Cualquier ciudadano o ciudadana normal si comete un error paga por ello y en caso de que haya evidencias de que el error no es tal, sino que obedece a algún interés (del carácter que sea), el pago o la sanción puede ser considerable. Por poner algunos ejemplos: si una persona se olvida de pagar algún impuesto, el seguro de su coche, una multa, etc., inmediatamente será sancionado según la ley dictamine. Si tiene un accidente con su vehículo y el seguro no está en regla, las consecuencias pueden resultar desastrosas. En el caso de que se trate de un ciudadano/a que ostenta un cargo de dirección u otra responsabilidad corporativa, los errores se pagan con la degradación, o la expulsión. Si no se trata de error y la acción irregular responde a intereses personales, pecuniarios, favoritismos, etc., recaerán sobre dicha persona las penas que dictamine la justicia.

Este proceder, en lo que se refiere a las actuaciones de los individuos, en cuanto a comportamientos sociales, parece que se confirma por lo admitido comúnmente como razonable y justo. Es más así está regulado por las distintas leyes por las que nos regimos.

Pues no, es sabido por todos, aunque no queramos afrontarlo a veces e incluso lo justifiquemos, que hay personas pertenecientes a distintos estamentos, que no necesariamente tienen que responder ante ninguna ley. Me estoy refiriendo a individuos que pertenecen a cuatro estamentos principalmente: La Corona; los jueces; determinados personajes políticos; y la Iglesia Católica.

Y esto no responde solo a que haya unas normas legislativas especiales para ellos, que en algunos casos sí, como la inviolabilidad o los aforamientos, sino también a las acepciones personales y/o ideológicas de determinados jueces.

Los Reyes han venido expoliando a su propio pueblo, saltándose las leyes que ellos mismos dictaban para regir la sociedad, cometiendo atrocidades de todo tipo…, y nunca han sido sometidos a ninguna ley. El ejemplo más cercano es el del rey Juan Carlos, llegó al trono pobre de solemnidad, cometió atrocidades como vender al pueblo saharaui en una de sus primeras decisiones; abalar en un primer momento un golpe de estado a la democracia, aunque después reculó al comprobar las consecuencias; vivir a costa de las arcas públicas y paralelamente usar su estatus para acopiar una de las fortunas más grandes del mundo y actuar sin ninguna ejemplaridad como le obligaba su cargo. Por nada de todo esto ha tenido que responder, su inviolabilidad le protegía, es más cuando ya no ha sido así, ha recibido todos los favores del Estado y de la Justicia para evadir cualquier tipo de responsabilidad.

Los jueces, por encima de ellos no hay nada, ni nadie. En teoría juzgan ateniéndose a las leyes vigentes, pero en la práctica y en muchas ocasiones lo que prima es su moral, su ideología o la debida lealtad a quienes le han puesto en el lugar que ocupa. La prueba es que antes los mismos casos, unos jueces proceden de manera distinta que otros (casi siempre obedeciendo intereses ultraconservadores). Son ya demasiadas ocasiones en las que los políticos de derechas se libran de cualquiera de sus delitos (Cifuentes, Cospedal, el ministro J. Fernández Díaz, el hermano de I. Díaz Ayuso, o el alcalde Almeida por haberse dejado engañar con las mascarillas (cuanto menos…), por poner algunos ejemplos. Y son demasiadas las ocasiones en que algunos jueces se ceban contra políticos de izquierdas (Podemos, Pablo Iglesias, Alberto Rodríguez, Mónica Oltra, etc.). El Tribunal Superior de Justicia podría haber dimitido una vez acabado su mandato, pero no lo han hecho después de tres años, y es que había demasiados casos de corrupción entre políticos de derechas, que tapar y sobreseer.

Los políticos, son demasiadas las veces en que los políticos, que han sido elegidos para gestionar el bien común, las que toman decisiones que solo obedecen a sus intereses personales o ideológicos (que más tarde o más temprano revierten en lo personal). Se permiten modificar leyes para favorecer a quien ellos consideran (privatización de la banca pública, privatización de las energéticas, privatización de la educación, de la sanidad pública, etc.), actuaciones que causan daños irreparables a los ciudadanos y que solo favorecen a las empresas que se apropian de todos esos servicios y que, evidentemente compensan a quienes se lo han facilitado. ¿Por qué la Ley no actúa contra esos políticos que actúan en contra de sus programas y de quienes les han votado, solo con intención de beneficiar a sus cercanos o a sí mismos?

La iglesia católica. Y me refiero solo a esta iglesia porque es la que tiene influencia directa en nuestro país. Los eclesiásticos actúan imponiendo una moral (la suya) a todas las personas ignorantes a las que tienen acceso. No importa las consecuencias que acarree, la justicia no se siente competente para juzgar las actuaciones provenientes de Dios, parece ser. Acaban de apropiarse, por medios de las inmatriculaciones, de más de 500.000 bienes (inmuebles, terrenos, reliquias, etc.) que siempre han pertenecido a los habitantes del lugar donde se hallan, pero la Justicia no actúa contra ellos, pareciera como que están por encima de cualquier ley terrenal. Esto sin entrar en los delitos de abusos, siempre protegidos, ocultados y negados en la mayoría de las ocasiones, por supuesto sin asumir ninguna responsabilidad por sus actuaciones.

¿Esta que llamamos democracia, se puede permitir que existan estamentos enteros que se protegen entre sí y que están por encima de cualquier ley?

JuanM del Castillo