El Pleno del Senado aprobó este martes los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que superaron así el último trámite parlamentario tras no incorporar ninguna modificación respecto al texto que salió del Congreso de los Diputados, lo que permitirá que entren en vigor el próximo 1 de enero tras ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las formaciones presentes en el Senado dispusieron de una hora tras la finalización del debate para votar las enmiendas y votos particulares presentados por los grupos parlamentarios, así como los dictámenes de cada una de las secciones que componen el proyecto de cuentas públicas, que llegó a este último trámite parlamentario tras finalizar el pasado miércoles la fase de la Comisión de Presupuestos, en la que no se incorporó ninguna enmienda.

El Pleno se desarrolló desde las 13.00 horas hasta las 20.16 horas, cuando el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, anunció el resultado de las votaciones –145 votos a favor y 118– ante un Pleno que contó con una importante presencia del Gobierno. A la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, le acompañaron –y ovacionaron– otros miembros del gabinete como Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños, Miquel Iceta, Carolina Darias, José Luis Escrivá y Diana Morant.

Para superar la tramitación en el Senado, los Presupuestos han contado con los apoyos que el Gobierno ya recabó en el Congreso –PNV, ERC, Bildu, PDECat, Más País, Compromís, Coalición Canaria y PRC– y sumaron los ‘síes’ del Partido Aragonés, la Agrupación Socialista de la Gomera y Més para rechazar los vetos presentados en la Cámara Alta por PP, Ciudadanos, Vox, Junts y UPN.

Así, el proyecto ha recorrido todo el procedimiento en el Senado con mucha tranquilidad y sin que se modifique el texto que llegó del Congreso. Este hecho es reseñable ya que, en el caso de que el Senado hubiera introducido tan solo una sola enmienda, los Presupuestos habrían vuelto a la Cámara Baja para que ésta decidiese si acepta o rechaza dicha modificación, alargando al menos una semana su aprobación definitiva.

Con esta tramitación exprés en el Senado de solo tres semanas, el Ejecutivo se garantiza que las nuevas cuentas públicas entren en vigor el primer día de 2023. En caso contrario, se hubiera visto abocado a prorrogar los Presupuestos de 2022 hasta aprobar de forma definitiva el proyecto de ley.

Estos son los terceros y últimos presupuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez logra sacar adelante durante esta legislatura. Al igual que en las cuentas públicas anteriores, lo consiguió antes de finalizar el año y con una mayoría holgada tanto en el Congreso –donde sumó a 187 diputados– como en el Senado.

GASTO

Los Presupuestos contemplan un límite de gasto no financiero total que alcanza los 198.221 millones, lo que supone “la mayor cifra jamás registrada”, como han presumido desde el Gobierno durante los últimos meses.

En este número están incluidos los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –que ascienden a 25.156 millones–, por lo que, si se descuentan esos recursos, el techo de gasto es de 173.065 millones de euros, que también suponen “un hito sin precedentes en la historia presupuestaria”.

Desde el Gobierno han puesto en valor que el gasto social se elevará hasta los 266.719 millones de euros en el año 2023, también “la mayor cifra nunca registrada”, y permitirá, entre otras cosas, revalorizar las pensiones para el próximo ejercicio en un 8,5% en línea con la media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC).

En concreto, el libro amarillo de los PGE recoge que la política de pensiones se incrementará en un 11,4% y que se transferirán casi 2.540 millones para “dar cobertura” a la subida de prestaciones como las pensiones no contributivas o por nacimiento y cuidado de un menor.

Por su parte, la política sanitaria tiene una subida en su presupuesto del 6,7%, con 172 millones de euros para la atención primaria y 500 millones “en infraestructuras, principalmente dirigidas a la salud mental y la Atención Primaria”. También se transferirán 50 millones de euros a los centros universitarios para aumentar las plazas de estudiantes de medicina. En Dependencia, el gasto se incrementa en 600 millones de euros y en educación la subida es del 6,6%.

El Ministerio de Transportes incrementa su presupuesto hasta los 700 millones –un 41,2%–, siendo “la mayor parte de esta cifra” la transferencia a Renfe para mantener la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia. La partida de vivienda se incrementa, por su parte, un 5,4%, hasta los 3.472 millones de euros, debido a la introducción de un plan de alquileres “asequibles” de 260 millones de euros y la consolidación del Bono Alquiler Joven, con 200 millones.

Para el Ministerio de Defensa, se recoge un aumento del 25% del gasto militar tras elevar la partida de los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa hasta los 4.900 millones. Sin contar estos programas, el Ministerio aumentará sus recursos en un 6,5%, cifra que se incrementa hasta el 8,4% si se incluyen los fondos europeos.

El Gobierno ha indicado que “solo dos partidas” experimentarán una caída en el presupuesto de 2023 respecto al año anterior: gasto en desempleo, “por el mejor comportamiento del mercado laboral”, y servicios de carácter general, “por los menores recursos de financiación al déficit que experimentan otras administraciones”.

RECAUDACIÓN

Para el proyecto de presupuestos, el Gobierno contempla unos ingresos tributarios de 262.781 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 7,7% con respecto a la previsión de cierre de 2022, lo que se traduce en 18.710 millones más. Teniendo en cuenta también los ingresos no tributarios, los ingresos no financieros se elevarán hasta los 307.445 millones de euros, un 6% más que este año, con 17.422 millones adicionales.

Entre los distintos impuestos, por IRPF el Gobierno espera recaudar 113.123 millones, un 7,7% más con 8.083 millones adicionales, y 28.519 millones por el impuesto de sociedades, también un 7,7% más con 2.036 millones adicionales. Además, por IVA prevé una recaudación de 86.093 millones, un 5,9% más con 4.782 millones adicionales.

Entre las novedades fiscales, destaca la creación del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas para patrimonios netos superiores a tres millones de euros. En el pago de esta nueva figura de carácter temporal será deducible la cuota del impuesto sobre el patrimonio satisfecha a la comunidad autónoma correspondiente.