La cuestión es muy sencilla: las compañías de seguros cobran en sus pólizas por el servicio de prevención y extinción de incendios, pero se quedan con todo el dinero porque el servicio lo pagan íntegramente los Ayuntamientos (en nuestro caso, hablamos de un coste anual de tres millones de euros). Es un negocio redondo: cobran por un servicio que ni prestan ni pagan.
Para poner fin a este abuso, en Rivas aprobamos en 2013 una ordenanza para obligar a las compañías a pagar una parte del coste. Era lo más justo y también puro sentido común.
Sin embargo, vieron en nuestra ordenanza una especie de declaración de guerra. Primero nos inundaron a recursos y luego pusieron a sus grandes despachos de abogados para que nos llovieran las demandas en el juzgado. El mensaje era nítido: no estaban dispuestos a reducir ni un milímetro sus millonarios beneficios y para conseguirlo no iban a escatimar medios.
En Rivas nos mantuvimos firmes porque sabíamos que la ordenanza era tan legal como justa y necesaria, así que rechazamos todos los recursos y ganamos todas las sentencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aquello era lo más parecido a David contra Goliat.
Luego nos dimos cuenta que aquello solo acababa de comenzar porque lo que realmente querían las aseguradoras eran llegar al Tribunal Supremo. Estaban convencidos que allí “pondrían las cosas en su sitio”.
Se equivocaron: el Supremo también nos dio la razón. Y es una victoria muy importante para Rivas, pero que también puede beneficiar a muchos ayuntamientos en todo el país porque fija doctrina y obliga a los seguros a pagar este tipo de tasas.
En Rivas siempre hemos tenido claro que los Ayuntamientos debemos ser la primera línea de defensa de la justicia y el interés general. Y que eso supone garantizar servicios públicos de calidad, ciudades cohesionadas y sostenibles, pero también no mirar a otro lado cuando las grandes corporaciones abusan y pretenden retorcer las normas para su exclusivo beneficio.
No es la primera vez que lo conseguimos, muchos aún recordarán que hace un tiempo logramos que los bancos (que son los principales accionistas de las aseguradoras) tuvieran que pagar el impuesto de las hipotecas. Tuvimos que llegar al Supremo (como ahora con los seguros) para conseguirlo. Aquella derrota a los bancos provocó ríos de tinta pero también movimientos sísmicos porque la aplicación general de la “doctrina Rivas” supondría millones de euros para los bancos (que tendrían que devolver a las familias), así que se movieron los hilos y entre bambalinas ocurrió de todo hasta que el mismísimo presidente del Supremo tuvo que intervenir para impedir que las tres sentencias de Rivas se generalizaran. Aquello fue un escándalo que dejó gravemente a los pies de los caballos la credibilidad del propio Tribunal.
Esperemos que la historia no se vuelva a repetir.
Pedro del Cura, Alcalde de Rivas Vaciamadrid
