La estrategia para que el novio de Isabel Díaz Ayuso ‘se vaya de rositas’

Artículo de Juanma del Castillo sobre el uso de la justicia por parte del Partido Popular para proteger a Alberto «el de Quirón».

El control de la judicatura es fundamental para la derecha, tanto la fiscalía como los distintos estamentos judiciales superiores.

Esta es la razón por la que el Partido Popular ha tenido secuestrado un tiempo el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial durante cinco años: Todos los vocales del CGPJ son elegidos por los partidos, pero todos los jueces del Supremo y otros ascensos, los decide el CGPJ; y entre estos últimos, los de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (la Sala de lo Penal).

Éstos son quienes juzgan a los aforados en todos aquellos casos que les pueden llevar a prisión. Son los únicos que pueden abrir una investigación penal contra un diputado, un ministro o un senador. También tienen la última palabra sobre las sentencias penales más relevantes. Son jueces con el poder de meter a un ciudadano en la cárcel, o salvarlo de entrar en prisión. En la práctica vitalicios, como todos los del Supremo. Una vez nombrados, son irrevocables, se mantienen en el puesto hasta la edad de jubilación, al cumplir 72 años. Son los encargados de juzgar la Gürtel, los ERE, lo relativo al rey Juan Carlos, la Púnica, la Kitchen…, todos los grandes casos de corrupción.

Todos/as recordaremos las palabras del senador Cosidó cuando decía “nosotros controlamos la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás…” (19-11-2018). Durante muchos años también han controlado la Fiscalía del Estado, también la de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid…, y otros muchos tribunales y juzgados. Pruebas de este abuso interesado de jueces e instituciones judiciales, se cuentan por docenas. Por remitirme a una ya antigua, el caso del Juez del Tribunal Supremo, Baltasar Garzón, en que fue inhabilitado durante once años, por unas escuchas necesarias para un caso relevante. En el tribunal que le juzgó estaba Manuel Marchena, destacado militante del PP (como evidencian sus actuaciones), entre otros jueces del mismo signo político.

Otros ejemplos:

• El caso Nos, en el que estaba implicada toda la Casa Real y que acabó siendo ‘el chivo expiatorio’ Iñaki Urdangarín, exmarido de la Infanta Cristina de Borbón, para que se libraran todos los demás.
• La exministra Ana Mato, que encontraba los coches de lujo en su garaje pero ‘desconocía cómo habían llegado hasta allí’ y que se libró ‘sin pena ni gloria’.
• ‘La campechana’ Esperanza Aguirre que tenía un estanque en el que le ‘crecían las ranas’ y no las oía cantar, quizás porque mientras, huía de la policía por una infracción de tráfico, después de arrollar la moto de uno de ellos. Y claro, se le olvidó acabar la Ciudad de la Justicia mal gastando toda la inversión.
• La cleptómana Cristina Cifuentes, a la que además de que se le pegaban los artículos de las tiendas a las manos, también le caían los títulos universitarios sin haber asistido a clase.
• El rey Juan Carlos I, al que le iban engordando las cuentas en bancos suizos con la venta de colmillos de elefante, que transportaba en el AVE que construía Ferrovial de Medina a la Meca, mientras se lo pasaba en grande, en un yate llamado Bribón, con su amiga Corina. ‘Recuerda que no has pagado tus impuestos’ le avisaban desde el ministerio de Hacienda. ¿Ah, pero los reyes también tenemos que pagar?, contestó el hoy emérito…
• Luis Bárcenas que tenía que ‘resistir’, según le pedía su presidente Rajoy, pero que no le dijo hasta cuando. Ese presidente que ignoraba si su nombre se escribía M.Rajoy en la contabilidad ‘B’ de su partido. Al Luis a quien mandaron un falso cura a su casa para robarle los papeles supuestamente incriminatorios del PP, mientras él resistía en la cárcel, papeles que al no ser encontrados, les llevó a tener que romper a martillazos los discos duros de los ordenadores de la sede de Génova.
• El caso de las ‘cloacas del Estado’, el espionaje a líderes del Proces el independentismo catalán, el montaje de pruebas falsas contra los dirigentes de Podemos, etc. El llamado ‘caso Neurona’.
• Las inversiones desproporcionadas y nunca justificadas, de Ayuso en el Zendal, de mostrado inservible completamente, para beneficio de empresas constructoras como Ferrovial (y otras), amigas de Isabel Díaz Ayuso.
• La condonación de la deuda del ‘crédito ICO’ a los padres de Ayuso.
• Las comisiones abusivas del hermano de Ayuso, por la venta de mascarillas inservibles.
• La dimisión del expresidente Pablo Casado del Partido Popular, que también obtenía títulos y masters universitarios en escuelas de distintos continentes, con clases presenciales y en las mismas fechas, defenestrado por atreverse a dudar de la honradez del hermano de Ayuso.
• La compra sin acreditar ingresos para hacerla y la posterior ampliación de la vivienda de Ayuso, sin permisos ni licencias.
• El caso del fraude fiscal del novio de Ayuso, corrupción y administración desleal de empresas.
• ‘El acoso y derribo’ al hermano de Pedro Sánchez por el hecho de serlo.Las investigaciones prospectivas de la esposa de Sánchez, solo por ser su esposa.
• El intento desproporcionado en que dimita el Fiscal General del Estado, por haber sido nombrado por el Gobierno de P. Sánchez.
• La ‘Conjura de los jueces’ contra la Ley del ‘sí es sí’, haciendo de ella, desde el principio de su aplicación la interpretación más benévola para cuestionarla y, a la vez, que desautorizar a la ministra de Podemos Irene Montero.

Estos son solo algunos de los casos, pero se podrían relatar docenas y docenas de ellos.

¿Pero quiénes son los jueces y a qué intereses responden?: Los jueces del Tribunal de Orden Público, igual que la policía franquista, pasaron ‘de un día para otro’, de aplicar una legislación dictatorial con criterios franquistas, a intentar parecer demócratas.

Y peor aún es, que quienes les han sucedido no son otros que jueces hijos de los primeros, con ideologías idénticas. Solo en esta promoción última, han sido nombrados jueces (juezas mayoritariamente), que ya no se identifican con apellidos de los anteriores franquistas. Pero probablemente, de ideología similar.

Porque ¿cuál es la familia que puede costear una carrera para ser ‘juez/a’, que se alarga casi catorce años? Evidentemente solo aquellas que disponen de recursos para permitírselo. El 73,68 % de los 171 licenciados de esta promoción, no ha trabajado nunca. No es aventurado suponer que las familias que les han costeado los estudios, también sean de derechas. Solo cuando el Estado habilite becas para que, estudiantes procedentes de otros estratos sociales, puedan acceder a la condición de juez/a, podrá cambiar la orientación ideológica de quienes tienen que impartir justicia.

Volvemos ahora al tema que encabeza este artículo:

¿Cuál es la estrategia para conseguir que el novio de Isabel Díaz Ayuso se ‘vaya de rositas’? Algunos han pensado que imputar a Alberto González Amador (novio de I.D.Ayuso) en dos nuevos delitos: corrupción y administración desleal, además del de fraude fiscal anterior, suponía garantizar su condena a pesar de la defensa constante por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, su Jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez (MAR) y de todo el aparato jurídico-político del Gobierno Regional. Pero probablemente esto no sea así, sino todo lo contrario, se trata de una estrategia urdida por la propia Audiencia Provincial de Madrid, que ha sido quien ha ampliado la causa, para que liquide lo adeudado a Hacienda y se libre de todos los cargos o, en su caso, quede en una multa o amonestación menor.

No soy experto en derecho, ni siquiera en el funcionamiento de los tribunales, pero sí procuro estar atento a las señales e informarme: se considera ‘delito fiscal’ cuando las cantidades evadidas al fisco, superan los 120.000 euros.

La primera imputación de ‘fraude fiscal’ se apoyaba en las cantidades defraudadas en todas las actuaciones presumiblemente delictivas (que superaban esa cifra). Al separar las causas, se da la circunstancia, de que las cantidades obtenidas por fraude y administración desleal de empresas, de no se poderse probar el delito, o en todo caso ser consideradas como ‘faltas’, no tendrían que tributar a Hacienda. En consecuencia, el primer delito de ‘fraude fiscal’ no sería tal, porque podría no alcanzar la cantidad fijada para esa calificación y los segundo al ser ‘piezas separadas’ tampoco.

El novio de Ayuso podría librarse pagando las cantidades no liquidadas a la Hacienda pública y en su caso una multa. O sea, lo que se dice ‘irse de rositas’. Esta es la razón por la que Alberto Gonzáles Amador (novio de Ayuso) está empeñado en que se aplace la primera causa y se celebre primero la segunda.

Así están los tribunales de justicia. Evidentemente la ley no es igual para todos/as.