El fallo judicial insiste en que es responsabilidad de la constructora acometer antes las obras de urbanización de la parcela
El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha vuelto a desestimar un nuevo recurso de una constructora en relación a la negativa municipal a concederle una licencia para la construcción de 84 viviendas con trastero, garaje y piscina en el sector B del Cristo de Rivas.
Como ya hiciera en julio de este año, la justicia reitera que la actuación del Ayuntamiento de Rivas se ajusta a la legalidad, ya que la promotora no ha concluido la totalidad de las obras de urbanización, «lo cual debe conducir necesariamente a la desestimación del recurso» de Jarama Desarrollos Inmobiliarios por infringir la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que «prohíbe expresamente la implantación de usos en los edificios en tanto no se concluya la obra de urbanización del ámbito».
Entre las obras de urbanización que están sin acometer en el sector, y que son competencia de la Junta de Compensación, están las de la red general para la evacuación de aguas pluviales (tanque de tormentas y colectores exteriores), la red de saneamiento y los viales y zonas verdes correspondientes.
Conviene recordar que la red de saneamiento y evacuación de pluviales, casi veinte años después y con un importante número de residentes en el sector, a fecha de hoy aún no ha sido ejecutada totalmente y sigue dependiendo de unas lagunas de laminación que ya deberían haber sido desmanteladas, según informan desde el Ayuntamiento, así como del colector general del barrio de COVIBAR, que debe soportar la totalidad de los nuevos vertidos.
Así, la nueva sentencia, fechada el pasado 6 de octubre, vuelve a declarar ajustada a derecho la no concesión de la licencia de edificación solicitada, al entender que el terreno sobre el que se pretende edificar aún no ha alcanzado la condición de suelo urbano consolidado a todos los efectos.
La sentencia, que condena a costas a la promotora inmobiliaria, establece que: «La solicitud de licencia claramente infringe la normativa por no haberse concluido las obras de urbanización y sin que conste que el promotor haya asumido el compromiso expresamente que no va a ocupar ni utilizar la edificación hasta la total terminación de las obras de urbanización».
Una vez más, recuerdan fuentes locales, la justicia vuelve a avalar la política urbanística del Gobierno municipal, que «siempre ha priorizado que las nuevas vecinas y vecinos que vayan a vivir en la zona tengan garantizados los servicios básicos». No se trata de no construir viviendas, sino de que éstas garanticen los derechos que son básicos para las personas que vengan a vivir a Rivas, como una correcta red de saneamiento o de recogida de aguas pluviales, explican desde el Gobierno local.
En ese sentido, el Gobierno municipal sigue trabajando en el nuevo PGOU, cuyo avance ha recibido hasta 370 propuestas ciudadanas y de entidades en su fase de exposición pública, y que se aborda en un momento clave para consolidar un modelo de ciudad que prioriza la calidad de vida.
