificada (común para ambos sexos y con un cuerpo único de profesorado) sin segregación por sexo (escuelas mixtas), laica (no doctrinaria – se suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa basándose en la libertad religiosa y la libertad de conciencia del niño y del maestro; se consigue arrebatar a la Iglesia la hegemonía en el sistema educativo, limitándose en consecuencia su capacidad de influencia social).

Desde el Ministerio de Instrucción Pública se regula todo lo referente a la educación desde los primeros momentos de la llegada de la II República mediante decretos e instrucciones para no perder ni un segundo. Se regula el bilingüismo para los que tengan lenguas maternas distintas del castellano, la libertad de cátedra, se regula la inspección de primera y segunda enseñanza, por ley se prohibió la existencia de las órdenes religiosas que tuviesen entre sus votos la obediencia a otra autoridad que no fuera la del Estado, (jesuitas) y se creó la Junta de Sustitución que se encargaría de sustituir la enseñanza, profesores y edificios religiosos por laicos. Pero no prohíbe el ejercicio de la enseñanza privada, siempre y cuando no persiguiese fines políticos y partidistas.

Más escuelas. Había 32.680 escuelas pero se calculó que eran necesarias 27.151 escuelas más que se construirían según un plan quinquenal a un ritmo de 5.000 escuelas por año, excepto durante el primero que se crearían 7.000. Para ello se destinaron 600 millones en total, la mayor inversión de España en construcciones escolares hasta la fecha y la mayor en ese ámbito comparada con cualquier otro país del momento. Las penurias presupuestarias impidieron alcanzar ese objetivo, pero se hizo un verdadero esfuerzo para que hubiera escuelas en todos los rincones del país. Además se apostó por la mejora de los edificios escolares y por dotarlos de los materiales y libros necesarios. Se dotaron los centros de gran número de bibliotecas escolares y se crearon cantinas escolares (comedores); la República se vio obligada a dar de comer a los niños, incluso a vestirlos antes de educarlos. Había cantinas y roperos escolares y cobraron fuerza las Colonias Escolares con las que los niños viajaban al mar o a la montaña, hacían deporte, se divertían, pero sobre todo, comían.

Más y mejores maestros y maestras: el “ALMA de la escuela”. Para todos estos cambios hacía falta un nuevo tipo de maestro, mejor formado pedagógicamente, muy concienciado de la importancia de su labor, más valorado por la Administración y mejor remunerado. La formación de los maestros llegó, por fin, a la Universidad, al crearse la sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, en el año 1932. Entendían al maestro como guía y, no como el que tiene la sabiduría. El maestro o la maestra comparten, y aprenden juntos, no es quien dice lo que hay que aprender, y las criaturas no deben limitarse a lo que le dicen. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial serían funcionarios y necesitan el título de Maestro para ejercer la enseñanza primaria tanto privada como pública y el de Licenciado para la enseñanza media. Entre 1931 y 1933 se crearon unas 14.000 plazas para maestros, 2.500 entre 1934 y 1935, (Bienio Conservador)y otras 5.000 en 1936 (Frente Popular), en total 21.293 plazas nuevas, un 56,5 % más de los existentes con anterioridad.

La República quiso aumentar el número de plazas pero también ocuparlas con mejores profesionales. Consideran fundamental la FORMACIÓN del maestro e impulsan la reforma de las Escuelas Normales (instituciones donde se formaban los futuros maestros) a través del Decreto de 29 de septiembre de 1931. Se crea así un nivel de exigencia en la formación del profesorado que no había habido hasta entonces y que no se recuperaría hasta los años 60. Su formación se basa en tres aspectos importantes: cultural (se adquiría en los institutos nacionales de segunda enseñanza), preparación/profesional (se adquiría en las escuelas normales, para cuyo ingreso será necesario el bachillerato) y la práctica pedagógica (se realizará en las escuelas nacionales). Además se realizará practicando la coeducación, es decir, se fundían las escuelas normales masculinas y femeninas en escuelas normales mixtas. Además reforman el proceso de selección para el que no es necesario opositar ni realizar exámenes, considerando suficiente para el acceso a la docencia tener la titulación necesaria y haber superado adecuadamente el período de prácticas. También se dignificaron los salarios (de miseria) de los maestros subiendo a 5.000 pesetas anuales que hasta entonces era de 3.000 pesetas. Los nuevos maestros y muchos de los anteriores se sumaron al proyecto de la República entusiasmados, se lo creían, y eran, como se les había pedido, el “alma de la escuela”. Con esta formación y con su nuevo estatus, los maestros y maestras estaban muy posicionados políticamente, eran progresistas y de talante reivindicativo.

En todo sistema educativo la inspección es un elemento clave y así lo entendió la República. Aumentó la plantilla de inspectores, añadiendo 100 nuevas plazas a las 212 ya existentes, dotando a los inspectores de una fuerte formación pedagógica y de un carácter menos burocrático y más cercano a la escuela. A partir de los decretos promulgados en 1932 el inspector no sólo sería un funcionario que debía controlar la aplicación de la ley, sino, sobre todo, un facilitador, un orientador, un impulsor y un director del funcionamiento de las escuelas, lo que la ILE llamó un “Maestro de Maestros”. Los inspectores, gracias al Decreto de Inmovilidad de los Inspectores, que evitaba su desplazamiento cuando molestaba en algún distrito. Se convirtieron en funcionarios autónomos que trabajaban coordinadamente en las Juntas de Inspectores

Se pusieron en marcha muchos e importantes proyectos de modernización pedagógica, considerando fundamental todo lo que tiene que ver con una formación crítica, integral, con que los críos y las crías aprendan a convivir, a compartir, una educación basada en el ideal de solidaridad humana que permita desarrollar a cada alumno o alumna sus aptitudes. El aprendizaje debe ser activo a través de la experiencia, sin libros de texto, que ayude a pensar, que compagine lo intelectual con las emociones. La escuela debe ser investigadora, científica, racionalista y estar conectada con la sociedad (debiendo mantener relaciones con padres, entidades profesionales y culturales, etc.…); propone emplear el entorno escolar y la investigación del medio para realizar aprendizajes significativos. Se organizan las escuelas por ciclo único, con agrupaciones flexibles de los alumnos por el nivel de conocimiento, no por la edad. En 1934, se introdujo la educación sexual en las aulas

La República apostaba por compensar las desigualdades, que es la auténtica igualdad, y eso debe hacerse desde las bases, también desde las escuelas (las personas no somos iguales, porque no nacemos en las mismas condiciones) para ello fueron muy importante las becas: La República tenía la obligación de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza para que únicamente fuese la aptitud y la vocación el que condicionase el ingreso (p. ej.: El número de alumnos matriculados en la Enseñanza Media pasó de 70.000 a 130.000 y el 25% de las plazas para estudios universitarias estaban reservadas para becarios)

Para la República la educación de los adultos era una tarea muy urgente. Muchos maestros y maestras impartían clases nocturnas a mujeres y hombres “para que el trabajador pudiera en sus ratos de ocio recibir la enseñanza que no pudo aprender en su infancia (…) enseñándole también a pensar por sí mismo y ponerle en condiciones de emanciparse y saberse conducir sin necesidad de «guías» en la vida”. Entre otras iniciativas, a propuesta de la ILE, se crearon las Misiones Pedagógicas, en mayo de 1931, para acercar la cultura, con un intenso afán pedagógico, especialmente al mundo rural, con exposiciones, sesiones cinematográficas, guiñoles, representaciones teatrales (García Lorca con la Barraca o Alejandro casona), recitales, y apoyo a los maestros rurales. Y la Universidad Popular, un intento de extender la educación al conjunto de la sociedad, más allá del ámbito de las instituciones docentes, y de ampliar la formación cultural de la clase trabajadora.

Ciudadanas. Con la República se concede el derecho a la igualdad a las mujeres y es urgente formar ciudadanas. Es un modelo de mujer que hasta ese momento no existía, o quizás, solo en la teoría pues, hasta ese momento, las mujeres no podían votar y no podían participar en plano de igualdad en la vida política. Al hacerlas ciudadanas la República pone en marcha un proceso enorme de igualdad en el acceso al trabajo, en el acceso a la educación y un cambio en la manera de vivir: ahora la mujer tiene un salario y eso le da una independencia económica, una independencia afectiva, puede escoger, puede tener una formación profesional. Casarse ya no es esa obligación para no morir de hambre.

En el Segundo bienio (conservador) de la II República se dio marcha atrás a muchos de los planteamientos educativos del anterior gobierno, principalmente en cuanto a la coeducación, que es suprimida en primaria. También se procuró intervenir a los inspectores, suprimiendo la Inspección Central de Educación con el argumento de que no había presupuesto, y se suprimió el decreto de inamovilidad de los inspectores. Se formaron muchos menos maestros (5.000 frente a los 14.000 del primer bienio) pero se siguió con la creación de escuelas y se continuó la reforma universitaria siguiendo las mismas directrices del anterior bienio. En este período se reforma la segunda enseñanza, con la aprobación en 1934 del Plan de estudios de bachillerato en línea con la defensa de la formación segregada y de incrementar el elitismo y la discriminación en la enseñanza, reforzando la existencia de un sistema educativo de “doble vía”: una para las élites, el bachillerato, y otra para las clases más desfavorecidas.

El llamado Tercer bienio comienza con las terceras elecciones y ultimas de la II República, en 1936, que dieron la victoria al Frente Popular, alianza de partidos y organizaciones de izquierdas. El 19 de febrero Azaña es nombrado de nuevo Presidente. A pesar de que entre sus promesas electorales se incluían profundas reformas educativas en el mismo sentido que en el bienio reformista, la República no tuvo tiempo de promulgar una Ley de Educación. El estallido de la guerra paralizó cualquier actuación importante. A pesar de ello hay que destacar el esfuerzo formador que se dio en las milicias y en el Ejército Popular para combatir el analfabetismo y aportar conocimientos culturales a los milicianos y soldados. También fue muy importante destacar el movimiento educativo, de los más innovadores y de gran magnitud, que se dio en las Colonias Escolares de la retaguardia, desde Cataluña hasta Valencia, para los huérfanos de guerra y los hijos de los milicianos que combatían en el frente.

El legado educativo republicano sigue estando vivo porque durante aquellos años de República y guerra civil fue intenso y profundo y prendió en la conciencia de muchas personas.

Depuración y represión. La educación estuvo, entre otras causas, en la raíz de la guerra civil. Lo demostraría el hecho de que el bando vencedor no sólo liquidó radicalmente el modelo republicano educativo, sino que desarrolló en guerra y en la posguerra una intensa represión contra los docentes, a través de dos mecanismos: la liquidación física y la depuración. En un sentido casi literal fue una guerra de maestros contra curas, y fueron los maestros y los trabajadores los que fueron atacados, fusilados, paseados, humillados y ofendidos.

Desde el inicio mismo de la guerra, el bando faccioso se lanzó a demoler por su base el edificio institucional republicano y la enseñanza no fue una excepción. Las primeras medidas depuradoras se tomaron ante la inminencia del inicio del curso escolar en septiembre de 1936 para acabar con el laicismo, la coeducación, la organización democrática de la enseñanza y el espíritu de innovación pedagógica, pues para los facciosos era necesario implantar una educación reaccionaria, antiliberal, agresivamente nacionalista-española y ultracatólica.

El proceso de depuración tuvo rasgos netamente inquisitoriales. Se consideraba a los maestros y maestras responsables de haber inoculado en la sociedad y en las mentes juveniles el virus republicano y estaban convencidos que si no se acababa de raíz con ellos, al nuevo régimen se le iría de las manos la política nacionalcatolicista que pretendía imponer. Además, tenían la firme decisión de aplicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales en general, que quitara las ganas a cualquier otro de repetir aquel modelo de vida.

En una primera fase, recién declarada la guerra, se produce una depuración salvaje: los militares, falangistas y requetés se encargan de peinar pueblos y ciudades en busca de maestros republicanos. Pedían informes a los alcaldes y por esa vía se asesinó a cientos de maestros por su colaboración con las autoridades republicanas y por su implicación en el proyecto de renovación profunda de la sociedad española. Especialmente en las zonas rurales, el maestro era visto por los sectores conservadores como una verdadera amenaza para el orden social tradicional No se sabe cuántos maestros fueron paseados, fusilados tras una saca o ejecutados tras los procesos sumarísimos en los que las garantías de defensa brillaban por su ausencia. No hay datos completos de esa persecución, pero sí recuentos parciales (sólo en los primeros meses de guerra más de 40 asesinados en la provincia de León, 33 en Burgos, 33 en Zaragoza…). El gobernador civil de Orense, en una nota publicada en la prensa, justificaba la depuración que se iniciaba en aquellos momentos acusando a los maestros de haber inculcado en sus alumnos «ideas marxistas llenadas (sic) de odio y rencor » que, a la larga, los hubiesen convertido en «seres degradados en extremo, impíos, antipatriotas, profesionales del crimen, amantes del terror, esbirros revolucionarios al servicio moscovita, enemigos acérrimos de la fuerza, vigor e independencia de nuestra Patria», lo que, evidentemente, no se podía tolerar.

De la importancia que los sublevados otorgaban a los maestros y maestras es indicio que el primer “paseado” del que tenemos noticia en Briviesca (Burgos) es Antonio Benaiges maestro de Bañuelos de Bureba el 25 de julio, en Zamora Ildefonso Jambrina, maestro de Villalazán también el 25 de julio, en la primera “saca” de la cárcel de Zamora Valentín Ferrero, director pedagógico del hospicio, “hallado muerto” el 4 de agosto…

En Noviembre 1936 se crean comisiones provinciales y se les exige a todos los maestros, a todos, que soliciten su propia depuración como condición para seguir ejerciendo. Se les pide que detallen qué hacían antes y después del 18 de julio, cómo recibieron el alzamiento, sus filiaciones políticas y sindicales, su actividad diaria y privada y que delataran a sus compañeros. Debían acompañar esta solicitud con los informes del alcalde, el cura, la guardia civil y un padre de familia “de probada moralidad”. En el proceso de depuración se escrutaban también cuestiones de tipo profesional, las creencias religiosas y los más variados aspectos de la vida privada, nada quedaba fuera de escrutinio ni había límite temporal en el que detener las pesquisas (a pesar de que la normativa fijaba octubre de 1934 como fecha de referencia). Los principales objetos de investigación y, en su caso, sanción eran la militancia en partidos, sindicatos u otras organizaciones republicanas o de izquierdas, la aceptación de cargos políticos o de responsabilidad, la participación en mítines, manifestaciones, comités de cualquier tipo o hechos de armas, las ideas izquierdistas (en cualquiera de sus modalidades —comunistas, socialistas, anarquistas…—), o nacionalistas (igualmente bajo cualquier variante, fuese de lugar —catalana, gallega, vasca— o de intensidad —separatista, autonomista…—), la irreligiosidad en cualquiera de sus formas (desde el simple incumplimiento de los preceptos religiosos hasta el ateísmo), la orientación avanzada de la práctica pedagógica, y los comportamientos privados considerados incompatibles con la dignidad de un docente (entre los que los relativos a cuestiones sexuales ocupaban un lugar privilegiado).

Muchos maestros y maestras fueron asesinados o sancionados por, en su intachable comportamiento de funcionarios, descolgar las cruces que presidían las aulas, tal y como mandó hacerlo la República para poner las bases de lo que iba a ser la escuela laica y de pensamiento libre. Ese fue el pecado que se convirtió en delito. Para muchos maestros los informes que tenían que adjuntar del alcalde, del cura o de la guardia civil no fueron favorables: Un cura de Calamocha (Teruel) escribió en las observaciones sobre un maestro catalán : «fusilable»; el comisario jefe de Sevilla sobre una maestra de la ciudad escribió: «…, inmoral, enemiga de la religión, comunista y ramera» y sobre Engracia del Río de la Vega, de 27 años, maestra de Fermoselle, asesinada en agosto de 1936, “ha fumado un cigarro en la escuela, delante de las niñas”

Hay datos de que 21.000 maestros (1 de cada 3 de los algo más de 60.000 maestros) fueron depurados durante y después de la guerra. De ellos 6.000 (el 10% de todos los depurados) fue apartado definitivamente de la enseñanza; otros 6.000 perdieron su plaza al ser trasladados forzosamente de localidad (a veces a lugares tan remotos que muchos preferían abandonar la enseñanza antes que someterse a ese castigo) y otros 3.000 fueron suspendidos de empleo y sueldo durante periodos que oscilaron entre el mes y los dos años (fue frecuente, por otra parte, que la suspensión y el traslado se diesen simultáneamente). Estos 15.000 maestros y maestras quedaron inhabilitados para cargos directivos. Los otros 6.000 sancionados recibieron exclusivamente la sanción de inhabilitados para cargos directivos y otras sanciones diversas (jubilaciones forzosas, postergación en el escalafón, expedientes de disciplina —en el caso de los alumnos de las normales—). Sistemáticamente, se sancionó más duramente a los maestros que a las maestras, que se beneficiaron en este caso de una actitud paternalista por parte tanto de las comisiones como de la Superioridad

La purga fue enorme, como las cifras antes citadas muestran, y lo fue especialmente por la calidad de los afectados: el sector más dinámico, innovador, progresista y comprometido del cuerpo de maestros nacionales, así como de los estudiantes normalistas y, a su vez, futuros maestros. La depuración sirvió para hacer limpieza ideológica, pero también para colocar a los adictos, y para paralizar cualquier tipo de contestación interna durante mucho tiempo: su lugar fue ocupado por miles de arribistas, excombatientes, mutilados de guerra y excautivos, familiares de caídos y, en general, individuos de reconocida adhesión al régimen y cuya competencia profesional nadie se tomó demasiado tiempo en comprobar.—«lo único que preocupaba a los dirigentes franquistas era la capacidad del maestro desde el punto de vista político, ideológico y religioso»—. La innovación pedagógica desapareció por una larguísima temporada, Se repuso el crucifijo en las aulas, así como el rezo al comienzo y finalización de las clases y se volvió a la asistencia a la misa dominical de todos los alumnos en formación, acompañados del maestro.

Las depuraciones de los maestros y las maestras, y las revisiones de las mismas, se mantuvieron en el tiempo hasta 1961 (cada vez menos y con consecuencias menores). Hasta 1977 no se decretó amnistía para los represaliados (gobierno de UCD) pero ya era tarde para la mayoría de los maestros, ancianos muchos, muertos ya la mayoría. Sus familiares se conforman ahora con seguir la pista de huesos perdidos en las cunetas o en las fosas comunes de los cementerios.

Ya en 1936 los fascistas prohíben la producción, comercio y circulación de libros, periódicos, folletos e impresos que no sirviesen para propagar las ideas de éste sector del Ejército y del Nuevo Estado. A medida que las tropas fascistas avanzaban, emitieron varias disposiciones y crearon comisiones depuradoras específicas con el fin de lograr un control total de los fondos bibliográficos y la reducción del número de bibliotecas públicas anteriormente creadas. También las bibliotecas privadas sufrieron el proceso de depuración. Especialmente intensa fue la depuración que se produjo con los libros de texto escolares (los primeros en retirarse fueron los distribuidos por las Misiones Pedagógicas): periódicamente los distintos boletines provinciales hacían pública la relación de libros de texto autorizados por las autoridades educativas franquistas

La educación en el primer franquismo supuso un retroceso de siglos. Se dejó en manos de la iglesia la educación, lo que se ha denominado el principio de subsidiaridad del estado respecto a la iglesia. El estado no es el que educa. La educación está totalmente en manos de la iglesia, iglesia hasta los años 70 que se aprueba la Ley Villar-Palasí. Se instaura una educación de acuerdo con la moral y dogma católicos, en su versión más integrista o nacional-católica. La enseñanza de la religión católica vuelve a ser obligatoria en todas las escuelas. La Iglesia se otorga el derecho a la inspección moral de la enseñanza en todos los centros docentes. Todas las asignaturas tienen un marcado cariz ideológico y una orientación doctrinaria con un exaltado patriotismo españolista, y la obediencia a Franco y a las autoridades. El estado no se preocupa por la formación de magisterio, que es muy deficiente, ni se preocupa de crear nuevas escuelas, ni de construir edificios, ni de renovar el material. El franquismo apuesta por la educación privada y, en manos de la iglesia y rechaza todos los avances de la República en cuanto a renovación de los métodos pedagógicos y mejora del nivel intelectual de la enseñanza (debía borrar todos los aspectos de renovación y avance educativos, además de formar leales y entregados súbditos de la nueva España que se estaba construyendo). Prohíbe la coeducación y separa a los alumnos por sexo. Se incrementan el elitismo y la discriminación en la enseñanza, manifestados principalmente por la existencia de un sistema educativo de “doble vía”: una para las élites, el bachillerato, y otra para las clases más desfavorecidas. El Estado redujo el número de centros de enseñanza Media, dejando el campo abonado para la enseñanza privada.

Francisco Sánchez Osorio.