“Los bancos respiran beneficios y se alimentan de los intereses del dinero”, así describía John Steinbeck en “Las uvas dela ira” la crisis del 29  que arruinó  a cientos de miles de campesinos en Estados Unidos. Hoy el control del sistema financiero y de buena parte de la economía real ya no lo tienen los bancos, sino una compleja red de fondos de inversión. Son los nuevos dueños del planeta.

BlackRock, Vanguard, Blackstone o Cerberus son algunos de los nombres de estos fondos de inversión. Captan capitales de las pensiones privadas, de bancos de inversión, de fondos de los Estados, incluso de dinero negro del narcotráfico, el comercio de armas y otras actividades ilegales. A los más voraces se los conoce como fondos buitre. Para asegurar las tasas de beneficio prometidas a sus inversores harán lo que sea.

Tras la crisis de 2008, el crecimiento de estos fondos ha sido espectacular. BlackRock es hoy el fondo de inversión más grande del mundo y tiene nueve billones de dólares en activos, equivalente a siete veces el PIB español.  BlackRock es el principal accionista del Ibex35. No hay una sola gran empresa española en bolsa que no cuente con su financiación.

Los tres grandes fondos controlan el negocio de las vacunas. El 20,16% de Pfizer. En Johnson&Johnson, tienen el 21,23%. En AstraZeneca, BlackRock es el principal accionista con un 7,69%. En Moderna, cinco fondos controlan el 29,9%. La sanidad privada o las residencias de mayores, la vivienda o las grandes tecnológicas, las energéticas o la industria química, las llamadas economías de plataforma o los medios de comunicación.

Su cercanía con el poder político les ha permitido saltarse todas las leyes antimonopolio y los controles. No dependen de los bancos centrales ni de los Estados, ni se someten a ninguna legislación internacional bancaria. Suelen operar desde paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, garantizar el anonimato de sus inversores y eludir cualquier tipo de supervisión pública. Son la “banca en la sombra”.

En Enero de 2009, el Gobierno del PSOE introdujo las socimis, sociedades anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, una figura que, tras la reforma del PP en 2013, ahorraba a los fondos de inversión el pago del impuesto de sociedades y el 95% del impuesto de transmisiones. El PP también reformó la ley de alquileres para que los propietarios pudieran subir los precios y echar a los inquilinos a discreción cada tres años. Con estos regalos y unas rentabilidades desorbitadas, las socimis se hicieron con una parte importante del mercado de la vivienda: las 90 socimis dedicadas a viviendas de alquiler controlan cerca de 50.000 inmuebles.

¿Se puede luchar contra este poder? Han sido sobre todo los movimientos por las pensiones, la sanidad pública y el derecho a la vivienda y los sindicatos de inquilinos, quienes han hecho frente a este nuevo poder corporativo. Han puesto cara y nombre a estos fondos, que creían poder pasar desapercibidos, ocultos detrás del enrevesado funcionamiento del sistema financiero internacional.  Han conseguido desvelar ante la opinión pública las consecuencias catastróficas de las actuaciones de estos fondos para la vida y dignidad de las personas.

Estos movimientos han impedido privatizaciones de hospitales públicos y detenido, al menos hasta ahora, la agenda de degradación y privatización de las pensiones, el movimiento por la vivienda ha conseguido paralizar miles de desahucios y negociar miles de alquileres sociales, ocupar decenas de bloques de estos fondos y poner en la agenda política y mediática la necesidad de regular el alquiler y controlar a los grandes tenedores. Ahora se hace necesaria la aprobación de leyes que limiten el poder de estos fondos o la desprivatización de sectores estratégicos como la educación, la sanidad o las residencias de mayores, etc.

Eubilio Rodríguez Aguado