Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden…

La semana pasada nos visitó en Rivas, la marcha de pensionista que procedía del Sur/Sureste y que acudía a la convocatoria del 26 de octubre en Madrid. Habían recorrido más de 300 kilómetros a pie y habían ido explicando sus reivindicaciones en casi todas las ciudades y pueblos que atravesaban. Una octogenaria que iba marchando, insistía en que “esto no lo hacemos por nosotros, ya cobramos nuestra pensión, lo hacemos porque  nos quieren robar el sistema actual de pensiones y por el derecho a cobrarlas de los que vienen detrás, el sistema es perfectamente sostenible, no nos dejemos engañar”.

COESPE, organizadores de ‘la marcha’, en un acto celebrado en nuestra ciudad ‘por unas pensiones dignas’, lema que encabezaba la movilización, insistieron en que se trataba de una convocatoria amplia ‘sin dejar a nadie a tras’, que era ‘una protesta política y no partidista’. Durante la charla, se expusieron los objetivos de la marcha, los distintos aspectos que concurren en la pensión de jubilación… Una de las ponentes insistía en la importancia de ‘la brecha de género’ en cuanto a la necesidad de que todos los trabajos de las mujeres sean con contrato que cotice a la Seguridad Social, así como la equiparación con los hombres…, eso será determinante en la pensión.

Pero como no solo se trata de las pensiones, tampoco los mayores de la marcha se olvidaban de los otros problemas que padece nuestra sociedad hoy, y en su comunicado dicen: “La privatización de la sanidad, la educación las residencias, amenaza gravemente los derechos de los trabajadores/as. Tenemos que unirnos contra las privatizaciones y los recortes, nuestra unidad es nuestra fuerza para defender los servicios públicos y los derechos sociales. Somos la mayoría social y ya es hora de que se escuche la voz de la calle, la voz de la ciudadanía”.

La manifestación del 26-O de pensionistas en Madrid, llegó a concentrar 30.000 personas.

Es falso el mensaje de quiebra del sistema de pensiones

Frente a los mensajes catastrofistas de la falta de recursos para las pensiones de las futuras generaciones, ha surgido la necesidad de responder a la pregunta que miles de trabajadores/as se hacen: ¿dónde fueron a parar nuestras cotizaciones sociales? La propaganda desplegada por los interesados en los fondos privados de pensiones, advirtiendo de la quiebra de la Seguridad Social y la necesidad urgente de nuevos recortes, rebajando el gasto en pensiones, se ha demostrado que son una sarta de mentiras.

También, uno de los participantes en la marcha de los pensionistas, afirmaba: “no solo hay una campaña machacona sobre la inviabilidad del sistema de pensiones, o que hay muchos pensionistas, también la hay para enfrentar a los trabajadores en activo con los pensionistas, ya que estos últimos están peleando porque se ajusten las pensiones al salario mínimo interprofesional, que se incrementen en relación al IPC real, compensando la tremenda inflación y recuperando el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Se habla de una subida entre el 8,5% y el 10,5% en el caso de las pensiones mínimas” (aunque sospechoso de ser solo un anuncio para frenar las movilizaciones). “El sistema actual de pensiones es perfectamente sostenible, de hecho, del mismo se han extraído ingentes cantidades para gastos impropios (compra de deuda pública, para armamento…), sobre todo para cubrir déficit en los presupuestos generales, por los distintos gobiernos. El sistema es viable ahora y en el futuro, mientras que a los jóvenes les convencen de que –cuando les toque ya no habrá dinero-“. “El ministro Escribá, principal representante del capital en el Gobierno, acaba de aprobar las pensiones de empresa, así como recomendar los fondos de pensiones (esos que están quebrando en la mayoría de los países), este es el primer escalón hacia la privatización del sistema”.

La política de recortes de las pensiones y de endurecimiento de las condiciones de acceso a la pensión se justifican en los falsos déficits. La AIREF, el Banco de España, la Unión Europea, los representantes del capital financiero e incluso los congresos de algunos partidos de izquierdas, han pretendido justificar las reformas en la existencia de déficits estructurales del régimen de reparto de nuestra Seguridad Social. Y ese argumentario se ha demostrado que es falso. Y ésta convicción es la que nutre las movilizaciones presentes y futuras de los pensionistas. Que los mismos que propagan la incapacidad financiera para atender las pensiones contributivas se nieguen a que se auditen las cuentas de la Seguridad Social solo demuestra que no desean que pierdan fuerza sus previsiones catastrofistas, y que, muy al contrario, pueda demostrarse que los  recursos existen pero desviados a usos impropios.

Exigencia de auditoría pública a la Seguridad Social

Los pensionistas, para determinar la magnitud del saqueo perpetrado por los diferentes gobiernos a las cotizaciones sociales y fundamentar su restitución o compensación a la caja única de la Seguridad Social exigen al gobierno una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social a cargo del Tribunal de Cuentas.

Esta exigencia ha tomado forma de acción parlamentaria por parte de Jordi Salvador (GR), Iñigo Errejón (GPlu), Iñaki Ruiz de Pined (GEI Bildu), Joan Baldoví (GPlu), María del Carmen Pita (GCUP-EC-GC) y Albert Botran (GMx), que presentaron el 16 de febrero una solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que se le encargue la realización de las auditoria.

El ministro Escrivá incumple los plazos fijados por la ley. En la Ley 21/2021 aprobada el 28 de diciembre con entrada en vigor el 1 de enero de 2022, ley con la que el Sr. Escrivá da el primer golpe a la Seguridad Social. En su disposición adicional sexta relativa al informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, recoge lo siguiente: “En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social… Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses (..), comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

En apoyo de la auditoría, además de los parlamentarios que encabezan la petición en el Congreso, los pensionistas recabaron más de 300.000 firmas individuales, centenares de apoyos de Ayuntamientos en sesiones plenarias, de asociaciones de vecinos, de artistas, periodistas e intelectuales, de diferentes partidos y organizaciones políticas. A favor de la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social se pronunciaron también congresos sectoriales de CCOO, el 15 Congreso de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y el 43 Congreso Confederal de la UGT.

Saqueo de las cuentas de la Seguridad Social y falsa deuda

La causa de las complicaciones que arrastran las cuentas de la Seguridad Social se encuentra en dos tipos de incumplimientos legales, el saqueo a las cotizaciones y la creación de una falsa deuda. En primer lugar, mientras que la recaudación de cotizaciones era suficiente, sistemáticamente con ellas se financiaba las contributivas, las no contributivas y los regalos en reducción de cotizaciones a los empresarios. Se relajaba la obligación de financiar con aportaciones del Estado y la consecuencia en estos ejercicios era el saqueo de los superávits a costa de no constituir reservas. En segundo lugar, en los ejercicios en que las cotizaciones no eran suficientes se mantenía los saqueos y el déficit se cubría con préstamos. Adoptándose la regla del incumplimiento sistemático del artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) que establece la obligación del Estado de hacer las aportaciones necesarias para cubrir las carencias de las cotizaciones en la financiación de las contributivas. El artículo 109.2 es el blindaje de protección establecido para el régimen de reparto, es la protección legal del sistema de reparto, que obliga al Estado, en concreto al Ministerio de Hacienda, a financiar las aportaciones necesarias con cargo al Presupuesto del Estado. Su incumplimiento es un verdadero fraude de ley, que con manipulaciones contables rebajan el déficit del Presupuesto del Estado y lo traslada como déficit a los Presupuestos de la Seguridad Social.

Hoy es una evidencia que los distintos gobiernos anteriores utilizaron las cotizaciones sociales para financiar gastos que no eran propios del sistema de reparto, y al tiempo se constata que los cuantiosos excedentes del sistema de reparto nunca aparecieron.

Una propuesta presentada por el Secretario General de CCOO el 28 de noviembre de 2016 en el Pacto de Toledo explica: “Las cotizaciones han servido en el pasado para suplir la insuficiencia impositiva y sostener la sanidad y otras políticas públicas, por la vía de las transferencias al Estado de los superávits del sistema de Seguridad Social que durante décadas no se destinaron a dotar al fondo de reserva. Si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al del pago de las pensiones se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones de euros, y no habría problema para financiar el aumento del gasto en pensiones”.

Un trabajo de Economistas frente a la Crisis, en un periodo similar al de CCOO, capitaliza el valor del desvío anual de cotizaciones de la Seguridad Social a la Administración Central del Estado en más de 800.000 millones de euros.

Se trata de unas prácticas que van contra el patrimonio de la Seguridad Social, pues las cotizaciones sociales no pueden destinarse a fines distintos de los reconocidos en la ley. El propio Escrivá reconoció que solo el último ejercicio cerrado, las cotizaciones utilizadas para financiar los llamados gastos impropios superaban 22.000 millones de euros anuales.

Una reciente auditoria del Tribunal de Cuentas cuantifica los gastos no contributivos soportados por la Seguridad Social en un importe estimado en 103.690 millones de euros, para un periodo y conceptos delimitados, cuya  financiación debió correr a cargo del Estado y no de las cotizaciones sociales.

Pero ha sido en el análisis de los préstamos a la Seguridad Social donde hace más tiempo el Tribunal destapó irregularidades centrándose en la financiación de los falsos déficits, que generó una deuda de la Seguridad Social que llega en la actualidad a los 100.000 millones de euros.

Que no nos engañen, el Sistema Público de Pensiones es perfectamente viable, en la actualidad y para el futuro de nuestros jóvenes, solo tenemos que impedir su saqueo por parte de gobiernos como el de Rajoy (Zapatero dejó 60.000 millones de superávit en la llamada ‘hucha de las pensiones’ y Rajoy dejó Sánchez un déficit de 66.000 millones). Hoy hay un de menos de 99.185 millones de euros en junio de 2022, lo que significa un incremento del 8% en los últimos 12 meses.

JuanM del Castillo

Nota: Apuntes tomados de COESPE (J. M. Fernández), de CCOO, informes del INSS…, y otros.