“Los bancos respiran beneficios y se alimentan de los intereses del dinero”, así describía  John Steinbeck en “Las uvas dela ira”  la crisis del 29  que arruinó  a cientos de miles de campesinos en Estados Unidos. Hoy el control del sistema financiero y de buena parte de la economía real ya no lo tienen los bancos, sino una compleja red  de fondos de inversión. Son los nuevos dueños del planeta.

BlackRock, Vanguard, Blackstone o Cerberus son algunos de los nombres de estos fondos de inversión. Captan capitales de las pensiones privadas, de bancos de inversión, de fondos  de los Estados, incluso de dinero negro del narcotráfico, el comercio de armas y otras actividades ilegales. A los más voraces se los conoce  como fondos buitre. Para asegurar las tasas de beneficio prometidas a sus inversores harán lo que sea.

Tras la crisis de 2008, el crecimiento de estos fondos ha sido espectacular. BlackRock es hoy el fondo de inversión más grande del mundo y tiene nueve billones de dólares en activos, equivalente a siete veces el PIB español.  BlackRock es el principal accionista del Ibex35. No hay una sola gran empresa española en bolsa que no cuente con su financiación.

Los tres grandes fondos controlan el negocio de las vacunas. El 20,16% de Pfizer. En Johnson&Johnson,  tienen el 21,23%. En AstraZeneca, BlackRock es el principal accionista con un 7,69%. En Moderna, cinco fondos controlan el 29,9%. La sanidad privada o las residencias de mayores, la vivienda o las grandes tecnológicas, las energéticas o la industria química, las llamadas economías de plataforma o los medios de comunicación.

Su cercanía con el poder político les ha permitido saltarse todas las leyes antimonopolio y los controles. No dependen de los bancos centrales ni de los Estados, ni se someten a ninguna legislación internacional bancaria. Suelen operar desde paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, garantizar el anonimato de sus inversores y eludir cualquier tipo de supervisión pública. Son la banca en  En 2009, el Gobierno del PSOE introdujo las socimis, sociedades anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, una figura que, tras la reforma del PP en 2013, ahorraba a los fondos de inversión el pago del impuesto de sociedades y el 95% del impuesto de transmisiones. El PP también reformó la ley de alquileres para que los propietarios pudieran subir los precios y echar a los inquilinos a discreción cada tres años. Con estos regalos y unas rentabilidades  las socimis se hicieron con una parte importante del mercado de la vivienda: las 90 socimisde    Su cercanía con el poder político les ha permitido saltarse todas las leyes antimonopolio y los controles. No dependen de los bancos centrales ni de los Estados, ni se someten a ninguna legislación internacional bancaria. Suelen operar desde paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, garantizar el anonimato de sus inversores y eludir cualquier tipo de supervisión pública. Son la “banca en la sombra”.

¿ Se puede luchar contra este poder?. Han sido sobre todo los movimientos por las pensiones, la sanidad pública y el derecho a la vivienda y los sindicatos de inquilinos, quienes han hecho frente a este nuevo poder corporativo. Han puesto cara y nombre a estos fondos, que creían poder pasar desapercibidos, ocultos detrás del enrevesado funcionamiento del sistema financiero internacional.  Han conseguido desvelar ante la opinión pública las consecuencias catastróficas de las actuaciones de estos fondos para la vida y dignidad de las personas.

Estos movimientos han impedido privatizaciones de hospitales públicos y detenido, al menos hasta ahora, la agenda de degradación y privatización de las pensiones, el movimiento por la vivienda ha conseguido paralizar miles de desahucios y negociar miles de alquileres sociales, ocupar decenas de bloques de estos fondos y poner en la agenda política y mediática la necesidad de regular el alquiler y controlar a los grandes tenedores. Ahora se hace necesaria la aprobación de leyes que limiten el poder de estos fondos o la desprivatización de sectores estratégicos como la educación, la sanidad o las residencias de mayores, etc.

CUIDAR LO PÚBLICO

Vivimos un modelo de sociedad que se corresponde con lo que los profetas del neoliberalismo proclamaron en los años ochenta del pasado siglo: ”No existe eso que llamamos sociedad. Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias.” (Margaret Thatcher).El resultado han sido  décadas de individualismo posesivo, privatizador que ha saqueado lo público.

Es preciso hoy  cambiar de rumbo para recuperar la centralidad de lo común. Se hace cada vez más necesario tomar medidas políticas centradas en mejorar las condiciones de vida de la mayoría social y el cambio de modelo ecológico y social frente al dominio que los grandes intereses financieros ostentan. Se hace necesario establecer un nuevo tipo de asociación público-privada que no se base en un Estado mínimo sometido a la hegemonía de los mercados.

Sin pretender ser exhaustivos, algunas  medidas para cuidar lo público pueden ser:

–  Propuestas de Justicia Fiscal: Reducir el recurso al endeudamiento con las entidades financieras privadas para la financiación pública, y apoyarlo en un sistema impositivo que cumpla el mandato constitucional de una fiscalidad justa y progresiva.  Cuando la financiación del gasto público depende en exceso del endeudamiento con entidades financieras privadas es el mismo Estado el que pierde soberanía y capacidad para garantizar los derechos sociales de los ciudadanos. La deuda es una herramienta de sometimiento de los pueblos.

En esta línea: recuperar el Impuesto de Patrimonio, eliminar los privilegios fiscales del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y gravar  “justa y progresivamente” las grandes rentas y fortunas. Elevar el tipo impositivo de los tramos más altos en el IRPF. Igualar de manera efectiva la contribución tributaria de las grandes empresas a la que realizan las pequeñas y medianas.

Compromiso  de eliminar la contratación pública con empresas condenadas por fraude fiscal tanto en España como en cualquier otro país, o con empresas que tengan cuentas en paraísos fiscales.

–  Propuestas de Servicios Públicos

Los Servicios Públicos son las instituciones que garantizan el mandato constitucional de implementar los derechos sociales de los ciudadanos.  Hay que mantener el compromiso con su cobertura universal, titularidad y gestión pública y transparente, sin ánimo de lucro y con suficiencia financiera garantizada por vía impositiva.

Establecer mecanismos que impidan la penetración de los fondos de inversión especulativos, en concreto los denominados “Fondos Buitre”, en la provisión y producción de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, etc.)

Ningún ingreso ni pensión por debajo del umbral de pobreza. Renta Básica por importe igual a éste. Para pensiones o subsidios inferiores: ingreso complementario hasta alcanzar el mismo.

Potenciar los mecanismos de acceso a la información y nuevas formas de control social y ciudadano que aseguren la transparencia en la gestión y en el presupuesto público

–  Propuestas de transición ecológica

Plan de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático que implique al resto de las políticas sectoriales, potenciando actuaciones de ahorro, eficiencia y descentralización basadas en la energías renovables.

Plan de empleo ligado a la Economía Ecológica, Social y Solidaria, generando instrumentos fiscales y financieros, adecuados de apoyo al emprendedor.

–  Propuestas relativas al marco democrático.

Las actuales formas de entender la política, ligadas a una concepción meramente representativa, han de ser trasformadas y complementadas con fórmulas transparentes, participativas e inclusivas  sobre todo aquello que nos afecte. 

IMPUESTO MÍNIMO GLOBAL

(Plataforma por la Justicia Fiscal)

“La reunión de ministros de Finanzas del G-7 acordó a principios de junio-2021 apoyar el establecimiento de un impuesto mínimo global (IMG) “de al menos el 15%” sobre los beneficios empresariales. Se trata de una buena noticia pues reconoce algo que llevamos denunciando desde hace años: el escandaloso dumping fiscal y otras prácticas lesivas que practican las grandes empresas transnacionales para eludir y evadir impuestos

Pero la propuesta de aplicar ese tipo mínimo global del 15%en los impuestos de las grandes empresas transnacionales es de momento bastante ambigua por lo que resulta prematuro hacer ahora una valoración consistente. Habrá que esperar  para ver cómo se concreta en los acuerdos de la reunión del G20 pues ya se sabe que el diablo está en los detalles y no es la primera vez que el G7 habla de acabar con el fraude fiscal para comprobar después que todo sigue igual cuando se disipa la cortina de humo que han creado

Lo que sí es cierto es que, en razón de la COVID, la ciudadanía  está escuchando con mayor insistencia en los medios de comunicación la urgencia de dar pasos hacia una mayor justicia fiscal global. Y esto es algo que, conocida la tenaz oposición de las grandes multinacionales y sus lobbies empresariales, muy pocos se hubieran atrevido hace escasos años a pronosticar.

El acuerdo del G7 confirma la necesidad de reformar una legislación fiscal internacional obsoleta que seguimos aplicando desde los años 30 del siglo pasado. Porque pese a ser un logro importante, si es que finalmente se materializa esta propuesta del IMG, se trataría en cualquier caso de seguir aplicando parches a un sistema fiscal implantado hace casi un siglo y que está pidiendo a gritos su rediseño.

Nos preocupa la escandalosa y creciente desigualdad económica y social debida a la concentración de la riqueza que se está produciendo en el planeta y que se alimenta especialmente de los mercados financieros, con los fondos de inversión especulativos y las grandes multinacionales como protagonistas destacados. Por ello, la reforma del sistema fiscal global debiera gravar específicamente al casino financiero mundial, implantando un auténtico Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en todo el planeta.

La verdadera novedad en el acuerdo del G7 habría sido llegar al acuerdo de una tasa mundial mínima del 25% calculada sobre todos los beneficios. Ese sí hubiera sido un gran paso adelante para neutralizar la competencia fiscal y combatir la evasión fiscal, al tiempo que dar un margen real a los Estados para financiar los desafíos sociales, ecológicos y económicos a los que se enfrentan.

Algunos datos para nuestro país:   La presión fiscal en España con respecto al PIB es de 34,5%, casi siete puntos inferior a la media de la eurozona (41,4%). Esto supone que si nos equiparáramos con Europa, recaudaríamos 80.000 millones de euros más al año.

En España contamos con la mitad de inspectores fiscales per cápita que la media europea.

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) estima que la economía sumergida, fraude fiscal y laboral impide recaudar en torno al 6% del PIB, es decir unos 70.000 millones de euros, que entorpecen cumplir con los derechos humanos económicos sociales y culturales”.

La Plataforma por la Justicia Fiscal agrupa a las principales organizaciones sociales y sindicales. Pretendemos que se cumpla el artículo 31 de la Constitución Española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”

REDISEÑAR EL SISTEMA FISCAL GLOBAL

La Plataforma por la Justicia Fiscal declaraba recientemente: “El  acuerdo del G7 (Junio-2021), que establece  un impuesto mínimo global del 15% sobre los beneficios empresariales, confirma la necesidad de reformar una legislación fiscal internacional obsoleta que seguimos aplicando desde los años 30 del siglo pasado.”   ¿Qué reformas se podrían introducir?

Impuesto mínimo global :           Su Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había cifrado el mínimo impositivo en el 21%, seis puntos por encima del  finalmente aprobado. Y  movimientos sociales como Attac, Tax Justice Network (TJN) y otros han defendido desde hace años la urgencia de introducir un impuesto mínimo global –no inferior al 25%- que fuese el fruto de un convenio fiscal internacional impulsado por  la ONU.

Serían las Haciendas públicas de todos los países las grandes beneficiarias,  especialmente las de los países de menores ingresos públicos, ya que el impuesto de sociedades para los países de renta alta apenas supone entre el 0,15 y el 0,7 de su PIB.  Mientras que en los países de rentas bajas, las pérdidas de ingresos representan unos 200 000 millones de dólares al año, un tercio por encima que lo que reciben de la ayuda oficial al desarrollo.

Sistema fiscal obsoleto:         La escandalosa concentración de la riqueza  se alimenta especialmente de los mercados financieros y tiene por protagonista destacado a los fondos de inversión especulativos.  Según el Banco Internacional de Pagos, las transacciones financieras realizadas en 2019 en todos los países del mundo sumaron 14.000 billones de dólares. En España, nuestro gasto público total es, en números redondos, de unos 500.000 millones de euros y  en nuestra economía se realizaron transacciones financieras por un valor  de 72 billones de euros en 2019.

Podríamos, por ejemplo, eliminar  todos los impuestos existentes hoy día y financiar ese medio billón de euros de gasto público con una tasa sobre las transacciones financieras de 0,7%, es decir de 70 céntimos por cada 100 euros de transacción. (Juan Torres, miembro del Consejo Científico de Attac España.)

Algunos de los actuales líderes del partido demócrata estadounidense  acaban de proponer una Ley de Impuestos a la Especulación en Wall Street que grave con un 0,5% a las operaciones de compraventa de acciones, con el 0,1% a las operaciones con bonos y con el 0,005% a las operaciones con derivados.

Transparencia fiscal :           Las Administraciones tributarias de todo el planeta debieran poder conocer los titulares de las cuentas bancarias en cualquier parte del mundo.

En la UE se han hecho progresos, pero no se ha logrado que las personas físicas con un elevado patrimonio queden obligadas al intercambio automático y obligatorio de información.

Registro mercantil d beneficiarios finales:        Sería necesario que los territorios paraísos/ guaridas fiscales completen su registro mercantil de beneficiarios finales.  Aquellas personas físicas que son los verdaderos dueños de las estructuras utilizadas para acumular y ocultar su riqueza.

Informe país por país :      Que las corporaciones que facturen más de 750 millones de euros anuales, publiquen los beneficios que obtienen y los impuestos de Sociedades que abonan país por país.

Eubilio Rodríguez