En España tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo. Todos valoramos el poder acudir a un médico en cuanto se manifiesta la enfermedad y tener acceso a tratamientos sanitarios que nos sería imposible pagar si no tuvieran cobertura pública. Nadie nos lo regala, lo pagamos entre todos, se financia mediante nuestros impuestos.
Independientemente de dónde proceda el coronavirus y cómo ha podido llegar a todos los países del mundo, lo cierto es que la ciudadanía española tiene confianza plena en el sistema público sanitario de nuestro país. Y que las medidas que se están tomando son las necesarias y acertadas. Todas las personas sabemos que en caso de contagio, seremos atendidos en las mejores condiciones posibles.
¿Podemos imaginarnos vivir en un lugar como EEUU donde no existe sanidad pública?
Esta es una de las debilidades que una de las únicas economías desarrolladas que carece de sanidad pública universal, y donde millones de ciudadanos evitan las visitas al médico por temor a los costes que conllevan. EEUU padece una media de entre 27.000 y 70.000 muertes por año, de gripe común. Donde hay 29 millones de personas sin seguro médico en el país. Por eso muchas personas no se plantean acudir al médico aunque tengan síntomas similares a los que provoca el coronavirus. “Los estudios indican que, en 2017, un 9% de los adultos estadounidenses retrasó o no buscó asistencia médica debido a su coste. En adultos con relativamente peor salud, la cifra asciende al 19%, y en personas sin seguro médico, al 29%. Se están dando casos como el de un estadounidense que al volver de un viaje desde China, acudió a un hospital de Miami a hacerse las pruebas de coronavirus. Resultó que lo que tenía era gripe. La prueba le costó 3.270 dólares.
Las grandes corporaciones (en España y en el mundo) saben que si se desmantela el sistema público de salud la veta de negocio es inmensa. El gran capital sabe que si la sanidad, la educación o las pensiones públicas no funcionan bien o no cubren nuestras necesidades, todos los que puedan permitírselo recurrirán a las empresas privadas (sanitarias, educativas,…). A estos procesos se les conoce, generar un negocio mediante la desposesión de un servicio público o la merma de la calidad del mismo. Así lo están intentando:
- Generan la falsa idea de que no es sostenible.
- Nos hacen pensar que no somos pacientes con derechos, sino clientes que pagan productos sanitarios.
- Recortan y precarizan la asistencia sanitaria pública (o la educativa), para reducir su calidad y generar una mala percepción de la misma. Lo cual generará el aumento de la contratación de seguros privados de salud (y desvíos a la escuela concertada y privada).
- Generan bonificaciones fiscales para incentivar la contratación de seguros privados.
- Privatización de la gestión sanitaria para que el dinero público caiga en manos de estas empresas privadas.
- En 2017, España invirtió el 6,26% del PIB en sanidad, el puesto 27 del mundo. Esto representó el 15,14% del total del gasto público en nuestro país, lo cual respecto a este dato España se posicionó en el puesto 38 del mundo.
En dicho año la inversión por habitante en sanidad fue de 1.565€, menos de la mitad de lo invertido por países como Holanda, Bélgica, Irlanda, Austria, Canadá, Australia…
Hasta ahora, toda la sanidad privada se había inhibido del tema del coronavirus, como ‘si con ellos no fuera la cosa’ cualquier contingencia de ese u otro tipo que supusiera desajuste en lo habitual de las enfermedades, rápidamente era desviado a la sanidad pública. Cualquier coste extraordinario, mejor evitarlo…
El aluvión de casos positivos por coronavirus ha obligado a las autoridades sanitarias a requerir una participación más activa de la sanidad privada. Si bien los centros públicos asumirán el grueso del proceso asistencial ―desde las pruebas a los pacientes hasta los ingresos— los hospitales de la red de pago, a petición de las autoridades sanitarias, han comenzado a ingresar pacientes. Hay que recordar que la red privada forma parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, como tal, está obligada a cumplir las mismas directrices que se le exigen a los hospitales públicos. Desde el principio de la crisis estos centros de pago han asumido más un papel en la retaguardia, cumpliendo los protocolos del Ministerio de Sanidad en la detección y notificación de casos sospechosos, el incremento de afectados ha precipitado el requerimiento de la autoridad sanitaria.
“La toma de muestras se realiza en los centros privados y se envian a los centros de referencia que indique Salud Pública. Si ya está confirmado como positivo de Covid-19, en función de su estado clínico y sintomatología, Salud Pública indica si debe ser trasladado a su domicilio en aislamiento controlado o ingresado en régimen de aislamiento en un hospital”, explica una portavoz de Vithas, uno de los grupos sanitarios privados españoles. Hoy la sanidad privada dispone del 58% de los hospitales de España (460) y del 32% de camas disponibles (51.373), según el último informe de la Fundacion Idis.
Aún con todo, la única garante de la igualdad de trato, de la atención total a los pacientes y que asegura los mismos derechos es la sanidad pública, por tanto tenemos que defenderla por encima de cualquier otra cosa. Un grito unánime a los políticos: cuiden la sanidad pública, no la degraden, no permitan que nadie nos robe este bien impagable.
JuanM del Castillo
