Artículo de opinión del edil popular Francisco Javier Gil Rodríguez.
La reciente aprobación del informe de viabilidad para la construcción de un nuevo centro deportivo privado en la parcela dotacional 38 del ZUOP 9 “Los Montecillos” vuelve a situar al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ante un espejo incómodo: el de su propia incoherencia política. No se trata de un debate técnico ni de una discrepancia menor. Es una cuestión de credibilidad institucional, de coherencia entre lo que se proclama y lo que finalmente se hace.
El proyecto, impulsado por la empresa Supera, contempla un complejo deportivo de más de 35.000 metros cuadrados, con piscina climatizada, salas de fitness, pistas exteriores, zona termal, aparcamiento y un área comercial de apoyo. Todo ello sobre un suelo público cedido durante 40 años, a cambio de un canon anual que oscilaría entre 6.000 y 25.000 euros. La inversión —más de 13 millones de euros— sería recuperada por la empresa en torno al año 25 de explotación. El Ayuntamiento no aportará financiación directa, pero sí entrega un recurso estratégico: el patrimonio común.
Hasta aquí, podría parecer una operación más de colaboración público-privada. Sin embargo, en Rivas Vaciamadrid esta decisión tiene un peso político singular. El Gobierno municipal que hoy avala esta cesión ha construido buena parte de su identidad pública sobre la defensa de los servicios gestionados directamente desde lo público. Ha sido un discurso reiterado, reivindicado en mociones, en campañas institucionales y en posicionamientos públicos de enorme contundencia.
Basta recordar el reciente manifiesto de la Plataforma de Mayores de Rivas, respaldado por los grupos “progresistas” del Pleno, donde se denunciaba la falta de servicios públicos comunitarios y se reclamaba con firmeza la necesidad de reforzar la red pública de cuidados. Un documento que subraya la importancia de garantizar servicios accesibles, profesionales y sostenibles, y que insiste en la responsabilidad institucional de proteger el interés general frente a modelos privatizadores.
Y es precisamente aquí donde la incoherencia se vuelve más evidente. La alcaldesa, Aída Castillejo, ha defendido públicamente que la cesión de la parcela destinada a la futura residencia de mayores debe tener un “criterio nítido”: ser “100% pública”. Ha criticado con firmeza el modelo que la Comunidad de Madrid pretende aplicar —una concesión a 70 años a una empresa privada— y ha advertido de que “el que quiera venir a hacer negocio con suelo público tendrá que pagarlo”. Sin embargo, mientras se denuncia ese modelo en la residencia, el propio Ayuntamiento impulsa en paralelo la cesión de una parcela municipal durante cuatro décadas para la explotación privada de un macrocentro deportivo. La contradicción es tan evidente que no requiere subrayado adicional.
La cuestión no es si un centro deportivo es útil o no —porque lo es, y porque Rivas Vaciamadrid necesita desde hace años nuevas instalaciones deportivas que respondan al crecimiento demográfico y a la demanda ciudadana—. La cuestión es qué modelo de ciudad se está construyendo y con qué principios. La coherencia institucional no es un adorno retórico: es la base de la confianza ciudadana. Cuando un Gobierno local defiende con vehemencia la gestión pública en unos ámbitos y, simultáneamente, impulsa la cesión de suelo público para negocios privados en otros, la ciudadanía percibe —con razón— una fractura entre lo que se dice y lo que se hace.
El Ayuntamiento sostiene que el proyecto deportivo es “viable, sostenible y conforme al interés general”. Pero el interés general no puede reducirse a la ausencia de coste para las arcas municipales. El interés general exige coherencia, planificación y un marco de decisiones alineado con los valores que se proclaman. Y, sobre todo, exige que el patrimonio público se gestione con criterios de responsabilidad, transparencia y consistencia política.
Rivas Vaciamadrid ha sido, durante décadas, un municipio que ha presumido de la defensa de lo público. Precisamente por eso, decisiones como esta generan desconcierto, malestar y una legítima demanda de explicaciones. La ciudadanía merece saber por qué un Gobierno que critica la privatización en otros ámbitos la impulsa en su propio territorio. Y merece, también, que la política municipal recupere la coherencia que siempre ha reivindicado como seña de identidad.
