Medio millar de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado este domingo en la Cañada Real Galiana para exigir «luz ya, contratos y una mesa de trabajo» a la Comunidad de Madrid y a la empresa Naturgy, tras dieciocho meses sin suministro eléctrico. Los asistentes, convocados por las entidades vecinales de la zona, se han unido a la marcha desde los distintos sectores de la Cañada Real para dirigirse a la Avenida de las Víctimas del Terrorismo de Rivas, donde se celebró una asamblea.

«Queremos que nos pongan contadores legales y poder pagar la luz«, ha reclamado la presidenta de la Asociación de Vecinos Alshorock, Cristina Pozas, quien ha señalado que «no se puede negar este derecho a familias trabajadoras en la Comunidad de Madrid». Para Pozas, el argumento de que no hay luz en la Cañada por las plantaciones ilegales de marihuana «no se sostiene», porque, desde octubre de 2020, ya han tenido ocasión de desmantelarlas.

«En el sector 5, los vecinos nos organizamos para turnarnos con la potencia que hay. Como tenemos transformadores, cada día se dejan en servicio las líneas de unas viviendas y se levantan otras. Así nos vamos turnando. Se hace un calendario semanal y se avisa a los vecinos para que cada uno aproveche para poner la lavadora, cocinar o ducharse», ha explicado Pozas. La situación es «insostenible» para las familias, los niños, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas mayores y electrodependientes, ha recalcado.

Para la presidenta de la Asociación de Vecinos Alshorock, la interrupción del suministro eléctrico en la Cañada Real es «una estrategia planificada y ejecutada para expulsarnos de nuestras casas, desde que se reactivaron los planes urbanísticos del sureste, y tienen prisa por desalojarnos porque las nuevas viviendas rodean justamente a la parte del asentamiento que no tiene luz».

«Naturgy dice que si la Comunidad de Madrid le da la orden de suministrar luz a la Cañada Real, lo hace y la Comunidad de Madrid asegura que si Naturgy no nos da luz, el Gobierno regional no es quién para exigir ni ordenar nada, de manera que se van pasando la pelota unos a otros«, ha señalado Pozas.

Según la presidenta de Alshorock, la compañía suministradora afirma que el consumo y la potencia han aumentado en los últimos años, pero «eso no es cierto» porque en octubre de 2020 se instalaron dos reconectadores en la línea de alta tensión por parte de la compañía UFD, del grupo Naturgy, que en la práctica limitan la potencia del consumo que haya aguas abajo, según el informe de un perito designado por el juez que investiga la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real. El perito reconoce que a día de hoy la Cañada Real tiene un tercio de la potencia que había en el año 2018.

Pozas ha recordado que el relator de la ONU contra la Pobreza Extrema, Olivier de Schutter, instó al Gobierno central a solucionar este problema, puesto que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se declara incompetente.

SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD

A la protesta ha acudido la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y secretaria de Derechos LGTBI de Podemos, Ángela Rodríguez ‘Pam’, y la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto. Al respecto, Rodríguez ‘Pam’ ha lamentado que «a día de hoy» en España se encuentre «esta cara de la vergüenza de Europa que son los asentamientos», y no solamente en Cañada, sino también en otras zonas del país, como en El Ejido (Almería).

«Es una vulneración de los Derechos Humanos inasumible y en la que se da el mismo patrón, el 90% pertenecen a etnias y razas que sufren discriminación. Esto es racismo estructural», ha aseverado, para reivindicar su apoyo al movimiento vecinal que lucha por la luz en la Cañada, el cual, ha destacado, está liderado por mujeres. «Cualquier solución que se de para la Cañada tiene que pasar por escuchar a los vecinos y considerarles como iguales, vecinos y vecinas de Madrid«, ha agregado.

Por su parte, Jacinto ha manifestado su apoyo a esta «justa reivindicación» para tener luz como «cualquier otro vecino de la Comunidad de Madrid» y ha advertido de que ahora ya no solo son los sectores 5 y 6 los que carecen de electricidad, sino que se ha producido el corte en el resto de sectores.

Esto, ha añadido, es «un ataque» sin duda a los Derechos Humanos de la población de la zona, un acción que «obedece a un plan de desmantelamiento de la Cañada patrocinado por la Comunidad de Madrid connivencia con Naturgy».

Desde la compañía eléctrica siempre han negado ser responsables de los cortes de luz y han defendido que el suministro eléctrico se interrumpe al superarse la potencia máxima de la red por un consumo sobredimensionado. En este contexto, un proceso enfrenta a más de 4.000 afectados por la falta de luz contra Naturgy y la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional vincula los cortes a los cultivos de marihuana.

Se cumplen 457 días sin luz en la Cañada Real: «Le decimos a 2022 que no nos rendimos»

Manifiesto

“JUSTICIA PARA CAÑADA REAL” LUZ YA, CONTRATOS PARA LOS VECINOS/AS Y MESA DE SEGUIMIENTO

La crisis desatada como consecuencia de la limitación de la potencia disponible en las instalaciones eléctricas de Cañada Real realizada por la multinacional UFD-Naturgy en coordinación con la Comunidad de Madrid no cesa. Afecta a los habitantes de los sectores 5 y 6 desde octubre de 2020.
En marzo de 2022 una operación policial destruyó varios transformadores y, gratuitamente, dejó sin luz a más de 2.000 personas de los sectores 4, 3 y 2 por prácticamente un mes.
Numerosas instituciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales han llamado al restablecimiento urgente del suministro que evite los daños a la salud que vienen sufriendo los miles de personas afectadas, entre ellas casi la mitad niños, niñas y adolescentes, así como enfermos y personas mayores. Todo ello sin olvidar que el mayor impacto en esta crisis humanitaria la sufren de manera discriminatoria las mujeres de Cañada Real, al recaer sobre ellas mayoritariamente las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar familiar. El Defensor del Pueblo, el presidente de la diócesis
de Madrid Cardenal Osoro y Altos Comisionados de Derechos Humanos de Naciones Unidas han instado a restablecer el suministro y facilitar contratos regularizados de luz para los habitantes, señalando que es posible hacerlo con la legislación actual.
En este contexto, con la excusa de las plantaciones de marihuana, muchos políticos han decidido criminalizar a toda la población trabajadora de Cañada Real y levantar una cortina de humo para ocultar la tortura permanente de vivir a oscuras. Lo cierto es que las autoridades se han colocado en contra de los Derechos Humanos y están incumpliendo sus propios compromisos adquiridos en el Pacto Regional. El ataque ha llegado al punto de que en la actualidad se ha abierto un trámite en la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid para desmantelar la instalación histórica de
tendido eléctrico de Cañada Real.
Asistimos a un desalojo forzoso a cámara lenta sin garantías ni legalidad, movido por la presión especulativa de las promociones inmobiliarias que rodean esta antigua cañada para ganado trashumante convertida en refugio de clases populares sin acceso a la vivienda en términos de mercado. En Cañada Real se castiga a personas inocentes mientras en algunos despachos de Madrid están regalando comisiones millonarias por material sanitario, premiando así a los delincuentes.
El Gobierno de España tampoco está a la altura. Sus compromisos con los pactos internacionales en defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), como es el caso de una vivienda digna y adecuada y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 quedan en papel mojado por su falta de iniciativa y apoyo decidido al restablecimiento de la energía eléctrica en uno de los barrios más vulnerables de España.
La población afectada aguanta este enorme sufrimiento. Se contiene, se organiza, y expresa de forma cívica su protesta consiguiendo apoyos sociales y judiciales para recuperar sus derechos vulnerados y poner coto a la impunidad de algunas empresas y a la arbitrariedad de algunos funcionarios e instituciones como la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
Buena parte de los vecinos y vecinas desean quedarse. Los realojos que sean necesarios en un proceso de regularización deberán ser negociados durante los próximos años exigiendo el respeto a la ley y los derechos de los vecinos. Pero dichos realojos no pueden utilizarse para ocultar que los especuladores y sus políticos cortan la luz a miles de personas durante más de año y medio a quince kilómetros del centro de Madrid para expulsarles de sus viviendas.
El domingo 24 de abril miles de ciudadanos afectados y solidarios, junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil PEDIMOS:

JUSTICIA PARA CAÑADA REAL
LUZ YA, CONTRATOS PARA LOS VECINOS/AS Y MESA DE SEGUIMIENTO
Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real, 24 de abril de 2022. plataformaluz.co