La Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso anuncia ‘a bombo y platillo’ que “cumpliendo con sus promesas electorales bajará y/o suprimirá los impuestos en la región”. Y se queda tan ancha…
Y lo más sorprendente es que se trata de un ‘engaña bobos’ y la mayoría de los bobos (sobre todo los que la han votado) se lo creen. Ayuso aprovecha que el Gobierno Central tiene previsto suprimir la tasa que afecta a las máquinas tragaperras en los bares, y lo anuncia como si fuera una iniciativa suya. Ya existe otra tasa al juego en general, que recauda casi 150 millones de euros y esa no se suprime. Anuncia también la Presidenta, que anulará la tasa por depósito de residuos, cuando el Congreso va a aprobar una normativa de carácter general que anulará la de Madrid. El tercer impuesto que dice ‘suprimirá’ es el recargo sobre el IAE, cuando este recargo no se aplica desde 2009. Estas medidas podrían suponer 70 céntimos a cada madrileño… Pero ella queda ‘como una reina’ y sus seguidores ‘pletóricos de satisfacción’, aunque esos 70 céntimos no les den ni para ‘la caña de la libertad…’.
Con la Ley del suelo, nos dice Ayuso, que se trata de eliminar trámites burocráticos y agilizar la economía. Lo que no nos dice es que a quienes beneficia es a sus amigos constructores, que ya no necesitan estudios de impacto medioambiental, ni esperar a obtener los debidos permisos, ni tampoco la cédula de primera ocupación, etc.; basta con ‘una declaración responsable’ y cualquier especulador ‘irresponsable’ y sin escrúpulos podrá construir donde quiera, incluso sin asegurar suministros, ni infraestructuras sociales, zonas de descongestión o recreo, dotaciones sanitarias y educativas… Lo que importa es el negocio rápido.
Con la sanidad lo hemos visto claro durante la pandemia: plantas de hospitales cerradas, quirófanos y UCIS infrautilizados, los Centros de Atención Primaria desmantelados, los mayores de las residencias vetados… Mientras se contrataban hoteles de cuatro estrellas de ‘amiguetes’ para ‘medicalizarlos’ nos decían, se construía un Zendal sin función alguna, dilapidando un presupuesto que cuadruplicó el previsto , contratándose además clínicas y empresas privadas para usurpar funciones a la sanidad pública y dejarla poco a poco sin contenido y sin función…, así será más fácil justificar la privatización total.
Y no podemos olvidarnos de la ‘clase política judicial’, y digo bien porque los jueces son los primeros en hacer política, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y toda la cúpula judicial, cuando lo consideran estratégico y oportuno emiten opinión sobre determinados temas, camuflándola como si fueran sentencias o recomendaciones jurídicas pretendidamente asépticas. Mientras, llevan más de mil días con su cargo y función caducados, pero no han parado de nombrar nuevos jueces y presidentes de sala, todos ellos de identificación ideológica de derechas. Cuando por dignidad, lo que deberían haber hecho es dimitir el día siguiente de finalizar su mandato, como vienen reclamando sectores de la judicatura, pero eso no interesaba al partido al que se reportan (el PP), el que les justifica, les protege y una tras otra se inventa escusas para mantener el bloqueo (en manos de este tribunal o los jueces que ellos nombran están todos los casos de corrupción del PP pendientes de procedimiento o sentencia). La última justificación de este partido (derrotado en las urnas) para bloquear la renovación del TSJ, es que quieren decidir cómo debe ser la elección de esa cúpula judicial. Anteriormente, la condición era que Podemos no interviniera en la elección del nuevo TSJ, olvidándose de que éste partido ha sido elegido por más de tres millones de españoles y es Gobierno. El TSJ nos cuesta a los españoles 73 millones de euros anuales (el presidente C. Lésmes cobra 142.511 euros, p.e.), a pesar de que él y el resto de los miembros están ahora sin funciones. Y no pasa nada…
Pero sus argumentos, aunque sean falaces, son muchos ciudadanos los que ‘los compran’. Medios de comunicación afines (casi todos), voceros, tertulianos, redes sociales, etc., se encargan de que ‘una mentira repetida mil veces, parezca una verdad incuestionable’. Un aparato propagandístico bien montado consigue distorsionar y cambiar la realidad.
Es incuestionable el papel de Unidas Podemos en el Gobierno Central, la mayoría de las iniciativas sociales y de protección a los más desfavorecidos han salido adelante gracias a su tesón. Otras propuestas son desconocidas o descalificadas: Creación de una Banca Pública; Proposición de Ley para la creación de una empresa pública de energía; La Renta Básica Universal; Impuesto del 15% a las grandes empresas; Progresividad impositiva a las grandes fortunas; Prestación por crianza y permisos vinculados a ésta; Garantía de las pensiones en los PGE y la subida de las más bajas, etc. Pero estas propuestas son desconocidas para la mayoría de los ciudadanos e incluso obstaculizadas por los socios de gobierno…
Los llamados ‘cuarto poder’ (medios de comunicación) han ampliado su espectro, ahora comprende también los aparatos propagandísticos y argumentativos de los partidos y por supuesto el control de las redes sociales.
JM del Castillo
