Más de 350 afectados por la hipoteca componen esas delegaciones. Representan a cincuenta delegaciones, que acuden de toda España a la XXVII Asamblea Estatal en Rivas, este fin de semana en La Casa más Grande.
Es un encuentro fundamental ante el nuevo panorama político. “Esperamos que este Gobierno que se llama progresista anteponga los derechos de los ciudadanos a cualquier ‘lobby’”, explica su portavoz nacional. En este contexto, se le pide al Gobierno una ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza el 15 de mayo, con la mejora y ampliación de sus protocolos de acceso para que no afecte solo a las ejecuciones hipotecarias y también se acojan los casos de alquiler y ocupación.
Desde este colectivo se pretende que este 2020 debe ser el año del Derecho a la vivienda gracias a la presión popular. La principal reivindicación es frenar la ola de desahucios existentes en nuestro país.
El Plan de Choque registrado el pasado 7 de enero en el Congreso, está estructurado en seis apartados que pretende frenar el ritmo de desahucios existentes, que se incremente el parque de vivienda social, uno de los menos numerosos de Europa y se mejore la protección del consumidor. También en el mencionado Plan de Choque se insiste en garantizar los suministros básicos en la vivienda. Según el INE, en 2018 un 7,9% de la población no podía mantener una temperatura adecuada en su vivienda en los meses fríos del año, algo que aumenta al 28,3% para las personas con menos ingresos.
Se plantea la necesidad de una Ley Estatal de la Vivienda. A pesar de que el artículo 47 de la Constitución consagra el Derecho a la Vivienda de todas las personas, no existe una ley estatal que, sin perjuicio de las competencias autonómicas, establezca unos mínimos de garantía para cada persona, sin discriminación por razón de residencia como sucede en la actualidad.
En España se han ejecutado 1.000.002 desahucios desde 2008, una media diaria de uno cada doce minutos. Un 68% de ellos por impago de alquiler, según denunció la PAH.
Es necesaria una reforma fiscal sobre la vivienda “y que la vivienda desocupada tribute de tal forma que se saque al mercado en lugar de tenerlas cerradas. Según el INE hay más de 3.400.000 millones desde el 2011 como dato más reciente pero es posible que haya más”, señala nuestro interlocutor.
Se calcula que ese millón de desahucios (desde el 2008) ha afectado a más de 2,5 millones de personas”.
Por todo ello, este colectivo insta al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos “si de verdad quiere ser un gobierno progresista, a que esté por los derechos sociales” y cumpla la legislación internacional “para que no haya un desahucio más sin alternativa habitacional”.
