Artículo de opinión de Raúl Martínez acerca de los incendios forestales, cómo reaccionar ante ellos y cómo prevenirlos.
Como cada verano, los incendios forestales nos encogen el corazón. Pero también deberían recordarnos una lección que algunos poderes están interesados en que olvidemos: los servicios públicos no son un lujo, sino la mejor garantía para proteger la vida, el patrimonio natural y el futuro de nuestros pueblos. La prevención rara vez ocupa titulares; su ausencia, por desgracia, sí.
Vemos en la televisión y en nuestras redes sociales incendios que arrasan miles de hectáreas de nuestros montes y obligan a desalojar pueblos enteros. Como viene ocurriendo en los últimos años, cada verano parece superar al anterior en intensidad y gravedad.
Por desgracia, como sucede tras cada gran catástrofe, asistimos también a un intenso debate en las redes sociales y en numerosos programas de televisión. En él observamos el intento de determinados sectores de la derecha de desviar la atención de una gestión deficiente de la emergencia. No debería sorprendernos. Una vez más, una catástrofe pone de manifiesto que la falta de inversión en los servicios públicos se traduce en caos, destrucción y, en demasiadas ocasiones, pérdida de vidas humanas.
En ese debate reaparece el cóctel habitual de la desinformación: noticias falsas, negacionismo climático y campañas organizadas para trasladar la responsabilidad a otras administraciones. El objetivo es el de siempre: confundir a la ciudadanía, generar desafección política e institucional.
Lo hemos podido comprobar en la Comunidad de Madrid. Ante una situación especialmente grave, el Gobierno regional decidió solicitar la declaración del nivel 3 de emergencia, trasladando la dirección operativa al Ministerio del Interior. Conviene recordar que este nivel no implica automáticamente la llegada de más recursos, sino únicamente un cambio en la dirección de la emergencia. Sin embargo, políticamente permite al Gobierno autonómico dejar de asumir el liderazgo de la gestión en un momento crítico para dedicar sus esfuerzos a criticar a la administración que pasa a dirigir el operativo.
Y, sin embargo, la legislación es clara. El artículo 48 de la Ley de Montes establece que corresponde a las comunidades autónomas desarrollar políticas de prevención de incendios forestales mediante actuaciones como desbroces, podas, clareos, tratamientos selvícolas o la creación y mantenimiento de cortafuegos. Es decir, la mejor política contra los incendios comienza mucho antes de que aparezca el humo. Comienza con la planificación, la inversión y el cuidado permanente del territorio.
Las prioridades presupuestarias también hablan por sí solas. La Comunidad de Madrid destina algo más de 52 millones de euros al Plan INFOMA para la prevención y lucha contra los incendios forestales. Sin embargo, el contrato para la construcción del circuito de Fórmula 1 de IFEMA asciende a 83 millones de euros. No se trata de enfrentar el deporte con el medio ambiente, sino de preguntarnos qué prioridades establece un gobierno cuando dedica más recursos a una infraestructura para un gran evento que al principal dispositivo encargado de prevenir y combatir los incendios forestales.
En Rivas conocemos bien la importancia de la prevención. Este último año, el Ayuntamiento, junto con WWF, ha realizado trabajos de clareo y restauración forestal en Mazalmadrit para reducir la carga de combustible vegetal y mejorar la seguridad de uno de los espacios naturales con mayor valor ambiental de nuestra ciudad.
Tras las críticas por la gestión de la crisis, comenzó a funcionar la maquinaria propagandística. Mientras unas personas negaban el cambio climático, otras difundían bulos asegurando que los incendios se producen porque no se permite cuidar el monte a quienes trabajan en el campo. Al mismo tiempo, las Nuevas Generaciones del Partido Popular decidieron que su mejor aportación era publicar un tuit encomendando la solución a un santo, al más puro estilo de Fátima Báñez cuando agradeció a la Virgen del Rocío la salida de la crisis económica.
Desde el máximo respeto a la libertad religiosa y a las creencias de millones de personas en las distintas confesiones —una espiritualidad que, en muchos casos, ha contribuido a construir comunidad y a defender la justicia social, como demostraron figuras como el padre Llanos, Francisco García Salve, Alfonso Comín o tantas personas vinculadas a la Teología de la Liberación—, conviene distinguir entre la fe como compromiso ético y el recurso a la religión para eludir responsabilidades políticas.
Ante un problema como el de los incendios forestales, no basta con encomendarse a ningún santo. Lo que salva vidas son las políticas públicas. Son necesarias mejores condiciones laborales para el personal de bomberos forestales, una inversión sostenida en prevención y una apuesta decidida por el mundo rural. Mantener abiertos colegios, institutos, centros de salud, servicios sociales, transporte público y buenas comunicaciones digitales hace posible que la población permanezca en los pueblos. Un territorio habitado es un territorio más cuidado y, por tanto, menos vulnerable a los incendios.
Vivimos, además, una ofensiva reaccionaria que pretende recuperar elementos del viejo nacionalcatolicismo que marcó buena parte del franquismo. Del mismo modo que en Estados Unidos determinados sectores de la ultraderecha impulsan una agenda política y cultural orientada a restringir derechos y a reforzar modelos sociales profundamente conservadores (intentando abrir debates como el derecho al voto de la mujer), en España se recurre a una supuesta defensa de la tradición católica como instrumento de la denominada “guerra cultural”.
Quienes utilizan electoralmente a quienes viven y trabajan en el campo, atribuyendo sus problemas a una supuesta conspiración en torno a la Agenda 2030, ocultan deliberadamente la verdadera causa del abandono del mundo rural: un modelo económico que favorece la concentración empresarial frente a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas.
Son precisamente quienes defienden un mercado con escasa regulación quienes han impulsado un modelo basado en las macrogranjas y en la agricultura intensiva, desplazando a la ganadería extensiva y a la agricultura tradicional, fundamentales para el mantenimiento del territorio. Son también quienes, cuando gobiernan, incumplen o aplican de forma insuficiente las obligaciones de prevención que establece la legislación forestal y no dotan de recursos humanos suficientes a los servicios encargados de proteger nuestros montes. En definitiva, quienes más hablan de defender el campo son, con demasiada frecuencia, quienes más contribuyen a debilitarlo. Eso sí, no dudan en buscar en su fondo de armario y vestirse para la ocasión con el “outfit rural”.
Frente a ese modelo, resulta imprescindible apostar por la prevención, mejorar las condiciones laborales del personal de bomberos forestales, reforzar los servicios públicos en el medio rural, garantizar el acceso a la sanidad, la educación, el transporte y las comunicaciones digitales en cualquier rincón del país por pequeño que sea el pueblo, apoyar la agricultura y la ganadería extensivas, limitar los efectos de las macrogranjas sobre el territorio y favorecer el retorno de población a nuestros pueblos.
La Comunidad de Madrid debe asumir plenamente sus competencias. No puede construir un discurso permanente de confrontación con el Estado para que, cuando llegan las situaciones más complejas, traslade la dirección de la emergencia y eluda su responsabilidad política. Gobernar significa asumir responsabilidades, especialmente en los momentos más difíciles.
También necesitamos una cultura política que sustituya los gestos simbólicos por el compromiso con la ciudadanía. Porque, como recordaba Gustavo Gutiérrez, sacerdote y fundador de la Teología de la Liberación, «no se trata solo de interpretar el mundo, sino de transformarlo».
Los incendios no se combaten con propaganda, bulos ni gestos simbólicos. Se combaten con planificación, prevención, profesionales bien formados y suficientemente dotados y unos servicios públicos fuertes. Ante la emergencia climática, defender lo público ya no es solo una opción ideológica: es una condición imprescindible para proteger nuestro territorio, nuestro patrimonio natural y la vida de las personas.
Este aumento de incendios no solo pone sobre la palestra nuestra capacidad de extinción. Pone a prueba el modelo de sociedad que hemos construido. Allí donde existen servicios públicos sólidos, un medio rural vivo y administraciones que asumen sus responsabilidades, la prevención es más eficaz y la respuesta más rápida.
Porque la verdadera diferencia entre una catástrofe inevitable y una tragedia evitable no la marcan las plegarias ni la propaganda, sino la fortaleza de los servicios públicos. Defender lo público es defender nuestros montes, nuestros pueblos y, por encima de todo, la vida de las personas.
